El País

Sospechosos narco incursionaron en industria del arroz para ‘darle vuelta’ a miles de dólares

Banda del caso Turesky se registró ante Hacienda y MAG, compró finca, creó marca y planeó acceder a fondos gubernamentales mediante la figura de una cooperativa

Se registraron ante el Ministerio de Hacienda como comerciantes de granos al por mayor y, ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), como productores de arroz.

Compraron una finca en Esparza para construir una bodega dedicada a la importación, empaque y venta de arroz, al tiempo que consiguieron tierras en Filadelfia, Carrillo, Guanacaste, para sembrar el grano. Además, hablaron de comprar máquinas procesadoras valoradas en $200.000.

Para la siembra, planearon acceder a fondos gubernamentales mediante la figura de una cooperativa y conseguir a un agricultor que diera la cara.

Además, registraron una marca de arroz y uno de ellos hasta habló de meterse en un gremio por si era necesario “pelear” por el arroz.

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), estas son acciones que tomó el grupo sospechoso de narcotráfico y lavado de dinero, desmantelado el 25 de mayo, el cual accedió a oficinas de diputados, en especial la de Óscar Cascante (Partido Unidad Social Cristiana), en busca de apoyo para otras actividades económicas, como proyectos de vivienda social y un plan hotelero en Limón.

Se trata del grupo del Caso Turesky, llamado así en referencia al sobrenombre de Alejandro Antonio James Wilson, de 48 años, señalado por el OIJ como líder.

La organización, dice el OIJ, habría invertido al menos $20 millones en bienes muebles e inmuebles de lujo. La idea, según los agentes, habría sido legitimar dinero proveniente del tráfico de cocaína hacia Europa. La Policía Judicial sospecha que también crearon un complejo esquema para darle “vuelta” al dinero mediante la importación, venta y siembra de arroz.

En una llamada telefónica intervenida por la Policía Judicial, Robert Soto Rivera, uno de los 23 detenidos, le habría dicho a otro investigado, Luis Cartín Herrera, fallecido el 6 de mayo: “Se supone que el arroz era para meterle plata y darle vuelta”.

Estos dos nombres, así como el de Alejandro Cartín Ramírez (hijo del fallecido), aparecen como visitantes de la Asamblea Legislativa en al menos 30 ocasiones.

Para el OIJ, la idea de la organización era que el negocio del arroz funcionara con las ganancias que obtenían de forma ilícita y que no podían ser ingresadas a cuentas bancarias.

“En las comunicaciones, se aprecia claramente cómo los investigados están buscando diferentes tipologías para la legitimación de capitales, planificando constituir una actividad lícita, como es el mercado de arroz, para mezclar dineros provenientes del narcotráfico y presentarlos ante el sistema bancario del país como un flujo normal y lícito de una empresa formalmente constituida”, concluye un análisis judicial.

Mediante intervenciones telefónicas, el OIJ identificó a Robert Soto Rivera (54) como la persona que estaba a la cabeza del negocio arrocero, gracias a sus conocimientos en el sector.

Soto trabajó con la extinta arrocera El Porvenir y perteneció a la Junta Directiva de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), entidad pública en la que el sospechoso fue nombrado como directivo entre el 2012 y el 2016.

En octubre de 2019, James Wilson se registró ante la Dirección de Tributación, del Ministerio de Hacienda, como comerciante al por mayor de alimentos, granos básicos, carnes y demás comestibles y artículos de la canasta básica, confirmó La Nación en la página de Hacienda.

En una llamada entre Robert Soto Rivera y Luis Cartín Herrera, realizada el 17 de julio del 2019, el OIJ escuchó lo siguiente:

“Robert comenta que él le dijo a Fernando que, en arroz, es un esquema en el que se puede mover la plata que le dé la gana, que si ocupa cien mil dólares, él va y le entrega eso al productor en efectivo, va y la arrocera se lo paga a él e, inmediatamente, ya él (Fernando) tiene la plata”, indica el documento.

Fernando Cartín Ceba (44 años) –a quien el OIJ señala como colíder del grupo–, le comentó a su tío, Luis Cartín Herrera, que estaba de acuerdo con la idea de la arrocera y que podían empezar con $300.000, especialmente para “mover la plata” guardada.

Cartín Herrera le comentó ese dato a Soto Rivera el 23 de julio del 2019.

“Luis comenta que habló con Fernando y que este le preguntó qué opinaba de la negociación con Robert, que con trescientos mil dólares podríamos empezar todo. Él (Luis) le dijo que Robert conoce y no lo va a embarcar, y lo que quiere es empezar a mover la plata para que no la tenga pudriéndose en un hueco”, señala el expediente.

En esa misma conversación, Robert Soto comenta que “él necesita dinero para negociar arroz en Guatemala o en Paraguay”. Posteriormente, dialogaron sobre precios de arroz en el mercado, además de la dinámica del negocio.

Inicialmente, la propuesta era la importación de arroz que, al llegar a Costa Rica, sería empacado, procesado y sellado. Luego, bajo marcas inscritas por ellos, saldría al mercado. Sin embargo, la idea del negocio evolucionó hasta buscar ser productores del grano.

La investigación judicial menciona que los miembros de la supuesta banda destinarían alrededor de $200.000 para la compra de máquinas para empacar el arroz, que traerían desde Guatemala y Uruguay.

“Luis habla con Robert y le pregunta si estuvo contento Fernando con su visita. Robert le responde que sí, que le preguntó cuánto es lo mínimo para conseguir unas máquinas para empacar el arroz, y que él le respondió que lo mínimo son $200.000, y que le indicó (Fernando en contexto) que eso lo hace hasta con plata de él. Robert agrega que él le propuso que salieran de eso y él le podía montar la estructura paralela”, menciona el OIJ.

Adicionalmente, el grupo edificaría una bodega que podría costarles hasta $1,5 millones, pero apenas contaban con $300.000.

El edificio se levantaría sobre una propiedad en Macacona de Esparza, Puntarenas, registrada a nombre de la sociedad Global Trading Business S. A., cuyo presidente es Soto Rivera.

La propiedad de 10.000 metros fue adquirida por ¢50 millones en enero del año 2020.

La bodega sería construida por la empresa Construcciones y Remodelaciones La Escarcha S. A., que pertenecía al difunto Cartín. Así lo confirmó La Nación en un expediente de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena).

Esta es la misma sociedad que pretendía construir proyectos de vivienda social, para lo cual los investigados buscaron ayuda del diputado de Óscar Cascante.

En otra conversación interceptada entre Luis Cartín y Robert Soto, la Policía Judicial registró: “Las bodegas que lo haga él (Luis); Luis dice que esa es la ventaja que todo queda en casa, nada queda afuera. Robert dice que mañana le va a decir a Fernando que en la propiedad agarren y hacen una batería de naves, de bodegas”.

Esto también permitiría a la organización sacar provecho de la construcción de la bodega, ya que la tesis judicial es que Construcciones y Remodelaciones La Escarcha funcionaba como herramienta para legalizar dineros del narco en cuentas bancarias.

El día 17 de enero del 2020, la empresa constructora presentó ante la Setena una solicitud para tramitar los permisos necesarios para construir la bodega de arroz.

Siembra de Arroz

Soto Rivera también tenía en la mira la siembra de arroz. Para ello, encontró una finca en Filadelfia de Guanacaste, que generaría aproximadamente ¢280 millones en cuatro meses, para lo cual pretendían buscar financiamiento gubernamental mediante la figura de una cooperativa.

Así lo dedujo el OIJ de otra conversación entre Robert Soto y el hoy fallecido Luis Cartín.

“Va para Liberia (Robert) donde tiene un terreno ubicado en Filadelfia, de 200 hectáreas, en el cual siembra arroz y recoge aproximadamente ¢280 millones en un tiempo de cuatro meses. Luis le dice que es un montón de plata. Robert le dice que sí, que se lo vende a una industria y que se gana aproximadamente en estos cuatro meses unos ¢40 o ¢50 millones. Que la idea de él (Robert) es que lo financie el Gobierno a través de una cooperativa”, dice el resumen de la conversación.

Asimismo, en otra de las conversaciones entre ambos hombres, Soto comenta que le va a proponer “al Señor” (como le decían a Alejandro Antonio James Wilson) sembrar arroz y poner todo a nombre de un agricultor que sea quien “le dé una cara al negocio y le dan un porcentaje”.

Para esto utilizarían, una sociedad de James Wilson y así este empezaría a generar ganancias legales, mediante una “megaindustria” de arroz.

Aparentemente, fue gracias a la siembra del grano que se logró inscribir a James Wilson como productor de arroz ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

Para octubre del 2020, la cosecha de arroz estaba en camino. El tema fue comentado entre Robert Soto y Luis Cartín, donde hablaron de lo “bonito” que estaban las matas, pero que una mala aplicación de productos agrícolas podría costarles caro y que los altos mandos desconocen del tema del arroz.

Inserción en industria arrocera

Según detalla el expediente, la labor de Soto iba desde conseguir la finca para la bodega, localizada en Esparza, cerca de la ruta 27 y de puerto Caldera, hasta acompañar personalmente a James Wilson a Hacienda para registrarse como comerciante de granos básicos.

Soto también era el presidente de Global Trading Business S. A., con la que el 23 de setiembre de 2019 solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica “Espiga de Oro”, relacionada a la venta de arroz.

Soto también fue quien presuntamente inscribió a James Wilson ante el MAG como productor de arroz. Así lo indicó en una llamada el 1°. agosto del 2020.

“Robert indica que ayer le dio una buena noticia a Fernando, porque ya logró inscribir ‘al hombre’ como productor en la página del MAG”, precisa el documento.

Además, en una conversación de octubre del 2019, Robert Soto le comentó a Cartín Herrera que habló con Alejandro James Wilson y le comentó que el negocio se iniciaba en febrero del 2020 y que él se iba a meter a una cámara de arroceros para “pelear” en gremio.

“Robert dice que cree que Alejandro lo maneja bien, que le comentó del negocio del arroz, porque él es el más interesado en que el proyecto del arroz se dé para generar plata; las máquinas hay que mandarlas a traer, pero que arranca hasta febrero, que él le va hablar para las marcas. Robert indica que se mete a la Cámara de Importadores por si tiene que pelear un arroz, va en gremio, porque ya saben cómo piensan esos hijueputas”, dice el documento.

Michelle Campos

Periodista en la sección de Política. Graduada como bachiller en periodismo en la Universidad Latina de Costa Rica. Estudiante de licenciatura en Mercadeo. Ganadora de la Clase 8 del proyecto de periodismo colaborativo Punto y Aparte.