La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) indentificó 13 gestiones indebidas del diputado Óscar Cascante Cascante, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), en beneficio de tres empresarios sospechosos de narcotráfico del caso Turesky.
El detalle de las intervenciones consta en el informe PEP-INF-10-2022, del 5 de abril de este año, entregado a la Asamblea Legislativa este martes, donde se explica que nueve de las gestiones fueron en favor de un proyecto de vivienda en Goicoechea y otras cuatro para un supuesto proyecto turístico en Moín, Limón.
La Procuraduría enfatizó que las gestiones de Cascante nada tenían que ver con sus funciones y responsabilidades como legislador.
“Las actuaciones del diputado aprovechan el poder, la investidura, la influencia, los recursos destinados a su ejercicio y las facilidades asociadas a su cargo de diputado para beneficiar negocios particulares”, indica el informe de la investigación preliminar de la PEP.
“Es criterio de la PEP que el diputado Óscar Cascante incurrió en 13 actuaciones, aparentemente, contrarias al deber de probidad que infringen la prohibición de utilizar las funciones propias del cargo, el poder, la investidura y la influencia que surja de él, así como los recursos destinados a su ejercicio, para fines de interés particular e incurrir en un aprovechamiento indebido del cargo público para beneficio privado”, dice en el documento.
Ese beneficio indebido se produjo en favor de Luis Guillermo Cartín Herrera (qdDg), Alejando Cartín Ramírez y Roberto Soto Rivera, sospechosos de integrar la banda Turesky, la cual fue desmantelada en el 2021 por, presuntamente, dedicarse al tráfico internacional de cocaína y al lavado de dinero.
Cuatro de las gestiones del diputado Cascante giraron en torno a permisos para desarrollar un proyecto turístico como Beito’s Place en una propiedad en Moín que tiene un traslape con tierras del Instituto Costarricense de Turismo.
Las gestiones restantes fueron para un complejo de vivienda en Goicoechea, conocido como D’Elena.
Los dos hombres de apellido Cartín y Soto eran representantes de una constructora llamada Construcciones y Remodelaciones La Escarcha y recurrieron a Cascante en múltiples ocasiones para acceder a altos funcionarios públicos.
De hecho, tal como lo reveló La Nación en mayo del 2021, Cascante recibió a los sospechosos en 13 ocasiones en su despacho legislativo, por lo que la PEP considera que el parlamentario utilizó indebidamente las instalaciones del Congreso para beneficio particular de un tercero.
Todo eso implica violaciones al deber de probidad, por aprovechamiento indebido de su cargo y su influencia.
Tal como lo publicó este medio, la última gestión en favor de esos sospechosos la hizo Cascante precisamente un día antes de que las autoridades judiciales detuvieran a Cartín Ramírez y a Soto Rivera, como integrantes de la banda Turesky. Ese día, en su despacho, se efectuó una reunión con altos funcionarios del Banco Popular en busca de que esa entidad financiara un plan de vivienda de interés social.
La Procuraduría no solo envió el informe al Congreso, sino que también presentó una denuncia contra Cascante en el Ministerio Público.
Las 13 gestiones de Cascante
La PEP detalló todas las gestiones del diputado socialcristiano y las dividió entre las realizadas por el proyecto de Limón y el de Goicoechea, con participaciones presenciales de Cascante.
La primera fue en enero del 2019, cuando el congresista les consiguió a los sospechosos una cita con la entonces ministra de Turismo, María Amalia Revelo, que primero sería para conversar sobre un asunto en Esparza, pero Cascante cambió el tema de la reunión y llevó a Luis Guillermo Cartín sin previo aviso.
La segunda fue en agosto del 2020, cuando el legislador acompañó a Cartín Herrrera a una reunión con la asesoría legal del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).
“Resulta claro para la PEP que la reunión era de mero interés particular de los desarrolladores del proyecto; no correspondía la participación del diputado”, dice el documento.
La tercera gestión fue en marzo del 2021, cuando en una reunión con el presidente de la República, Carlos Alvarado, Cascante sacó el tema del proyecto Beito’s Place, de los sospechosos de narco, y aprovechó indebidamente una reunión con el PUSC para eso.
Días después, en su cuarto intento, el puntarenense pidió nuevamente a Alvarado presional al ICT, por lo que la Procuraduría considera que volvió a incurrir en un aprovechamiento indebido de su cargo. La PEP destacó que, de no ser por el diputado, los empresarios no habrían tenido acceso a la ministra ni al presidente Alvarado.
Las otras nueve intervenciones de Cascante fueron para lograr que avanzara el Condominio Vertical D’Elena, en Goicoechea.
Primero, citó a un director del Banco Popular y, sin avisarle, lo puso frente a Luis Guillermo Cartín; incluso, los dejó solos en su despacho por una hora. Luego, en agosto del 2020, el congresista asistió a una reunión en las oficinas de la constructora de Cartín con el funcionario bancario, el cual no fue adviertido de que el diputado llegaría.
Otras gestiones se dirigieron para presionar a autoridades del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), entre octubre y noviembre del 2020, por ese condominio vertical.
Entre los funcionarios que recibieron la presión estuvo el presidente ejecutivo del INVU, en dos reuniones donde la agenda de Cascante no era otra que las de los sospechosos de narco.
Las otras dos fueron mensajes de WhatsApp al director de Urbanismo y Vivienda del INVU, primero para avisarle que los desarrolladores habían subido los planos del proyecto y, luego, le preguntó cómo iba ese proyecto.
El funcionario del INVU le dijo a la PEP que se había sentido presionado como consecuencia de esos mensajes. Luego, las presiones del diputado se dirigieron al gerente general del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi).
Primero, en noviembre del 2020, Óscar Cascante le pidió al gerente una reunión para responder a la solicitud de ayuda de Alejandro Cartín, donde estuvo el diputado, y luego otra cita sugerida por el socialcristiano con técnicos del Banhvi.
Ya para mayo del 2021, el congresista del PUSC juntó nuevamente a Cartín Ramírez y Soto Rivera con el gerente general de ese Banco, con participación personal suya.
El caso más grave para la PEP fue la que se describe como novena intervención, cuando Óscar Cascante llamó a Jorge Brenes, asesor de la Gerencia General Corporativa del Banco Popular.
Según la Procuraduría, Cascante se mostró molesto por la dilación del proyecto en Goicoechea y mencionó la coordinación y apoyo entre él y el Popular para proyectos de ley que podían afectar a la entidad bancaria.
“En este caso, el uso del poder, influencia y facilidades asociadas al cargo se hace más evidente, porque planteó molestia y solicitó a funcionarios del Popular una reunión en su despacho”, denunció la PEP.
Esa cita se realizó, precisamente, un día antes de que los miembros de la banda narco fueran detenidos por autoridades judiciales.