EscucharEl presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, ha emitido 10 vetos a proyectos de ley aprobados por la Asamblea Legislativa. El primero de ellos lo aplicó cuando tenía apenas 10 días en Zapote.
De los 10 expedientes que el mandatario ha vetado, cuatro de ellos han sido resellados, es decir, la Asamblea Legislativa rechazó la decisión del mandatario y volvió a aprobar la iniciativa legal.
- Iniciativa para exceptuar de la aplicación de la regla fiscal a la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) (Resellado)
- Iniciativa de Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Salud Ocupacional (Archivado)
- Propuesta que eximía al Sistema de Emergencias 9-1-1 de la aplicación de la regla fiscal (Resellado)
- Propuesta que autorizaba la renovación, por tres años más, de los contratos de concesión del Depósito Libre Comercial de Golfito (Resellado)
- Iniciativa para reformar la Ley de Impuesto sobre la Renta (Resellado)
- Proyecto para dinamizar el Sistema de Banca para el Desarrollo (Veto fue acogido y sus sugerencias adoptadas por los diputados, ya que la iniciativa tenía un error de forma. Luego, se aprobó con los ajustes)
- Iniciativa de vuelos de bajo costo entre Costa Rica y países de Centroamérica y la República Dominicana (Aún no se discute)
- Ley para garantizar la reglamentación de las leyes por parte del Poder Ejecutivo, que impone sanciones a los funcionarios que no cumplan con la obligación legal de reglamentar las leyes (Aún no se discute)
- Proyecto de ley para la jubilación anticipada de los agentes del OIJ (Aún no se discute)
- Proyecto de ley para autorizar a las autoridades judiciales a realizar allanamientos en cualquier momento del día, sin restricciones de horario, ni día de la semana, incluyendo feriados (Aún no se discute)
Hay que tomar en cuenta que los últimos dos vetos —sobre allanamientos las 24 horas y pensión anticipada para agentes del Organismo de Investigación Judicial— se anunciaron en mayo. Además, cuatro de ellos aún no se han votado en el Plenario.
Los legisladores tienen una potestad constitucional que les permite rechazar un veto presidencial, volver a aprobar el proyecto y enviarlo al diario oficial La Gaceta para que entre en vigor como ley de la República.
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