El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, vetó el proyecto de ley que crea una sanción para los funcionarios que incumplan la obligación legal para reglamentar las leyes.
Se trata del octavo veto que el mandatario impone a un proyecto aprobado por la Asamblea Legislativa.
El argumento de Chaves
En este nuevo caso, Chaves argumentó que hubo un “yerro insalvable” en el trámite del plan en la Asamblea Legislativa. Según dijo, el problema es que no se consultó el texto a las instituciones autónomas, municipalidades y la Corte Suprema de Justicia.
Adicionalmente, el gobierno alegó que la iniciativa aprobada es desproporcional e irracional en cuanto a la sanción propuesta.
El proyecto es una iniciativa de la diputada Daniela Rojas, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), la cual busca garantizar que se cumplan las leyes y que exista un plazo definitivo para que los funcionarios construyan y pongan en vigencia los reglamentos correspondientes a la ejecución de la legislación.
¿Qué sanción crea el proyecto?
El proyecto sancionaría el delito de incumplimiento de la reglamentación de leyes con la inhabilitación para el ejercicio de los cargos públicos, de uno a cuatro años.
La sanción se impone “al funcionario público que ilegalmente omita, rehúse hacer o retarde algún acto propio de su función”, e igual pena “se impondrá al funcionario público que ilícitamente no se abstenga, se inhiba o se excuse de realizar un trámite, asunto o procedimiento, cuanto está obligado a hacerlo”.
Para los casos en que una ley no señale un plazo específico para su reglamentación, la iniciativa establece que el Poder Ejecutivo contará con seis meses para emitir el reglamento específico. Además, se creó en la norma una prórroga de tres meses, mediante criterio técnico razonado, en caso de que la entidad específica requiera una ampliación del plazo.
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El criterio de Chaves es que se crea una sanción genérica para todos los jerarcas e, incluso, otros funcionarios. “Las instituciones autónomas y las municipalidades también elaboran reglamentos sobre las leyes. Las consultas son no solo pertinentes y necesarias, sino que devienen en obligatorias en respeto del procedimiento legislativo, a su autonomía y al principio democrático”, dice el veto.
La Presidencia advirtió de que en el informe del Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos, emitido en marzo del 2023, seis meses después de que el proyecto fue dictaminado en la Comisión de Asuntos Jurídicos, se indicaba que eran obligatorias las consultas a instituciones autónomas, municipalidades y la Corte Suprema.
Adicionalmente, en el documento enviado este viernes al Congreso, el mandatario aduce que el proyecto contiene “lesiones constitucionales de fondo”. La falta de consultas es, según el gobierno, un vicio esencial del procedimiento.
Entre los vicios de inconstitucionalidad señalados, se indica que se pretende obligar a reglamentar las leyes siempre, incluso en los casos en que no sea necesario, por lo que crea una inseguridad jurídica para los jerarcas en los casos en que no es necesario hacerlo.
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En caso de que la Asamblea no acepte las razones para el veto, el Ejecutivo recomienda que se someta dicha decisión a estudio de la Sala Constitucional.
Rodrigo Chaves vetó, el 18 de febrero, el proyecto de vuelos baratos a Centroamérica y República Dominicana, impulsado por Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP).
Además, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, aseguró que vetarían parcialmente el proyecto que reduce el impuesto sobre la renta a los trabajadores independientes, aprobado esta semana, e impulsado por Jonathan Acuña, del Frente Amplio.
‘Parece que el presidente quiere implementar la moda del veto’
La diputada Daniela Rojas anunció que revisarán detalladamente el veto impuesto por Chaves. “Parece que el presidente quiere implementar una moda de vetos. Hoy es este, la semana anterior el proyecto de vuelos baratos y es posible que vete parcialmente el proyecto para reducir impuestos a los trabajadores independientes”, cuestionó la socialcristiana.
Añadió que la ley para sancionar a jerarcas que no reglamenten las leyes es necesaria porque existe un exceso de burocracia al reglamentar e, incluso, a algunos jerarcas que no les gusta cómo queda una ley, se demoran para que no se pueda implementar.
“No es posible que la Asamblea haga su trabajo y el Ejecutivo no reglamente en tiempo. Si una ley se aprueba, no es para que se engavete, sino para aplicarla y buscar un Estado más eficiente”, dijo Rojas.
