Se trata de una iniciativa de la congresista Daniela Rojas, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), que busca garantizar el cumplimiento de las leyes.
La propuesta de Rojas establece que el funcionario que incumpla la obligación de reglamentar una ley, en el plazo establecido, incurrirá en el delito de incumplimiento de deberes en la función pública previsto en el Código Penal vigente.
Ese delito se sanciona con la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos de uno a cuatro años. Se impone “al funcionario público que ilegalmente omita, rehúse hacer o retarde algún acto propio de su función” e igual pena “se impondrá al funcionario público que ilícitamente no se abstenga, se inhiba o se excuse de realizar un trámite, asunto o procedimiento, cuanto está obligado a hacerlo”.
Para los casos en que una ley no señale un plazo específico para su reglamentación, la iniciativa de Daniela Rojas establece que el Poder Ejecutivo contará con seis meses para emitir el reglamento específico. Además, se creó en la norma una prórroga de tres meses, mediante criterio técnico razonado, en caso de que la entidad específica requiera una ampliación del plazo.
“Lo que buscamos, con esta iniciativa, es hacer entender a los jerarcas de la importancia de reglamentar las leyes en tiempo y forma. Hoy vemos cómo el país pierde recursos frescos por el exceso de burocracia a la hora de reglamentar. Si una ley se aprueba, no es para que los jerarcas la engaveten, es para que se pueda aplicar y buscar un Estado más eficiente para todos”, indicó Daniela Rojas.
