Con el voto de dos diputados de gobierno y una del Partido Liberación Nacional (PLN), este martes 26 de agosto la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa archivó un proyecto de ley que pretendía regular el lobby político y las puertas giratorias.
La iniciativa 24.111, presentada por el Frente Amplio (FA), se rechazó luego de que la votación quedara empatada dos veces: votaron a favor la diputada independiente Johana Obando, el frenteamplista Antonio Ortega y la socialcristiana Melina Ajoy. Por su parte, se opusieron al proyecto Paola Nájera y Waldo Agüero, de la fracción de gobierno, y Carolina Delgado, del PLN.
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El proyecto del Frente Amplio proponía regular el lobby mediante la creación de un Registro Público de Lobistas, que incluyera el nombre de los cabilderos, la empresas que representan y si ejercieron cargos de elección popular.
El texto planteaba que el presidente, vicepresidentes, ministros, jefes de despacho, diputados, alcaldes, regidores y otros funcionarios llevaran una agenda pública en la que se anotaran todas las reuniones en las que se realizaron gestiones de lobby, incluyendo el lugar, la fecha, el tema tratado y el nombre de las personas que asistieron.
En marzo del 2024, La Nación publicó que un informe anticorrupción de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) llamó la atención a Costa Rica por incumplir los estándares definidos por ese organismo internacional para regular las actividades relacionadas con el lobby. El país no tiene ningún marco legal que garantice la transparencia en las actividades de cabildeo.
Asimismo, una estrategia anticorrupción publicada por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Asociación Costa Rica Íntegra (en coordinación con 17 instituciones públicas y privadas) en el 2021 propuso regular el cabildeo y las puertas giratorias.
La definición típica de lobby es la influencia o presión que ejerce un grupo con intereses sobre personas con el poder de tomar decisiones, como diputados, ministros o incluso presidentes. Por su parte, el término “puertas giratorias” se refiere al fenómeno de personas que dejan sus puestos en el Estado para trabajar en empresas con las cuales tenían relación desde el sector público, ya sea por motivos de regulación o de contratación, por ejemplo.
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La Revista Dominical de La Nación publicó el pasado mes de marzo un reportaje en el que analizó qué es el lobby y sus riesgos. En esa ocasión, la diputada Pilar Cisneros, jefa de la fracción del gobierno, aseguró que estaba en contra del lobby legislativo, ya que considera que estas prácticas hacen daño e inclinan las decisiones de los legisladores hacia los sectores que les apoyan.
Pese a eso, dos diputados oficialistas se opusieron al proyecto del Frente Amplio.
Según publicó el medio Amelia Rueda, en julio del 2022, durante la presentación de un informe de la OCDE, el presidente Rodrigo Chaves aseguró que la regulación de lobby es una “tarea pendiente”.
“(Si no se regula el cabildeo) las leyes, las políticas públicas y las instituciones seguirán, porque ya lo están, tomadas por sectores que tocan a la puerta de funcionarios públicos, de la Asamblea Legislativa, del Poder Judicial y del Estado, para servirse, para favorecerse indebidamente; es decir, en plata blanca, para lograr el aumento de sus fortunas y de su poder a costa de todos”, argumentó Chaves entonces.
Diputados alegan que ley actual ya combate corrupción
Este medio buscó conocer los motivos de la diputada Paola Nájera para votar en contra del proyecto. Pese a los llamados de atención de la OCDE por la falta de regulación, la congresista argumentó que ya existe la legislación necesaria para el combate de la corrupción.
Nájera indicó que leyes vigentes contienen artículos que buscan evitar la injerencia de los intereses personales en la toma de decisiones públicas, y citó la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito.
Además, la oficialista argumentó que el proyecto del Frente Amplio “es un desincentivo para que personas altamente capacitadas y calificadas quieran ejercer como altos funcionarios del sector público. Es necesario encontrar un equilibrio adecuado entre la promoción de la transparencia y la ética, en lugar de burocratizar aún más la función pública".
Nájera explicó que la iniciativa daba más responsabilidades a la Procuraduría de la Ética Pública, sin asignarle más recursos; asimismo, la congresista acusó que el proyecto carecía de criterios técnicos para sustentar sus propuestas.
“Creo que este proyecto de ley no es la solución. Considero que se puede trabajar en dos nuevos proyectos de ley, y que se regulen por separado la actividad de cabildeo o lobbismo y las puertas giratorias”, dijo Nájera, aunque no aclaró si ella presentará esas dos nuevas iniciativas.
Por su parte, la liberacionista Carolina Delgado publicó en sus redes sociales un video en el que justificó su voto negativo. Al igual que Nájera, argumentó que la ley actual “ya regula estos temas”, pese a las advertencias de la OCDE.
“Según la Universidad de Costa Rica, este proyecto podría desestimular que profesionales capacitados se unan al sector público. Además, el informe de Servicios Técnicos advierte que un artículo sobre sanciones y multas podría ser inconstitucional”, explicó Delgado.
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El oficialista Waldo Agüero declaró a La Nación que dicho proyecto de ley promovía “un régimen de control sobre el servicio público, parte de premisas equivocadas y establece medidas tan restrictivas que haría poco atractivo que un servidor de calidad, con una buena formación, experiencia y probidad, quiera postularse para los cargos públicos en cuestión”.
Cuestionó las medidas de enfriamiento impuestas a altos funcionarios, las cuales les obligan a reportar durante tres años sus actividades privadas antes de realizarlas, bajo sanción en caso de incumplimiento.
Señaló que estas disposiciones podrían vulnerar derechos fundamentales como la libertad de asociación y reunión, ya que la Constitución Política establece que las reuniones privadas “no requieren de autorización previa”.
Agüero advirtió de que las medidas de la propuesta restringían el derecho al trabajo durante tres años tras dejar el cargo, lo cual, según indicó, contraviene el artículo 56 de la Constitución, al no cumplir con criterios de razonabilidad y proporcionalidad.
Además, al igual que las diputadas Nájera y Delgado, indicó que la legislación costarricense “ya establece mecanismos de control en el servicio público”.
La semana pasada, los diputados Horacio Alvarado, de la Unidad Social Cristiana, Paola Nájera, oficialista, y Gilberth Jiménez, independiente, votaron en contra del informe de subcomisión que recomendó aprobar el proyecto de ley. Incluso, el legislador socialcristiano votó en contra de un texto sustitutivo que incluía observaciones realizadas por su fracción. Alvarado y Jiménez no participaron en la sesión de este martes 26 de agosto.
Colaboró con esta información el periodista Cristian Mora.