Los diputados aprobaron este martes, en primer debate, el proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario para el Ejercicio Económico 2026, el cual contiene financiamiento por ¢12,8 billones.
La iniciativa del Poder Ejecutivo recibió una votación afirmativa de 43 legisladores, mientras que solamente una congresista votó en contra, la independiente Kattia Cambronero.
El plan de gastos aprobado tiene el financiamiento para cubrir los últimos cuatro meses del gobierno de Rodrigo Chaves y los ocho primeros de la próxima administración.
Las partidas aprobadas en el proyecto de ley se empezarán a ejecutar a partir del próximo 1.º de enero de 2026.
El Presupuesto Nacional 2026 presenta un incremento del 3,2% con respecto al plan de gastos de 2025, que era por ¢12,4 billones. Del total previsto en el proyecto de ley aprobado, un 61% de los gastos se obtendrán mediante ingresos presupuestarios, es decir, ¢7,9 billones.
El otro 39% del presupuesto se financiará con endeudamiento, o sea, ¢4,9 billones. Según el Ministerio de Hacienda, el presupuesto conlleva un aumento de ¢50.060 millones en rubros relativos a seguridad, así como ¢109.000 millones en protección social, así como ¢200.000 millones en educación.
El proyecto plantea un alza del 4,6% en el gasto corriente; 17,2% en el gasto de bienes y servicios; y 16,1% en el gasto de capital, debido a un relajamiento de la regla fiscal.
Según lo aseguró el ministro de Hacienda, Rudolf Lücke, en setiembre pasado, el mayor gasto de capital se realizará en obras de infraestructura, como la red vial. Además, se plantea una reducción de la amortización de deuda de un 3,2% por el reajuste de pagos.
Aparte de los gastos para los que el Poder Ejecutivo solicitó autorización del Congreso, los diputados incluyeron partidas adicionales durante el trámite de la Comisión de Asuntos Hacendarios, entre ellas ¢8.700 millones en los presupuestos del Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Adicionalmente, los diputados aumentaron en ¢10.000 millones a las pensiones del Régimen No Contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y ¢1.500 millones para la Cruz Roja Costarricense (CRC).
Luego de rebajar las partidas solicitadas por el gobierno de Rodrigo Chaves para el pago de intereses de la deuda pública, los congresistas destinaron ¢2.000 millones para aumentar partidas para las asociaciones de desarrollo, ¢1.729 millones para la Universidad Estatal a Distancia (UNED), ¢2.000 millones para el Instituto Tecnológico de Costa Rica, ¢6.600 millones para las becas Avancemos, ¢2.962 millones para comedores escolares y una partida igual para transporte de estudiantes, ¢7.860 millones para aumentar la cobertura de la Red de Cuido, entre otros.
La presidenta de la Comisión de Hacendarios, Paulina Ramírez, aseguró que en ese órgano legislativo hicieron modificaciones para reforzar rubros que el Poder Ejecutivo no está atendiendo como se requiere.
“La seguridad está en una situación realmente crítica, lo presupuestado no es acorde con las necesidades que se tienen, igual que con educación”, dijo la liberacionista.
Ramírez señaló que el monto total destinado para educación es de 5,3% del producto interno bruto (PIB), lo cual está muy por debajo del 8% establecido por la Constitución Política.
También señaló la diputada que, el próximo año, el gobierno recaudará menos impuestos que este año, pues la carga tributaria cae del 13,4% al 12,9%, “lo cual evidencia una pérdida de eficiencia en la recaudación”.
La legisladora también cuestionó que la CCSS afronte un faltante superior a los ¢452.000 millones, pues no se cubren las necesidades del Régimen No Contributivo, el de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) ni el seguro de salud, lo que profundiza la deuda del Estado con la Caja.