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La Contraloría General de la República confirmó, este miércoles, que es imposible autorizar nuevos recursos al programa de licencias para cuidadores de personas con enfermedades terminales o menores gravemente enfermos, aunque la Asamblea Legislativa haya autorizado esos recursos, porque no hay una norma legal que lo autorice.
Varias de las familias cuidadoras de enfermos terminales y menores graves dejaron de recibir ese subsidio estatal desde agosto y toda la partida de ¢3.952 millones prevista para este año se agotó en setiembre.
Aunque la Asamblea autorizó una partida por ¢2.700 millones para suplir ese faltante, el ministro de Trabajo, Andrés Romero, y la directora de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf), Hellen Somarribas, advirtieron que hay una barrera legal que impide ejecutar el monto adicional presupuestado.
El diputado Jonathan Acuña impulsó una reforma para incorporar los recursos urgentes para los cuidadores de enfermos terminales y fue aprobada en primer debate con apoyo de todas las fracciones, incluyendo el partido de gobierno.
Sin embargo, cuando iniciaron las sesiones extraordinarias, este lunes 3 de noviembre, el proyecto no había sido convocado por el presidente Rodrigo Chaves, lo que bloquea su avance.
Chaves atendió a familiares de los enfermos terminales y atacó, en sus palabras, al Frente Amplio y alegó que la reforma impulsada no por Acuña no es necesaria y que cuando la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) pida los recursos para pagar esas licencias, estará en manos de la Contraloría su aprobación.
Eso significa, en criterio de Acuña, que Chaves usa politiqueramente un proyecto que busca beneficiar a familias con enfermos en etapa terminal y menores graves para atacar a la Contraloría, órgano que se verá impedido de aprobar el desembolso por la falta de una norma legal que autorice ese gasto.
Así lo confirmó Julissa Sáenz, gerente del Área de Fiscalización para el Desarrollo de las Finanzas Públicas de la Dirección de Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE) de la Contraloría.
“El principio de legalidad exige que todo egreso del Estado se encuentre sustentado en una norma que lo autorice. En el presente caso, la ley ya dispuso, de forma específica, la fuente y el porcentaje respectivo para financiar el costo de los subsidios, tal y como lo regula la ley 5662, Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares", advirtió la funcionaria.
Sáenz enfatizó que, para este año, la Desaf presupuestó y transfirió la totalidad del 0,5% del Fodesaf para los subsidios de esas personas cuidadoras y recordó que los recursos del Fondo sin destino legal específico deben ser destinados a personas en pobreza extrema, pobreza básica y vulnerabilidad económica, por lo que no pueden transferirse al pago de los mencionados subsidios sin una norma que lo habilite.
No obstante, Rodrigo Chaves se niega a permitir el avance del proyecto de ley que permitiría el uso de los mencionados recursos y deja la responsabilidad a la Contraloría, entidad que debe ceñirse al cumplimiento estricto de la ley.
Aunque en comunicaciones con personas cuidadoras que urgen el subsidio, la jefa del oficialismo, Pilar Cisneros, había dicho que se haría lo posible por el avance de la reforma, este martes, en el plenario, se ajustó al discurso de Rodrigo Chaves y aseguró que la junta directiva de la CCSS autorizará el presupuesto con los subsidios.
