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La comisión especial de la Asamblea Legislativa recomendó, este miércoles, levantarle la inmunidad al presidente de la República, Rodrigo Chaves, para que enfrente 15 denuncias de beligerancia política presentadas contra el mandatario y que se tramitan en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
La recomendación se aprobó de forma mayoritaria, con dos diputadas a favor y uno en contra. Ahora, dicho informe será enviado a la Secretaría del Directorio, para que los jefes de las fracciones políticas, junto con la presidencia de la Asamblea Legislativa, definan una fecha para votar ese asunto.
Alejandra Larios, del Partido Liberación Nacional (PLN), y Rocío Alfaro, del Frente Amplio (FA), votaron de forma afirmativa la recomendación de levantar la inmunidad, mientras que el subjefe chavista, Daniel Vargas, votó en contra de la recomendación y anunció que emitirá un informe negativo sobre el desafuero.
La decisión se toma después de recibir al mandatario en audiencia, el 14 de noviembre, fecha en la que asistió y habló por 50 minutos, más los 10 minutos de su abogado, el candidato chavista a diputado José Miguel Villalobos.
Ese día, Chaves estuvo en la comisión especial por cerca de una hora y media y, una vez que habló, se levantó y abandonó el órgano legislativo, sin responder una sola pregunta de los diputados allí presentes.
‘Hay pruebas suficientes, un expediente robusto’
Larios y Alfaro explicaron las razones que las impulsan a recomendar el levantamiento de la inmunidad de Chaves para que afronte las denuncias sobre beligerancia política, tal como lo solicitó el TSE.
La liberacionista señaló que hay pruebas suficientes en contra del mandatario, varias denuncias coincidentes, pero no idénticas, por lo que no se puede considerar que se trata de un grupo de personas organizado para afectar al presidente.
La diputada enfatizó que ni siquiera se puede considerar que la prueba en que se basan las denuncias de beligerancia sean falsas, puesto que están incluso en las redes sociales de la Presidencia de la República.
Por su parte, la frenteamplista Rocío Alfaro enfatizó que el TSE no está acusando, sino solicitando el desafuero y, solo si se levanta la inmunidad, podría seguir adelante con la pesquisa sobre la falta electoral de que se le señala al mandatario.
“Hay dos informes preliminares que señalan la posibilidad de estar frente a faltas de carácter electoral, por beligerancia, y que se presentan de forma consistente”, mencionó Alfaro sobre el expediente que estudiaron para hacer la recomendación.
La congresista también enfatizó que no se puede presumir manipulación de los hechos descritos, pues están respaldados por prueba material, la cual no fue refutada por la defensa del mandatario.
Tanto Larios como Alfaro lamentaron que Chaves abandonara la comisión y no respondiera las preguntas que las congresistas tenían sobre el proceso y de las que necesitaban respuestas.
La presidenta de la comisión, Alejandra Larios, destacó que la comisión respetó el debido proceso y el derecho de Chaves a defenderse. “Esto no es un proceso sancionatorio, sino actos preparatorios. Tampoco el plenario”, dijo.
El chavista Daniel Vargas dedicó su intervención a atacar nuevamente al TSE, otra vez alegando que lo hace de forma ajena a su competencia y reclamó que nunca se abrió el procedimiento para mandatarios anteriores.
“Esto es persecución política contra el presidente y, de aprobarse, podríamos ser testigos del primer golpe de Estado institucional de la historia, impulsado desde el Tribunal Supremo de Elecciones”, dijo.
¿Por qué pidió el TSE quitarle la inmunidad a Chaves?
El TSE solicitó a los diputados levantarle la inmunidad a Chaves, el 7 de octubre, luego de analizar 15 denuncias de forma preliminar y determinar que sí era necesario pedir el desafuero, para realizar una investigación de fondo que determine si el presidente cometió parcialidad electoral en sus actos y declaraciones.
La Sección Especializada del TSE hizo la solicitud de levantamiento de la inmunidad con base en denuncias presentadas por 10 personas diferentes, entre ellas Ricardo Sancho, presidente de Liberación Nacional (PLN), y Fabián Solano, presidente del Partido Acción Ciudadana (PAC), así como los diputados Antonio Ortega, Johana Obando y Luis Fernando Mendoza.
Además de las denuncias mencionadas, el expediente por el que se solicita quitarle el fuero a Chaves incluye denuncias del ciudadano Allen Solera Cordero, de Gonzalo Coto Fernández, secretario general del PAC; de Claudio Alpízar, Óscar Aguilar Bulgarelli y Giovanni Delgado Castro.
A diferencia de otros funcionarios y políticos investigados por beligerancia, en el caso del presidente Chaves corresponde solicitar el desafuero, pues por su cargo está protegido por la inmunidad constitucional.
