El Ministerio de Comercio Exterior (Comex) contrató a la firma de abogados Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP, con sede en Washington, para brindar asesoría estratégica en asuntos comerciales y apoyo en las relaciones entre los gobiernos de Costa Rica y Estados Unidos.
Por estos servicios, el país pagará $60.000 mensuales durante un período inicial de tres meses, prorrogable hasta un máximo de 12, lo que podría sumar un total de $720.000, según dio a conocer el medio digital El Observador.
La Nación consultó al Comex sobre si la firma de abogados llevará a cabo labores de cabildeo (lobby) gubernamental y legislativo, tal como había anunciado el ministro Manuel Tovar. La institución respondió de manera general, indicando que el gobierno de Costa Rica “se encuentra, de manera proactiva, realizando todos los esfuerzos necesarios para salvaguardar los intereses del país”.
“Con este fin, se contrató a la firma especializada Akin Gump para apoyar los diversos procesos que el Ministerio de Comercio Exterior lleva adelante con distintos actores, tanto públicos como privados”, agregó.
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Asimismo, se solicitó información sobre cuántas empresas ofrecieron sus servicios, los criterios utilizados para seleccionar a Akin, las prioridades asignadas a la firma y si el plazo de tres meses será suficiente para generar resultados, pero esas preguntas no fueron atendidas.
Tanto Comex como el Ministerio de Relaciones Exteriores habían anunciado desde principios de setiembre la intención de Costa Rica de contratar una empresa especializada en lobby, luego de que el gobierno de Donald Trump impusiera, desde abril, aranceles a más de 160 países. En el caso de Costa Rica, la tarifa comenzó en 10% y se elevó a 15% en agosto.
Los detalles del acuerdo, suscrito desde el 8 de setiembre, están disponibles en el sitio web del Departamento de Justicia de Estados Unidos, debido a que la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA por sus siglas en inglés) obliga a quienes trabajan para gobiernos o intereses extranjeros y realizan actividades políticas, a informar públicamente sobre su relación, así como sobre ingresos y gastos vinculados a esas labores.
No son servicios legales
Entre los servicios que ofrece Akin figura el de cabildeo y asesoría en política pública, según se detalla en su sitio web. La firma destaca su experiencia en la Ley de CHIPS y Ciencia (CHIPS Act), una normativa en la que el gobierno de Costa Rica ha puesto su mira para impulsar el desarrollo de la industria de semiconductores en el país.
No obstante, el presidente Donald Trump solicitó en marzo al Congreso estadounidense derogar esa legislación, promulgada durante la administración del mandatario demócrata Joe Biden.
“Con nuestras amplias capacidades en diversas áreas y sectores, nuestro equipo especializado en la Ley CHIPS brinda servicios de asesoría en relaciones gubernamentales, cumplimiento legal y políticas públicas para la implementación de dicha ley, tanto a empresas nacionales como internacionales de distintas industrias”, indica la firma en su sitio web.
Akin también ofrece servicios de cabildeo en materia de política comercial internacional, mediante los cuales evalúa el impacto de políticas y regulaciones gubernamentales sobre los negocios e iniciativas de sus clientes.
Además, la firma destaca entre sus funciones el desarrollo e implementación de estrategias para elevar la visibilidad y el posicionamiento de temas específicos de gobiernos extranjeros ante la administración estadounidense, el Congreso y otras agencias federales.
La firma del contrato coincide con la visita que hizo Tovar a Washington entre el 8 y 10 de setiembre, como parte de las gestiones que tiene en marcha Comex para suspender la tarifa arancelaria del 15% para las exportaciones nacionales.
Si bien Tovar afirmó a La Nación, el 19 de setiembre, que durante esa visita se inició el proceso de contratación de una empresa, para gestionar el lobby en Washington, ya el acuerdo se había suscrito, según la misma información que Akin facilitó al Departamento de Justicia de Estados Unidos.
En aquel momento, el jerarca aseguró que la empresa a contratar tiene mucha influencia en Washington, en temas de comercio y arraigo en ambos partidos.
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“Entre sus socios están relevantes figuras republicanas muy cercanas al gobierno actual, y va a ser un coadyuvante también para ayudarnos a abrir puertas y posicionar el mensaje de Costa Rica”, declaró Tovar.
El Ministerio de Comercio Exterior (Comex) estableció una serie de requisitos específicos para las empresas interesadas en brindar asesoría estratégica al Gobierno de Costa Rica en materia comercial y de relaciones con Estados Unidos.
¿Qué pidió Costa Rica?
Según los términos de referencia del concurso, la firma seleccionada debe ofrecer apoyo técnico, legal y político para fortalecer el posicionamiento del país ante autoridades, agencias y actores clave de la administración estadounidense.
Entre las condiciones, se exige que el personal propuesto cuente con al menos tres años de experiencia en gestión de desarrollo de negocios en el mercado estadounidense o en funciones directamente relacionadas con los servicios solicitados. Además, se solicitó a la empresa identificar, mapear y dar seguimiento a los actores más relevantes dentro del entorno político y económico de Washington, y diseñar e implementar una estrategia de posicionamiento para proyectar a Costa Rica como un socio estratégico y confiable en el ámbito comercial.
El contratista también debe elaborar materiales de comunicación y presentaciones que respalden las propuestas y posiciones de Costa Rica en materia de comercio e inversión, así como asesorar al Gobierno en la alineación de sus políticas públicas con las tendencias regulatorias y comerciales de Estados Unidos.
Otro de los puntos incluidos fue la defensa y promoción proactiva de los intereses comerciales nacionales, mediante el análisis de iniciativas legislativas o regulatorias estadounidenses y la formulación de argumentos legales frente a eventuales disposiciones adversas.
Como parte de las obligaciones de seguimiento, la empresa debe reunirse con Comex cada 15 días y entregar informes periódicos que incluyen avances, actividades desarrolladas, reuniones sostenidas y materiales estratégicos elaborados. Además, debe presentar un informe inicial de diagnóstico, con un análisis del entorno político y comercial estadounidense, los principales riesgos y oportunidades para Costa Rica, y un mapa detallado de actores clave —desde agencias gubernamentales y miembros del Congreso hasta cámaras empresariales y centros de pensamiento—.