Casi 24 horas después de abandonar el plenario sin revelar su posición ni emitir su voto, el diputado Vargas aseguró que se habría opuesto al levantamiento del fuero de improcedibilidad penal.
La decisión requería de al menos 38 votos; sin embargo, solo se lograron 34 a favor del desafuero, durante la sesión del lunes 22 de setiembre.
Para justificar su postura, mencionó entre sus consideraciones el contexto de la campaña electoral. “No le veo sentido a estarle metiendo drama a la campaña”, declaró en un audio suministrado por el equipo de prensa de Díaz.
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Vargas usó las mismas palabras que Natalia Díaz proporcionó, en una declaración enviada a La Nación durante la mañana del martes, para cuestionar el proceso efectuado por la Asamblea Legislativa, a solicitud de la Corte Plena.
En sus manifestaciones, Díaz no precisó si estaba a favor o en contra del levantamiento de la inmunidad.
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El diputado agregó que si bien no le corresponde opinar sobre los réditos que otras campañas podrían estar sacando de la discusión sobre el levantamiento de la inmunidad a Chaves, “lo que sí tengo claro, es que a Natalia no la van a ver en este tipo de ridículos”.
Vargas estuvo presente en el plenario, al inicio de la sesión del lunes en la tarde, pero aseguró haberse retirado a las 4 p. m., tras recibir una llamada telefónica de su madre, “quien hace días viene bastante delicada de salud”.
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“Aguanté lo más que pude, pero ya pasadas las 4 p. m., a solicitud de ella, que se sentía bastante mal, salí para Palmares a atenderla y tenía que llevarla donde un médico”, mencionó.
Los legisladores estaban al tanto que la sesión se extendería hasta las 7:00 p. m., debido a que ya estaba asignado el uso de la palabra para cada una de las fracciones y también para los diputados independientes.
Vargas fue el único legislador independiente presente en la sesión que no intervino para exponer los argumentos de su voto, ya fuera a favor o en contra.
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Asimismo, fue uno de los dos diputados que no participaron en la votación sobre el levantamiento de la inmunidad; la otra fue la también independiente Cynthia Córdoba, quien se encontraba en Suiza.
En abril, la Fiscalía acusó al presidente y al ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, del presunto delito de concusión por un contrato de $405.800 financiado con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Según la acusación, a cambio del contrato el presidente habría pedido al empresario Christian Bulgarelli girar $32.000 al exasesor presidencial Federico “Choreco” Cruz para pagar la prima de una casa.
