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El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) contrató, en noviembre pasado, a la cuñada de la presidenta ejecutiva de la institución pública, Lourdes Sáurez Barboza.
Se trata de Rosemary Ramírez Serrano, de 36 años, casada con un hermano de la jerarca del AyA, quien fue nombrada en una plaza interina que, originalmente, estaba a cargo precisamente de Sáurez Barboza.
Así lo dio a conocer este jueves el diario La Teja. La plaza donde ahora está nombrada la cuñada de la presidenta del AyA se trasladó, semanas antes del nombramiento, a la subgerencia Ambiental, de Investigación y Desarrollo, la cual está a cargo de Mariana Fernández Sing.
La Nación consultó este viernes al Instituto sobre dicho nombramiento, específicamente sobre las razones de la designación, el traslado de la plaza de la presidencia ejecutiva a la subgerencia, así como las funciones de la señora Ramírez y si ella presentó la declaración jurada sobre parentesco con sus eventuales jefaturas.
En un correo electrónico remitido por la oficina de prensa del AyA, en el que no respondieron una sola de las consultas de este medio, los voceros solamente afirmaron que todos los nombramientos deben cumplir con requisitos técnicos, perfiles definidos y concursos debidamente tramitados, con transparencia y apego a la ley.
“En el caso específico de la señora Rosemary Ramírez Serrano, su ingreso se dio mediante un proceso externo en el que participaron varias personas oferentes, resultando seleccionada para el puesto. El proceso se desarrolló conforme a la normativa institucional y sin excepción alguna“, dice también el correo electrónico recibido.
El AyA también aseguró en esa respuesta que el proceso de selección de Ramírez fue tramitado por las instancias administrativas competentes. “La presidencia ejecutiva no participó ni tuvo injerencia en el nombramiento, el cual siguió el curso ordinario establecido por la institución”, se lee en el correo.
En vista de la falta de respuesta a cuáles son las funciones de la señora Ramírez, por qué se había trasladado la plaza que ella ocupa de la presidencia a la subgerencia y si había firmado la declaración jurada, se reiteraron esas consultas a la institución.
Poco antes de las 6 p. m. de este viernes, y alegando que se daba respuesta a las consultas de este medio, la oficina de prensa respondió con otro correo electrónico en el que tampoco contestó las preguntas.
En esa comunicación, se adjuntó un certificado sobre el proceso de contratación de la señora Ramírez Serrano, firmado por el director de Gestión de Capital Humano del AyA, Andrés Díaz Badilla, a solicitud del gerente general, Darío Guzmán.
“En atención a las diversas consultas formuladas en relación con el nombramiento interino de la funcionaria Ramírez Serrano Rosemary, esta dirección se permite informar a la gerencia general que dicho nombramiento se encuentra conforme a derecho, por cuanto fue realizado en estricto apego a los procedimientos, requisitos e instructivos vigentes para el ingreso de nuevo personal a la institución”, dice la mencionada certificación.
Además, en el correo remitido por la oficina de prensa se indica que la jefatura de las subgerencias corresponde a la gerencia general del AyA. “Estos procesos responden a las competencias definidas dentro del marco administrativo de la institución, garantizando orden, trazabilidad y apego a la normativa“, explica la respuesta remitida a este medio.
Esta semana, el AyA ha estado en el centro de la polémica, luego de conocerse que esa institución destituyó de su cargo al diputado opositor Óscar Izquierdo, jefe del Partido Liberación Nacional (PLN), quien ocupaba la Dirección de Cooperación y Asuntos Internacionales desde 2010.
Ese despido se realizó a pesar de las posiciones contrarias del gerente del Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán) y las advertencias de la Dirección Jurídica del AyA.
El legislador liberacionista asegura que se trata de persecución política del presidente de la República, Rodrigo Chaves, por las posiciones críticas de Izquierdo hacia el gobierno y sus votos a favor de levantar la inmunidad del mandatario.
Además, este viernes, trascendió que el AyA destituyó a la subgerenta general, María José Castillo León, quien había sido asesora legislativa de Pilar Cisneros durante los primeros dos años del gobierno.
