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El Equipo Central de Auditoras Sociales —grupo que realizó una auditoría social en el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu)— lanzó fuertes críticas contra el Gobierno y la jerarca de la institución, Yerlin Zúñiga, por lo que califican como un “interés selectivo” en el caso que involucra al director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, mientras guardan silencio ante la creciente ola de femicidios en el país.
“Nos parece una barbaridad que la presidenta ejecutiva se preste para tomar partido en un conflicto entre el presidente de la República y el director del OIJ (...) No es a defender a las mujeres, es a defender al presidente de la República”, dijo en entrevista con La Nación, Tita Torres, una de las coordinadoras del grupo.
Cuestionó que supuestamente la presidenta del Inamu ofreciera, a una mujer, ‘beneficios’ a cambio de firmar una denuncia por delitos sexuales en contra Randall Zúñiga.
“No es que no les creamos a las mujeres, eso sería una fatalidad. Lo que no podemos aceptar es que se las manipule ni se les ofrezcan derechos como si fueran favores”, subrayó Torres.
Torres también cuestionó el aparente “interés selectivo” del Gobierno en este caso, recordando que en el pasado no mostró el mismo compromiso frente a denuncias de abuso sexual que involucran a figuras cercanas al oficialismo: como el exministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Mauricio Batalla; el actual ministro de Comunicación, Arnold Zamora (denunciado por otro hombre por supuesta violación); o incluso el propio presidente Rodrigo Chaves, quien fue sancionado por acoso sexual durante su paso por el Banco Mundial.
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“Nosotras no podemos aceptar que entonces ahora, de manera oportunista, políticamente oportunista, salgan a rasgarse las vestiduras, cuando se han hecho de la vista gorda con estos otros casos”, dijo Torres.
El director del OIJ, Randall Zúñiga, enfrenta dos causas por presunta violación y, una tercera, por contagio venéreo, conductas sexuales abusivas y ofensas a la dignidad.
Zúñiga fue suspendido 15 días hábiles por la Corte Plena, mientras avanza una investigación en la Inspección Judicial por supuestos comentarios y filtraciones de investigaciones penales.
El director de la policía judicial denunció ayer que “personeros del gobierno” ofrecieron beneficios estatales a una mujer para que pusiera una denuncia falsa de violación en su contra.
Comunicado
El Equipo Central de Auditoras Sociales emitió un comunicado que subraya que el Inamu ha guardado silencio ante decenas de casos de violencia y femicidios, y solo ahora “se manifiesta públicamente cuando hay poder y cámaras de por medio”.
“Ese silencio duele. Ese silencio también mata”, apunta el texto, que llama a “blindar al INAMU de la manipulación política” y devolverle su esencia como entidad garante de los derechos humanos de las mujeres.
Tita Torres explicó que el grupo de “auditoras sociales” surgió tras una auditoría social ordenada por la Contraloría General de la República, la cual analizó más de una década de gestión institucional.
Según Torres, ese estudio demostró que en el Inamu hay un “deterioro sostenido”, a lo largo de varios períodos, pero “acentuado en esta administración”.
“La auditoría social revela graves dificultades y limitaciones del INAMU para atender la problemática de la violencia contra las mujeres y los femicidios. Durante esta Administración esto se agrava ante improvisaciones cómo los Puntos Violeta lo que contrasta con el aumento descontrolado de los femicidios", explicó Torres.
El comunicado concluye exigiendo que el momento sirva para “rectificar el rumbo” del INAMU y reafirmar su independencia del poder político.
“La desidia institucional es también violencia. El silencio frente a la injusticia es complicidad”, cierra el documento, firmado por el Equipo Central de Auditoras Sociales.
