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El abogado Ricardo Solís, defensor de la activista y comunicadora social Stella Chinchilla Mora, cuestionó este miércoles con dureza la denuncia interpuesta por el director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), Jorge Torres, quien acudió al Ministerio Público a denunciar a Chinchilla por su presunta participación en un plan para atentar contra el presidente Rodrigo Chaves.
Solís calificó la acusación como “sin ningún sentido” y manifestó su preocupación por lo que considera una filtración indebida de la denuncia a medios de comunicación, lo cual —afirmó— vulnera los derechos fundamentales de su defendida.
“Fue una situación muy anómala donde una persona denunciada se entera por los medios de comunicación de una serie de denuncias, cuando esta etapa de cualquier proceso es privada”, señaló el abogado.
Según explicó, Chinchilla conoció públicamente que estaba siendo investigada antes incluso de ser notificada formalmente, lo que generó confusión y cuestionamientos de terceros sobre su situación legal.
El defensor indicó que el caso se encuentra apenas en una fase inicial de investigación y que, hasta el momento, Chinchilla ni siquiera ha sido llamada a declarar por el Ministerio Público.
La propia activista fue categórica al refutar la acusación, pues indicó que “cualquier Chabelo” podría estar detrás de la supuesta amenaza, por la cual la acusan a ella.
Además de que terceros pudieron urdir el supuesto complot, agregó que las faltas de ortografía de las capturas presentadas como pruebas, contrastan con la forma que ella escribe.
“Yo no escribo así. Jamás. Y aunque fuera adrede mi mamá filóloga no me dejaría”, indicó la activista.
No obstante, su abogado indicó que la defensa de la activista ya se apersonó al expediente y está en total disposición de colaborar con las autoridades.
Solís enfatizó que, por regla general, las denuncias penales forman parte de una investigación privada y que únicamente el Ministerio Público debería tener acceso a su contenido.
En ese sentido, sostuvo que la Fiscalía le aseguró que no ha divulgado información del caso.
“La única opción que queda es que la DIS, que es la dependencia del Estado que presenta la denuncia, haya hecho público el contenido, violentando los derechos de cualquier persona investigada, especialmente su derecho a la privacidad”, afirmó.
El abogado añadió que, según la información conocida hasta ahora —principalmente la divulgada por medios—, la denuncia carece de coherencia jurídica.
Indicó que la defensa verificará que el contenido difundido coincida con el expediente oficial, aunque adelantó una valoración crítica del caso.
“Por la información que se conoce, esto no tiene ningún sentido. Es una incoherencia. Incluso creo que este año los profesores de Derecho Penal tendrán mucho material para explicar la cantidad de cosas que están mal en esa denuncia”, expresó.
La propia activista Chinchilla negó categóricamente cualquier vínculo con un supuesto plan para atentar contra el mandatario.
