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La sesión del Concejo Municipal de San José del 17 de febrero, que se levantó en solo 30 minutos antes de que se discutiera una sanción al alcalde Diego Miranda, tuvo un costo de al menos ¢5,5 millones.
Según los regidores de oposición, la presidenta municipal, Mariana Zúñiga, cerró abruptamente la sesión para no someter a votación la propuesta que dejaría en firme una suspensión de 15 días al jerarca, por una supuesta gestión indebida en una licitación para comprar vehículos eléctricos
La sesión empezó a las 6:15 p. m. Aproximadamente seis minutos después, Zúñiga decretó un receso de 20 minutos.
23 minutos más tarde, a las 6:44 p. m. se reanudó la sesión, pero a las 6:45 p. m., la presidenta la cerró. Es decir, la cita duró alrededor de 30 minutos.
En los seis minutos de tiempo efectivo, los regidores aprobaron el acta 47 de la sesión extraordinaria del lunes 9 de febrero y el acta de la ordinaria 93 del martes 10 de febrero.
Posteriormente, se realizaron juramentaciones de miembros de órganos directores y una representante municipal ante una fundación.
Según el desglose de costos remitido por la Municipalidad de San José, el gasto que, como mínimo, incurrió esa corporación municipal fue de ¢5.561.890.
Ese monto incluye únicamente el desglose de las dietas de las regidores y síndicos (tanto suplentes como propietarios). Pese a que este medio solicitó remitir cualquier gasto asociado a dicha sesión, el municipio josefino no brindó el detalle completo.
La Nación intentó contactar a la presidenta del Concejo, Mariana Zúñiga, mediante llamadas y mensajes de texto, pero al cierre de esta edición no obtuvo respuesta.
La sanción obedece a que, según la Auditoría, el alcalde envió un oficio a la Proveeduría Institucional para que este departamento recomendara declarar desierta una licitación por $830.000 (unos ¢427,4 millones) que ya estaba adjudicada para la compra de vehículos eléctricos.
Acusaciones
El día de la sesión del 17 de febrero, un grupo de regidores josefinos denunciaron que, con el cierre, la presidenta municipal evitó que se conociera una alteración del orden del día que buscaba que la moción para ejecutar la sanción contra Miranda quedara firme.
La presidenta y el jerarca llegaron al poder capitalino con el mismo partido político, Juntos.
En declaraciones brindadas a La Nación, en febrero pasado, el regidor frenteamplista Brandon Guadamuz cuestionó que la Zúñiga haya cerrado de forma abrupta, sin justificación pública.
“Ella cierra la sesión sin ninguna justificación. Lo mínimo que se espera es que explique las razones, más aun cuando una sesión tiene costos y había muchos puntos pendientes”, reclamó el regidor, quien señaló que, en ese momento, se quedaron sin discutir dictámenes de comisiones y varias mociones, incluida una de su autoría sobre infraestructura vial en La Carpio.
Sanción
El pasado 21 de octubre, el Concejo Municipal de San José acordó suspender a Miranda debido a una supuesta gestión indebida en torno a una licitación para comprar vehículos eléctricos. Sin embargo, para el momento en que se cerró la sesión aún no había quedado en firme.
Fue hasta el 24 de febrero en que se aprobó dicha moción y la firmeza final de ese acuerdo entró a regir el 3 de marzo. Sin embargo, Miranda sigue asistiendo a laborar, pese a la suspensión.
De acuerdo con el informe preliminar de Auditoría, el jerarca hizo la gestión sobre los autos eléctricos sin ningún criterio técnico, financiero o legal, alegando que era “prioritario fortalecer la maquinaria operativa para mejorar la atención a las necesidades del cantón”.
Además, la Auditoría interna recalcó que Miranda se opuso a la adjudicación del contrato de estos autos eléctricos cuando era regidor, a principios del 2024.
El informe agrega que el actual alcalde participó activamente en las sesiones del Concejo y votó en contra de la adjudicación en varias ocasiones, aunque, en apariencia, reconoció en actas que la licitación debía ejecutarse.
Según el informe preliminar, esta conducta podría configurar un presunto incumplimiento del deber de probidad y la violaciones de varias disposiciones legales, contenidas en la Ley General de Contratación Pública, el Código Municipal, la Ley General de Control Interno y la Ley General de la Administración Pública. También, menciona una supuesta violación a la Constitución Política.
Después de que el Concejo acordó sancionarlo, Miranda recurrió ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.
Sin embargo, los jueces le rechazaron de plano el recurso presentado, al considerar que carecen de competencia para conocerlo.
El alcalde ha calificado en reiteradas ocasiones la sanción en su contra como “injusta y contraria a la ley” y afirmó que los regidores que votaron a favor de suspenderlo habrían incurrido, en su criterio, en un presunto delito de prevaricato.
Sostiene que el Concejo “no tienen competencia” para sancionarlo, mientras una mayoría de regidores defienden que sí.
