La suspensión de 15 días naturales contra el alcalde de San José, Diego Miranda, debido a una supuesta gestión indebida en torno a una licitación para comprar vehículos eléctricos, quedó en firme este martes.
El pasado 21 de octubre, la mayoría de los regidores había decidido suspender al jerarca, pero la medida no había sido ejecutada.
En la sesión ordinaria 95, efectuada el 24 de febrero, ocho regidores votaron a favor de ejecutar la sanción. Tres, votaron en contra.
En ese momento, el acuerdo no quedó en firme al no alcanzarse la mayoría necesaria en una segunda votación.
Este martes, nueve regidores aprobaron el acta de esa sesión, por lo que el acuerdo para ejecutar la suspensión adquirió firmeza.
Sin embargo, en sus redes sociales, Miranda escribió: “Mantendré firme mi posición, mañana me presentaré a la Municipalidad a seguir cumpliendo con el trabajo que me confió el pueblo de San José”.
El alcalde ha calificado la sanción en su contra como “injusta y contraria a la ley” y afirmó que los regidores que votaron a favor de suspenderlo habrían incurrido, a su criterio, en un presunto delito de prevaricato.
El 11 de diciembre, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda rechazó un recurso de apelación presentado por el alcalde Miranda contra el acuerdo del Concejo Municipal que ordenó su suspensión por 15 días.
Los jueces de lo contencioso-administrativo concluyeron que carecen de competencia para conocer el recurso y, en consecuencia, rechazaron de plano la gestión de Miranda.
Este martes, la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) salió en defensa de Miranda con un pronunciamiento en apoyo al jerarca.
Según los alcaldes de la ANAI, los concejos no pueden sancionar a los jerarcas municipales. Los argumentos coinciden con lo señalado en reiteradas ocasiones por Miranda, quien ha sostenido que ese órgano “no tiene competencia” para sancionarlo.
Una mayoría de regidores josefinos sostienen que sí tienen la competencia necesaria.
“El Código (Municipal) establece que el Concejo y la Alcaldía son órganos bifrontes. La pregunta aquí es más bien: ¿cuál partido político con sus asesorías políticas está dándole consejos a los regidores? Ya que el Concejo Municipal no tiene posibilidad de sanción sobre el alcalde“, cuestionó el alcalde josefino en declaraciones brindadas a La Nación en setiembre pasado.
¿Por qué lo habían suspendido?
Según había publicado La Nación el pasado 23 de setiembre, la Municipalidad de San José abrió un procedimiento administrativo contra el alcalde con motivo de un informe de la Auditoría Interna.
Según ese informe, el 21 de febrero del 2025, Diego Miranda, mediante el oficio N.° MSJ-ALCALDIA-618-2025, habría solicitado declarar desierta una licitación mayor para comprar 16 vehículos eléctricos, a pesar de que ya había sido adjudicada a la empresa Cori Motors de Centroamérica S. A., desde enero del 2024.
De acuerdo con el informe preliminar, el jerarca hizo la gestión sin ningún criterio técnico, financiero o legal, alegando que era “prioritario fortalecer la maquinaria operativa para mejorar la atención a las necesidades del cantón”.
Además, la Auditoría recalcó que Miranda se opuso a la adjudicación del contrato de estos autos eléctricos cuando era regidor, a principios del 2024.
El informe agrega que el actual alcalde participó activamente en las sesiones del Concejo y votó en contra de la adjudicación en varias ocasiones, aunque, en apariencia, reconoció en actas que la licitación debía ejecutarse.
Para la Auditoría, el que Miranda pidiera declarar desierta la contratación transgrede el acuerdo 1, artículo IV, de la sesión ordinaria 193 del Concejo Municipal josefino, celebrada el 16 de enero del 2024, día en que se aprobó el presupuesto para la compra de los vehículos y la adjudicación.
Según el informe preliminar, esta conducta podría configurar un presunto incumplimiento del deber de probidad y la violaciones de varias disposiciones legales, contenidas en la Ley General de Contratación Pública, el Código Municipal, la Ley General de Control Interno y la Ley General de la Administración Pública. También, menciona una supuesta violación a la Constitución Política.