El Concejo Municipal de San José votó a favor de aplicar una suspensión de 15 días al alcalde, Diego Miranda, debido a una supuesta gestión indebida en torno a una licitación para comprar vehículos eléctricos.
El pasado 21 de octubre, la mayoría de regidores había decidido suspender al jerarca, pero la medida no había sido ejecutada.
En la sesión ordinaria 95 efectuada la noche de este martes, ocho regidores votaron a favor de ejecutar la sanción. Votaron en contra tres regidores.
El acuerdo no quedó en firme al no alcanzarse la mayoría necesaria en una segunda votación; en consecuencia, adquirirá firmeza una vez que, la próxima semana, se apruebe el acta correspondiente.
La Nación solicitó a Miranda una reacción. Sin embargo, no se obtuvo respuesta al momento de publicación.
Durante la discusión, el alcalde calificó la sanción en su contra como “injusta y contraria a la ley” y afirmó que los regidores que votaron a favor de suspenderlo habrían incurrido, a su criterio, en un presunto delito de prevaricato.
“Los invito, regidores y regidoras, si ustedes quieren cuestionar mi mandato, tienen todas las de la ley para hacerlo. Tienen una mayoría aquí para votar un plebiscito. Vamos a un plebiscito a ver si la gente quiere que yo siga o no siga”, aseguró Miranda.
Miranda reiteró que el Concejo “no tiene competencia” para sancionarlo y sostuvo que, según su versión, el Tribunal Contencioso habría indicado que, por la materia, la competencia corresponde a la Contraloría General de la República (CGR).
Una mayoría de regidores sostienen que sí tienen competencia para sancionarlo.
El 11 de diciembre pasado, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda rechazó un recurso de apelación presentado por el alcalde Miranda contra el acuerdo del Concejo Municipal que ordenó su suspensión por 15 días.
Los jueces de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa concluyeron que carecen de competencia para conocer el recurso y, en consecuencia, rechazaron de plano la gestión de Miranda.
¿Por qué lo habían suspendido?
Según había publicado La Nación el pasado 23 de setiembre, la Municipalidad de San José abrió un procedimiento administrativo contra el alcalde con motivo de un informe de la Auditoría Interna.
Según ese informe, el 21 de febrero del 2025, Diego Miranda, mediante el oficio N.° MSJ-ALCALDIA-618-2025, habría solicitado declarar desierta una licitación mayor para comprar 16 vehículos eléctricos, a pesar de que ya había sido adjudicada a la empresa Cori Motors de Centroamérica S. A., desde enero del 2024.
De acuerdo con el informe preliminar, el jerarca hizo la gestión sin ningún criterio técnico, financiero o legal, alegando que era “prioritario fortalecer la maquinaria operativa para mejorar la atención a las necesidades del cantón”.
Además, la Auditoría recalcó que Miranda se opuso a la adjudicación del contrato de estos autos eléctricos cuando era regidor, a principios del 2024.
El informe agrega que el actual alcalde participó activamente en las sesiones del Concejo y votó en contra de la adjudicación en varias ocasiones, aunque, en apariencia, reconoció en actas que la licitación debía ejecutarse.
Para la Auditoría, el que Miranda pidiera declarar desierta la contratación transgrede el acuerdo 1, artículo IV, de la sesión ordinaria 193 del Concejo Municipal josefino, celebrada el 16 de enero del 2024, día en que se aprobó el presupuesto para la compra de los vehículos y la adjudicación.
Disputa
El pasado 17 de febrero, la oposición chocó con la presidenta municipal, Mariana Zúñiga Pérez, por finalizar una sesión, de forma abrupta, impidiendo así que se conociera y votara la suspensión en firme del alcalde josefino.
Ante esto, ese grupo de ediles firmaron una solicitud para que se convocara a una sesión el 19 de febrero a las 1 p. m., con un punto único: ratificar y ejecutar la sanción contra Miranda.
Sin embargo, el regidor del Frente Amplio, Brandon Guadamuz, aseguró que solo le dieron el recibido de la Alcaldía, pero la sesión no fue convocada.
El artículo 17 (inciso m) del Código Municipal establece que el alcalde debe convocar al Concejo a sesiones extraordinarias cuando se lo solicite, con 24 horas de anticipación, por lo menos la tercera parte de los regidores propietarios.
En este caso, ese órgano colegiado se compone de 11 regidores. Salvo dos ediles afines a Miranda, el resto del Concejo firmó la primera solicitud de convocatoria de sesión extraordinaria.
Un grupo de regidores denunció a Miranda ante la Auditoría interna por supuestamente no convocar a dicha sesión.
Seis regidores firmaron para solicitar una nueva sesión el pasado lunes 23 de febrero a las 3:30 p. m., con el mismo punto único. En apariencia, tampoco fue convocada.
Sin embargo, fue hasta este martes que se conoció la moción.