Un grupo de regidores de la Municipalidad de San José presentó una denuncia contra el alcalde, Diego Miranda, por supuestamente no convocar a una sesión extraordinaria para conocer la suspensión del jerarca.
El documento fue interpuesto ante la Auditoría interna de ese ayuntamiento, según confirmó el regidor del Frente Amplio, Brandon Guadamuz.
El edil indicó que no podía precisar más detalles del trámite.
Consultado al respecto, el auditor interno josefino, Israel Barrantes, confirmó que recibió una gestión relacionada con ese tema, aunque sin confirmar el nombre de los denunciantes o persona denunciada, ya que esos son datos confidenciales, según indicó.
El 21 de octubre del 2025, el Concejo Municipal de San José acordó suspender a Miranda por una supuesta gestión indebida en torno a una licitación para comprar vehículos eléctricos.
La noche del martes 17 de febrero, la oposición del Concejo pretendía declarar la firmeza de la sanción; sin embargo, según un grupo de nueve regidores, la presidenta municipal, Mariana Zúñiga Pérez, dio por finalizada la sesión de ese órgano, de forma abrupta, impidiendo así que se conociera y se votara ese tema.
Ante esto, ese grupo de ediles firmaron una solicitud para que se convoque a una sesión el 19 de febrero a las 1 p. m., con un punto único: ratificar y ejecutar la sanción contra Miranda.
Sin embargo, Guadamuz aseguró que solo le dieron el recibido de la Alcaldía, pero la sesión no ha sido convocada.
El artículo 17 (inciso m) del Código Municipal establece que el alcalde debe convocar al Concejo a sesiones extraordinarias cuando se lo solicite, con 24 horas de anticipación, por lo menos la tercera parte de los regidores propietarios.
En este caso, ese órgano colegiado se compone de 11 regidores. Salvo dos ediles afines a Miranda, el resto del Concejo firmó la primera solicitud de convocatoria de sesión extraordinaria.
Seis regidores firmaron para solicitar una nueva sesión el próximo lunes 23 de febrero a las 3:30 p. m., con el mismo punto único.
Consultado por La Nación, Miranda indicó que no tiene conocimiento de la denuncia, por lo que no puede brindar una declaración hasta que no sea notificado.
El alcalde ha reiterado en otras ocasiones que el Concejo “carece de competencias” para sancionarlo. Guadamuz ha sostenido que sí las poseen.
“Si es así, por qué no presentan una denuncia a la Fiscalía de Probidad; ni siquiera tienen claro la sanción ni quien podría ejecutarla”, cuestionó Miranda en declaraciones brindadas a este medio el pasado miércoles.
“Es tan evidente que es un cálculo político que, hace menos de dos meses, exactamente por el mismo tema, resolvieron un órgano director a favor de exonerar de responsabilidades al regidor Alexander Cano, del PLN”, señaló el jerarca municipal.
¿Cómo surge el conflicto?
Según había publicado La Nación el pasado 23 de setiembre, la Municipalidad de San José abrió un procedimiento administrativo contra el alcalde con motivo de un informe de la Auditoría Interna.
Según ese informe, el 21 de febrero del 2025, Diego Miranda, mediante el oficio N.° MSJ-ALCALDIA-618-2025, habría solicitado declarar desierta una licitación mayor para comprar 16 vehículos eléctricos, a pesar de que ya había sido adjudicada a la empresa Cori Motors de Centroamérica S. A., desde enero del 2024.
De acuerdo con el informe preliminar, el jerarca hizo la gestión sin ningún criterio técnico, financiero o legal, alegando que era “prioritario fortalecer la maquinaria operativa para mejorar la atención a las necesidades del cantón”.
Además, la Auditoría recalcó que Miranda se opuso a la adjudicación del contrato de estos autos eléctricos cuando era regidor, a principios del 2024.
El informe agrega que el actual alcalde participó activamente en las sesiones del Concejo y votó en contra de la adjudicación en varias ocasiones, aunque, en apariencia, reconoció en actas que la licitación debía ejecutarse.
Para la Auditoría, el que Miranda pidiera declarar desierta la contratación transgrede el acuerdo 1, artículo IV, de la sesión ordinaria 193 del Concejo Municipal josefino, celebrada el 16 de enero del 2024, día en que se aprobó el presupuesto para la compra de los vehículos y la adjudicación.
El 11 de diciembre pasado, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda rechazó un recurso de apelación presentado por el alcalde Miranda contra el acuerdo del Concejo Municipal que ordenó su suspensión por 15 días.
Los jueces de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa concluyeron que carecen de competencia para conocer el recurso y, en consecuencia, rechazaron de plano la gestión.