El regidor del Frente Amplio (FA), Brandon Guadamuz, afirmó que el alcalde de San José, Diego Miranda, no ha convocado la sesión extraordinaria solicitada por nueve regidores para conocer la suspensión del jerarca.
El 21 de octubre del 2025, el Concejo Municipal de San José acordó suspender a Miranda por una supuesta gestión indebida en torno a una licitación para comprar vehículos eléctricos.
La noche del martes 17 de febrero, un grupo de nueve regidores acusó a la presidenta municipal, Mariana Zúñiga Pérez, de dar por finalizada la sesión de ese órgano, de forma abrupta, impidiendo así que se conociera y se votara la suspensión en firme del alcalde josefino.
Ante esto, ese grupo de ediles firmaron una solicitud para que se convocara ayer a una sesión, a la 1 p. m., con un punto único: conocer la suspensión.
El regidor del Frente Amplio, Brandon Guadamuz, explicó a La Nación que el despacho de la Alcaldía les dio el recibido de la solicitud. Sin embargo, al filo de la tarde de este miércoles la sesión no había sido convocada y tampoco se realizó.
“Ya la carta fue recibida y sellada. A esta hora ya debería haberse publicado la convocatoria, y no ha pasado. Eso es un primer incumplimiento”, advirtió Guadamuz.
El regidor añadió que, de no convocarse la extraordinaria solicitada, el Concejo valorará nuevas acciones y volverá a intentar conocer el tema en la sesión ordinaria de la próxima semana.
El artículo 17 (inciso m) del Código Municipal establece que el alcalde debe convocar al Concejo a sesiones extraordinarias cuando se lo solicite, con 24 horas de anticipación, por lo menos la tercera parte de los regidores propietarios.
En este caso, ese órgano colegiado se compone de 11 regidores. Salvo las dos ediles afines a Miranda, el resto del Concejo firmó la solicitud de convocatoria de la sesión.
Consultado por La Nación, el alcalde reiteró que el Concejo “carece competencia” y agregó que un regidor (sin indicar el nombre) le comentó que se trataba de un tema de probidad.
“Si es así, ¿por qué no presentan una denuncia a la Fiscalía de Probidad? Ni siquiera tienen claro la sanción ni quién podría ejecutarla”, cuestionó Miranda.
“Es tan evidente que es un cálculo político que, hace menos de dos meses, exactamente por el mismo tema, resolvieron (sic) un órgano director a favor de exonerar de responsabilidades al regidor Alexander Cano, del PLN”, señaló el jerarca municipal.
Al alcalde josefino también se le consultó por qué no ha convocado la sesión extraordinaria para conocer su suspensión, pese a que cuenta con los requisitos legales; sin embargo, no respondió a la consulta.
Denuncia
Un grupo de regidores josefinos presentó una denuncia ante la Auditoría interna, dado que Miranda supuestamente no convocó dicha sesión para este jueves.
Consultado al respecto, el auditor interno josefino, Israel Barrantes, confirmó que recibió una gestión relacionada con ese tema, aunque sin confirmar el nombre de los denunciantes o persona denunciada, ya que esos son datos confidenciales, según indicó.
Ante esto, seis regidores firmaron para solicitar una nueva sesión el próximo lunes 23 de febrero, a las 3:30 p. m., con el mismo punto único.
Guadamuz: tenemos competencia para sancionar al alcalde
El regidor Guadamuz sostuvo que los regidores tienen potestad para aplicar sanciones al alcalde.
“Según la jurisprudencia que nosotros hemos estudiado, es el Concejo quien tiene la potestad de suspender y sancionar por una falta administrativa, por una falta al deber de probidad”, dijo el frenteamplista.
Detalló que el caso no corresponde a un delito ni a una erogación de fondos públicos, sino a una falta administrativa vinculada al deber de probidad, por lo que no le corresponde a la Contraloría General intervenir, sino al órgano municipal.
Según el regidor, la actuación posterior del alcalde y de la presidencia del Concejo evidencian que sí existe conciencia de esa competencia, pues, de lo contrario, no habría existido interés en impedir que la moción de suspensión se conociera y se votara en firme durante la sesión.
“Si él realmente pensara que el Concejo no tiene la potestad para sancionarlo, habría dejado que la sesión siguiera. Pero por algo la cerraron (...) si no tuvieran nada que temer, no habrían hecho eso. Eso demuestra que nosotros tenemos la razón, porque cuando llegó el punto de la suspensión, cerraron la sesión para proteger al alcalde“, cuestionó Guadamuz.
Miranda alega que el Concejo carece de competencias para sancionarlo.
“El Código establece que el concejo y la alcaldía son órganos bifrontes. La pregunta aquí es más bien: ¿cuál partido político con sus asesorías políticas está dándole consejos a los regidores? Ya que el Concejo Municipal no tiene posibilidad de sanción sobre el alcalde“, cuestionó el alcalde josefino en declaraciones brindadas en setiembre pasado a este medio.
El 11 de diciembre pasado, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda rechazó un recurso de apelación presentado por el alcalde Miranda contra el acuerdo del Concejo Municipal que ordenó su suspensión por 15 días.
Los jueces de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa concluyeron que carecen de competencia para conocer el recurso y, en consecuencia, rechazaron de plano la gestión.
Cierre sin justificación
En cuanto a lo ocurrido en la última sesión del Concejo, Guadamuz cuestionó que la presidenta municipal la haya cerrado de forma abrupta, sin justificación pública, justo cuando se acercaba una modificación del orden del día para conocer la moción de suspensión.
Según relató, tras juramentaciones iniciales, se decretó un receso de 20 minutos y, al retomarse la sesión, esta fue cerrada de inmediato.
“Ella cierra la sesión sin ninguna justificación. Lo mínimo que se espera es que explique las razones, más aun cuando una sesión tiene costos y había muchos puntos pendientes”, reclamó el regidor, quien señaló que quedaron sin discutir dictámenes de comisiones y varias mociones, incluida una de su autoría sobre infraestructura vial en La Carpio.
En un comunicado emitido este martes tras el incidente, se señala la afinidad política de Zúñiga con Miranda.
Este martes La Nación buscó la versión de la presidenta municipal, Mariana Zúñiga, sin obtener respuesta a las llamadas y mensajes enviados.
¿Por qué habían suspendido al alcalde josefino?
Según había publicado La Nación el pasado 23 de setiembre, la Municipalidad de San José abrió un procedimiento administrativo contra el alcalde con motivo de un informe de la Auditoría Interna.
Según ese informe, el 21 de febrero del 2025, Diego Miranda, mediante el oficio N.° MSJ-ALCALDIA-618-2025, habría solicitado declarar desierta una licitación mayor para comprar 16 vehículos eléctricos, a pesar de que ya había sido adjudicada a la empresa Cori Motors de Centroamérica S. A., desde enero del 2024.
De acuerdo con el informe preliminar, el jerarca hizo la gestión sin ningún criterio técnico, financiero o legal, alegando que era “prioritario fortalecer la maquinaria operativa para mejorar la atención a las necesidades del cantón”.
Además, la Auditoría recalcó que Miranda se opuso a la adjudicación del contrato de estos autos eléctricos cuando era regidor, a principios del 2024.
El informe agrega que el actual alcalde participó activamente en las sesiones del Concejo y votó en contra de la adjudicación en varias ocasiones, aunque, en apariencia, reconoció en actas que la licitación debía ejecutarse.
Para la Auditoría, el que Miranda pidiera declarar desierta la contratación transgrede el acuerdo 1, artículo IV, de la sesión ordinaria 193 del Concejo Municipal josefino, celebrada el 16 de enero del 2024, día en que se aprobó el presupuesto para la compra de los vehículos y la adjudicación.
En octubre pasado, el Concejo josefino resolvió en sancionarlo con 15 días naturales, pero esta medida aún no ha sido aplicada.