El procedimiento administrativo se abrió el 26 de agosto con motivo de un informe de la Auditoría Interna. Según este documento, Miranda supuestamente envió un oficio a la Proveeduría Institucional para que este departamento recomendara declarar desierto un contrato por $830.000 (unos ¢427,4 millones) que ya estaba adjudicado.
Ante una consulta de La Nación, Miranda confirmó que ya fue notificado de la investigación en su contra; sin embargo, declaró: “Claramente no me puedo referir por el fondo, por dos razones: ni siquiera he podido revisar el expediente y dos, no puedo adelantar criterio sobre un tema que es confidencial”.
Alegó, además, que se trata de un “juicio político” que, más bien, le beneficia.
¿Qué se acordó investigar?
Según la Auditoría Interna, el 21 de febrero pasado, Diego Miranda, mediante el oficio N.° MSJ-ALCALDIA-618-2025, habría solicitado declarar desierta una licitación mayor para comprar 16 vehículos eléctricos, a pesar de que ya había sido adjudicada a la empresa Cori Motors de Centroamérica S. A., desde enero del 2024.
De acuerdo con el informe preliminar, el jerarca hizo la gestión sin ningún criterio técnico, financiero o legal, alegando que era “prioritario fortalecer la maquinaria operativa para mejorar la atención a las necesidades del cantón”.
Además, la Auditoría recalcó que Miranda se opuso a la adjudicación del contrato de estos autos eléctricos cuando era regidor, a principios del 2024.
El informe agrega que el actual alcalde participó activamente en las sesiones del Concejo cuando se discutió la licitación. Detalla que votó en contra de la adjudicación en varias ocasiones, aunque, en apariencia, reconoció en actas que la licitación debía ejecutarse.
Para la Auditoría, el que ahora Miranda esté pidiendo declarar desierta la contratación transgrede el acuerdo 1, artículo IV, de la sesión ordinaria 193 del Concejo Municipal josefino, celebrada el 16 de enero del 2024, día en que se aprobó el presupuesto para la compra de los vehículos y la adjudicación.
Para la Auditoría, esta conducta podría configurar un presunto incumplimiento del deber de probidad y la violaciones de varias disposiciones legales, contenidas en la Ley General de Contratación Pública, el Código Municipal, la Ley General de Control Interno y la Ley General de la Administración Pública. También, menciona una supuesta violación a la Constitución Política.
“Esta Auditoría Interna recomienda al Concejo Municipal de San José valorar la pertinencia de la apertura de un procedimiento ordinario, en apego al debido proceso, con el propósito de verificar la verdad real de los hechos expuestos en la presente relación de hechos, tendiente a determinar las eventuales responsabilidades que, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, correspondan o podrían desprenderse en contra del presunto responsable, licenciado Luis Diego Miranda Méndez“, se consignó en el oficio N.° 22-RH-A-2025.
Miranda: ‘Juicio político sin fundamento’
“El código establece que el concejo y la alcaldía son órganos bifrontes. La pregunta aquí es más bien: ¿cuál partido político con sus asesorías políticas está dándole consejos a los regidores? Ya que el concejo municipal no tiene posibilidad de sanción sobre el alcalde“, cuestionó el alcalde josefino.
“Como ya lo hicieron en años pasados cuando era regidor, parece más una cortina de humo y una especie de juicio político, sin ningún fundamento, promovido por los mismos de siempre ligados a los intereses políticos y económicos del arayismo (en relación al exalcalde Johnny Araya), pero esa movida tan ‘brillante’ no les va a durar nada, como sucedió en el pasado, más bien me hacen un favor”, añadió.
Este diario, a través del departamento de prensa del ayuntamiento, también le consultó sobre el estado actual de esa licitación, pues en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) no aparece como adjudicada; sin embargo, al cierre de esta edición, no se obtuvo una respuesta.
