Un grupo de regidores del Concejo Municipal de San José denunciaron que la presidenta de ese órgano, Mariana Zúñiga Pérez, dio por finalizada una sesión, de forma abrupta, impidiendo así que se conociera y votara la suspensión en firme del alcalde josefino, Diego Miranda.
El pasado 21 de octubre, el Concejo Municipal de San José acordó suspender a Miranda debido a una supuesta gestión indebida en torno a una licitación para comprar vehículos eléctricos.
“Una mayoría calificada del Concejo Municipal reafirma que nadie está por encima de la ley y reitera su compromiso con la transparencia, la correcta gestión pública y el respeto a los procedimientos administrativos”, dice el comunicado.
El documento señala la afinidad de Zúñiga con Miranda.
El pronunciamiento, firmado por diez de once regidores propietarios, indica que nueve ediles estarían solicitando al alcalde convocar una sesión extraordinaria el día 19 de febrero a las 1 p. m., con un punto único: conocer la suspensión.
Los regidores recordaron que la “inexistencia de un proceso pendiente en sede administrativa o judicial habilita plenamente la ejecución de la sanción adoptada originalmente”.
Los ediles que firmaron el documento son:
- Alexander Cano Castro (Liberación Nacional)
- Álvaro Salas Carvajal (Unidad Social Cristiana)
- Brandon Guadamuz Villalobos (Frente Amplio)
- Iztarú Alfaro Guerrero (Liberación Nacional)
- José Manuel Jiménez Gómez (Independiente)
- Juan Diego Gómez González (Más San José)
- Luis Murillo Cruz (Independiente)
- Rafael González Ovares (Independiente)
- Yorleny Karina Córdoba Moya
- Marco Ramirez Chan (Independiente)
El 11 de diciembre pasado, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda rechazó el recurso de apelación presentado por el alcalde Miranda contra el acuerdo del Concejo Municipal que ordenó su suspensión por 15 días.
Los jueces de la jurisdicción contencioso-administrativa concluyeron que carecen de competencia para conocer el recurso y, en consecuencia, rechazaron de plano la gestión.
La Nación intentó contactar a la presidenta del Concejo, Mariana Zúñiga, mediante llamadas y mensajes de texto, pero al cierre de esta edición no obtuvo respuesta.
¿Por qué lo habían suspendido?
Según había publicado La Nación el pasado 23 de setiembre, la Municipalidad de San José abrió un procedimiento administrativo contra el alcalde con motivo de un informe de la Auditoría Interna.
Según ese informe, el 21 de febrero del 2025, Diego Miranda, mediante el oficio N.° MSJ-ALCALDIA-618-2025, habría solicitado declarar desierta una licitación mayor para comprar 16 vehículos eléctricos, a pesar de que ya había sido adjudicada a la empresa Cori Motors de Centroamérica S. A., desde enero del 2024.
De acuerdo con el informe preliminar, el jerarca hizo la gestión sin ningún criterio técnico, financiero o legal, alegando que era “prioritario fortalecer la maquinaria operativa para mejorar la atención a las necesidades del cantón”.
Además, la Auditoría recalcó que Miranda se opuso a la adjudicación del contrato de estos autos eléctricos cuando era regidor, a principios del 2024.
El informe agrega que el actual alcalde participó activamente en las sesiones del Concejo y votó en contra de la adjudicación en varias ocasiones, aunque, en apariencia, reconoció en actas que la licitación debía ejecutarse.
Para la Auditoría, el que ahora Miranda esté pidiendo declarar desierta la contratación transgrede el acuerdo 1, artículo IV, de la sesión ordinaria 193 del Concejo Municipal josefino, celebrada el 16 de enero del 2024, día en que se aprobó el presupuesto para la compra de los vehículos y la adjudicación.
Según el informe preliminar, esta conducta podría configurar un presunto incumplimiento del deber de probidad y la violaciones de varias disposiciones legales, contenidas en la Ley General de Contratación Pública, el Código Municipal, la Ley General de Control Interno y la Ley General de la Administración Pública. También, menciona una supuesta violación a la Constitución Política.
“Esta Auditoría Interna recomienda al Concejo Municipal de San José valorar la pertinencia de la apertura de un procedimiento ordinario, en apego al debido proceso, con el propósito de verificar la verdad real de los hechos expuestos en la presente relación de hechos, tendiente a determinar las eventuales responsabilidades que, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, correspondan o podrían desprenderse en contra del presunto responsable, licenciado Luis Diego Miranda Méndez“, se consignó en el oficio N.° 22-RH-A-2025.