Un grupo de 54 docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR) manifestó su respaldo a la decisión de la Sala Constitucional relacionada con la elección de magistrados suplentes y rechazó el uso del concepto de “golpe de Estado” por parte de figuras del gobierno de Laura Fernández.
Los académicos dieron a conocer su posición mediante un pronunciamiento, en el cual expresaron preocupación por lo sucedido con la designación de magistrados suplentes, la resolución de la Sala Constitucional y las posteriores reacciones del Ejecutivo y del Partido Pueblo Soberano (PPSO).
“Manifestamos nuestro categórico rechazo al uso irresponsable del concepto de golpe de Estado, por parte de figuras políticas en el Poder Ejecutivo”, señalaron los docentes.
Según los firmantes, utilizar ese término para referirse a desacuerdos institucionales propios del funcionamiento de una democracia “desvirtúa su significado histórico y jurídico, deteriora la deliberación pública y puede contribuir a erosionar la confianza ciudadana en las instituciones democráticas”.
El abogado y profesor Alejandro Guevara, uno de los firmantes, explicó que el pronunciamiento responde, según su criterio, al deber de la academia de vigilar y respaldar las condiciones de la República democrática y del Estado de derecho.
Guevara aseguró que los académicos observan acciones que apuntan hacia una “erosión democrática” y mencionó entre ellas lo que calificó como “asfixia presupuestaria” del Poder Judicial y otros órganos, así como la negativa a votar las magistraturas suplentes de la Sala Constitucional.
Por su parte, la profesora Rosaura Chinchilla cuestionó el empleo de expresiones como “golpe de Estado” y “dictadura”.
“El uso inadecuado y reiterado de términos como ‘golpe de Estado’ y ‘dictadura’ (...) además de pretender una deslegitimación del Poder Judicial, tienen como efectos normalizar en la población su uso, para disminuir resistencias ante políticas autoritarias e impropias del Estado de Derecho”, afirmó.
Docentes respaldan decisión de la Sala Constitucional
El pronunciamiento también expresa un “enfático respaldo” a la reciente decisión de la Sala Constitucional sobre la elección de magistrados suplentes.
Los profesores consideran que la resolución representa el ejercicio de las funciones que la Constitución encomienda a ese tribunal y que protege garantías necesarias para los derechos fundamentales y la independencia judicial.
La Asamblea Legislativa ha fracasado en 11 rondas de votación para completar la designación de los nueve magistrados suplentes de la Sala Constitucional. En todas ellas, la bancada oficialista se ha negado a respaldar a alguno de los candidatos, lo que ha impedido alcanzar los 38 votos requeridos para efectuar los nombramientos.
El Congreso devolvió dos veces la nómina. La primera vez ocurrió el 10 de junio, cuando el PPSO aprobó una moción de orden con ese fin. Un mes después, el 15 de julio, la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, reiteró esa decisión.
Tras la primera devolución, la Corte Plena acordó devolver a los diputados la nómina intacta al argumentar que no se brindó un motivo para rechazar el listado.
Tras ese escenario, la Sala Constitucional emitió el jueves 30 de julio una sentencia con la que prorrogó el nombramiento de los magistrados suplentes cuyo período venció en diciembre de 2025 hasta que la Asamblea Legislativa designe a sus sustitutos.
Un día después, la presidenta de la República, Laura Fernández, calificó la resolución como un “golpe de Estado”. Ese mismo 31 de julio, en una comparecencia junto con la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, anunció la presentación de una querella por presunto prevaricato contra cuatro magistrados de la Sala Constitucional.
“Jamás cuatro magistrados usurpadores de la división de poderes y de la democracia van a poder imponerse a 31 diputados electos por el pueblo soberano. No vamos a permitir que sean pisoteadas las leyes de la República”, manifestó Fernández el 3 de agosto, a su salida de la Corte Suprema de Justicia, cuando presentó la querella.
En ese contexto, los docentes sostienen que una democracia constitucional no se limita al resultado de las elecciones ni al ejercicio de las mayorías políticas.
“La regla de la mayoría y el resultado electoral no agotan el contenido de la democracia constitucional”, señalaron. Afirmaron que las autoridades también deben someterse a la Constitución y respetar los controles institucionales y la separación efectiva de poderes.
Finalmente, los firmantes también reconocieron que las decisiones de los tribunales pueden ser objeto de análisis, discusión y crítica pública, pero sostuvieron que, mientras estén vigentes, corresponde a las autoridades y a la ciudadanía respetarlas y acatarlas, sin perjuicio de recurrir a los mecanismos institucionales para cuestionarlas.