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A 200 años de nuestra fundación como república libre e independiente, los costarricenses hemos interiorizado, de manera inaceptable, que nuestro país es excesivamente caro, y aceptamos sin reparo el «statu quo». Teorías hay muchas, pero una hipótesis digna de consideración es el elevado costo de financiar una serie de actividades ineficientes, públicas y privadas, privando al consumidor del derecho fundamental de elegir.
Comencemos por el Estado, cada vez más grande e ineficaz, intolerante a la medición y a la rendición de cuentas y, en algunos casos, opuesto a competir en un mercado abierto. El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), la Fábrica Nacional de Licores (Fanal) y, más recientemente, el sonado Consejo Nacional de Producción (CNP), se resisten a competir y obligan al costarricense a adquirir productos y servicios excesivamente caros y de cuestionable calidad. Las revelaciones del periódico «La Nación» en este aspecto son desgarradoras. Obligar a los estudiantes o privados de libertad a consumir productos vencidos o de mala calidad, pagando sobreprecios que todos financiamos con impuestos, raya en la inmoralidad.
Las tarifas eléctricas no son competitivas. Además, el ICE, siendo un simple operador, se arroga la potestad de decidir qué empresa subsiste y cuál no. ¿En qué país del mundo se toman decisiones conscientes, por motivos ideológicos, de dejar perder inversiones millonarias en energía renovable porque no se les permite a los operadores privados siquiera exportar, aunque produzcan energía más barata?
Igual camino lleva la modernización de la infraestructura de telecomunicaciones. El ICE se rehúsa a devolver las bandas necesarias para la tecnología 5G, pese a la instrucción directa del Poder Ejecutivo. ¿Cuánto le cuesta al país esa rebeldía? ¿Cuánto nos va a costar el rezago en la implementación del 5G, obligando al tico a consumir internet de baja velocidad con tecnologías obsoletas? ¿Cuánto en competitividad y en promoción de inversiones para atraer empleos de altísima calidad?
El caso de Fanal no puede ser más evidente. Se puede importar licor, favoreciendo a grandes empresas transnacionales, pero no se le permite al emprendedor local producirlo en el país. Así se protege un modelo de negocio que cuesta miles de millones de colones al año para financiar, con impuestos, las pérdidas acumuladas por esa institución. Abrir el mercado, dejar al empresario costarricense o extranjero crear toda una industria de licores con la denominación de origen de Costa Rica, sería de incuestionable valor. Habría inversión, creación de empleo, pago de impuestos y un incentivo a la producción nacional de caña de azúcar, por citar algunas ventajas.
Pasaríamos, en muy poco tiempo, de un ciclo de destrucción permanente de valor a un círculo virtuoso de dimensiones extraordinarias en muchas áreas. El ron Flor de Caña de Nicaragua, Brugal de República Dominicana, Zacapa de Guatemala y Matusalem, originario de Cuba, destruido por la revolución y ahora producido en República Dominicana, son ejemplos de lo que no puede hacer Fanal, pues ni siquiera logra producir utilidades. Con el extraordinario nombre de Costa Rica, un ron nacional podría competir mundialmente, al igual que ya lo hace nuestro café.
La refinadora que no refina y sus ilimitadas gollerías por cuenta de todos los costarricenses, no merece mayor detenimiento. El tema ya se ha discutido bastante. Lo incomprensible es que no haya reacción de la Asamblea Legislativa.
El reporte agregado sobre el conjunto de empresas estatales en el 2019, firmado por Rocío Aguilar, entonces ministra de Hacienda, y Pilar Garrido, ministra de Planificación y Política Económica, refleja una pérdida consolidada de ¢154.808 millones, casi $245 millones, financiados por los costarricenses con impuestos y tarifas ineficientes.
Carga tributaria. Pero esta es sólo una parte del problema. La enorme carga tributaria tiene, entre sus fines, financiar un Estado grande e ineficiente, y no necesariamente beneficiar a los más vulnerables y necesitados. El sistema tributario debería ser simple, eficiente, concentrado en pocos impuestos y con un balance positivo entre recaudación y costo de recolección. Hay aproximadamente 144 impuestos. Eso crea una serie de distorsiones en la economía. Las terminamos pagando todos, encareciendo el país de forma desmedida y promoviendo la informalidad.
Hay, por ejemplo, una gran cantidad de costarricenses que no pagan impuesto de renta al salario, pero a muchos se les practica una deducción hasta de un 15% de manera escalonada y todos debemos contribuir con un 9% a la seguridad social. La suma es de un 24% para el Estado y la seguridad social, pero, de paso, financiamos también al INA y al Banco Popular. ¿Es necesario este financiamiento directo, mensual, de dos instituciones sin rendición de cuentas? ¿O será mejor que el legislador decida si merecen fondos del Presupuesto Nacional año con año?
El costarricense también paga uno de los impuestos más elevados del mundo por la importación de vehículos, así como un impuesto a los combustibles que los coloca entre los más caros de la región. También debemos pagar el famoso marchamo, aunque nuestras carreteras son del tercer mundo. Adicionalmente, el transporte público rechaza toda forma de medición electrónica para determinar tarifas. Así se cierra un círculo en el área del transporte, público o privado, con la misma conclusión: carísimo.
Por otra parte, tener casa propia es una noble aspiración de todo ciudadano, pero en el camino abundan los obstáculos. Construir una vivienda pasa por comprar un terreno pagando, aproximadamente, un 3,5% de costos transaccionales, entre impuestos, timbres y tarifas de notario. Además, el trámite de los permisos de construcción pasa por la Setena, el INVU, las municipalidades y el Colegio de Ingenieros y Arquitectos.
Sumado a ello, el desarrollador debe obtener crédito en un sistema financiero excesivamente caro, pues hay impuestos o cargas parafiscales a la intermediación, como el 15% del encaje legal, más Conape, Infocoop y el peaje a las cuentas corrientes. Esos costos los terminamos pagando todos con mayores tasas de interés. Esas mismas distorsiones afectan tanto al empresario como a cualquier ciudadano necesitado de un préstamo para comprar casa o carro, o interesado en utilizar sus tarjetas de crédito u optar por créditos personales. El cobro del impuesto de renta sobre estas actividades debería de ser suficiente, pero el Estado también cobra una serie de cargas parafiscales para hacer transferencias a entidades cuya labor es cuestionable.
Y todavía falta añadir los impuestos municipales a la propiedad, recurrentes cada trimestre, y el impuesto anual a las casas de lujo. Conclusión: tener casa o carro es un asalto a mano armada. ¿Y la labor de Conape y el Infocoop? Deberían justificar su trabajo todos los años, y no simplemente recibir fondos, sin que medie un análisis profundo de nuestros legisladores de la conveniencia de seguírselos asignando.
Si finalmente entramos a analizar el consumo, tenemos un impuesto selectivo que grava desproporcionadamente los electrodomésticos y artículos electrónicos, bebidas y jabones, cuando ya se podría utilizar el IVA que proporciona mucho mayor trazabilidad. Y qué decir de los impuestos directos a los licores, cervezas y cigarrillos que fomentan el contrabando y la competencia desleal, en perjuicio del empresario honesto.
El impuesto al servicio en restaurantes eleva en un 10% la factura sin importar la calidad del servicio y si queremos tomar unas vacaciones, debemos pagar el impuesto del ICT en hospedaje local o el impuesto de salida y de tiquetes aéreos, si el viaje es al exterior. Ni para vacacionar hay tregua.
Hay una serie de impuestos que nacieron, al parecer, por falta de controles del Ministerio de Hacienda y que imponen tarifas haya o no creación de utilidades, por lo cual al final los paga el consumidor. Hoy, con el IVA generalizado y la factura electrónica, es factible eliminar una importante cantidad de impuestos, en particular los específicos y consolidarlos en el IVA.
Esta Asamblea Legislativa ha tenido grandes logros y uno de incuestionable valor sería la creación de un régimen tributario más simple y de fácil recaudación. Los desafíos de la reforma del Estado son enormes. Mientras tanto, parece fácil entender por qué Costa Rica es un país tan caro.
El autor es abogado y empresario.
