La renuncia del diputado Leslye Bojorges a su precandidatura presidencial por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y su separación temporal de la bancada legislativa no son suficientes. Para que la investigación que abrió la Fiscalía en su contra por presunto recibimiento de dádivas y tráfico de influencias avance sin trabas, es indispensable que el educador y legislador alajuelense permita el acceso irrestricto a sus cuentas bancarias y renuncie a la inmunidad que le otorga su cargo.
Las escuchas telefónicas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en el denominado Caso Richter revelan hechos sumamente graves. Según el informe policial, el congresista se aprovechó de su puesto para solicitar hasta cinco favores a funcionarios, al punto de intervenir en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para procurar que a un empresario autobusero no le suspendieran una de sus rutas.
En noviembre de 2023, en plena campaña de elecciones municipales, los agentes escucharon al diputado decirle a Jonathan Herrera González, administrador de la autobusera de barrio San José de Alajuela: “Oiga hermanito, vea, le quería pedir un favor”. Con ese tono de tal confianza, solicitó dinero para la entonces candidata del PUSC a la alcaldía de San Ramón, Gabriela Jiménez Corrales, quien resultó electa en los comicios de febrero del 2024.
El administrador le respondió: “Dígale que me llame, que me ponga un WhatsApp y yo le ayudo con eso”. Incluso, requirió entregar el dinero en efectivo para evitar dejar registros de transacciones en cualquier entidad bancaria, a lo cual el diputado, según el informe, no puso ninguna objeción. Es más, de acuerdo con el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), no hay registro de que el dinero supuestamente donado a la campaña de Jiménez fuera reportado al órgano electoral, como lo exige la ley.
De ahí surge la relevancia del levantamiento del secreto bancario de Bojorges. El informe del OIJ recomendó a la Fiscalía acceder a sus movimientos financieros para determinar si recibió dinero por sus gestiones. No bastan las declaraciones de inocencia; la rendición de cuentas debe ser total y sin reservas, especialmente cuando el autobusero al que le pidió el favor era investigado como presunto integrante de una banda dedicada al fraude registral, legitimación de capitales y falsedad ideológica.
La detención de Herrera se concretó en junio de 2024 en el Caso Madre Patria, grupo al que el director del OIJ, Randall Zúñiga, atribuyó, el día de los allanamientos, el robo de más de 100 propiedades, principalmente a extranjeros y adultos mayores.
El 23 de abril de 2023, cuando el fiscal general, Carlo Díaz, presentó a la Sala Tercera la petición para intervenir las comunicaciones, advirtió sobre las graves sospechas: “El grupo criminal recluta funcionarios públicos de distintas instituciones estatales con el fin de procurarse impunidad (filtración del Poder Judicial) y favorecimiento en sus intereses económicos y empresariales (filtración del Consejo de Transporte Público), logrando concesiones, permisos, o bien, desplazando a posibles competidores en el ámbito del transporte público”.
Por todo lo que ha trascendido en las conversaciones interceptadas, resulta prioritario que los diputados avancen en la aprobación de un régimen disciplinario para sancionar a congresistas que incumplan con el deber de probidad. Desde mayo de 2018, una reforma al artículo 112 de la Constitución Política permite retirar la credencial de un diputado si se comprueba una anomalía. Sin embargo, los legisladores deben aprobar una ley con los procedimientos para llegar a ese punto, lo cual, hasta ahora, no han hecho por falta de voluntad. Sin un marco normativo claro, los diputados pueden seguir usando su investidura como un escudo de impunidad.
Los 57 congresistas, incluido Bojorges, deben comprender que la percepción negativa sobre la Asamblea Legislativa es responsabilidad suya. La última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), en noviembre de 2024, mostró la calificación más baja que han recibido los actuales legisladores desde que iniciaron funciones, en mayo de 2022. En agosto de ese año fueron calificados con 5,5 sobre 10; en el último estudio, la nota cayó a 4,4.
Por patriotismo, respeto a la institucionalidad y, sobre todo, para exterminar viejas prácticas de políticos, es imprescindible que el pleno del Congreso tome acciones para aprobar el régimen disciplinario que le adeuda al país, a los electores.
Paralelamente, es prioritario que el diputado Bojorges allane el camino de la investigación judicial abriendo sus cuentas bancarias y renunciando a su fuero parlamentario. Es lo más consecuente que puede hacer un educador, un director de escuela que, en los últimos meses, ha reclamado ética y transparencia a otros legisladores y altos funcionarios desde el micrófono de su curul.
