La apelación de los abogados defensores no fructificó y 21 imputados del megacaso de fraude registral conocido como Madre Patria pasarán un año en prisión preventiva, confirmó este jueves el Ministerio Público.
Desde julio se les había impuesto la prisión preventiva, pero no quedó en firme debido a la apelación. Este 25 de setiembre, el Tribunal Penal de San José ratificó lo resuelto en la primera audiencia, por lo que continuarán tras las rejas 21 de los 40 investigados por los presuntos delitos de falsedad ideológica, uso de documento falso, estafa mayor, legitimación de capitales, procuración de impunidad y cohecho, dentro del expediente 22-005018-0042-PE.
El Tribunal sí revocó la suspensión del cargo impuesta a cinco policías de Tránsito y tres notarios, pero les mantuvo el resto de medidas cautelares diferentes a la prisión.
El único investigado que sí seguirá suspendido de su cargo, al menos hasta el 25 de diciembre próximo, es funcionario del Consejo de Transporte Público (CTP) de apellidos Rosales Apú. Este sospechoso también continuará suspendido del cargo y deberá mantener domicilio fijo, presentarse a firmar, y tendrá impedimento de salida del país.
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Este caso trascendió el 25 de junio, cuando se hicieron 47 allanamientos en Alajuela, Heredia, Cartago, San José y Puntarenas. Ese día, 35 personas fueron detenidas por sus vínculos con fraudes ejecutados en los últimos años, para apropiarse de bienes inmuebles y luego venderlos a terceros. Además, legitimaban el dinero obtenido comprando vehículos de alta gama e invirtiendo en criptomonedas y en servicios de transporte de pasajeros.
La aparente estructura criminal estaría comandada por dos españoles identificados con los apellidos Gómez González y León Muñoz, de 42 y 41 años al momento del arresto, respectivamente.
También fueron arrestados cuatro funcionarios judiciales: un juez de Desamparados, un técnico de archivo criminal, una técnica judicial del juzgado de La Unión y un técnico de la Defensa Pública. Estos funcionarios presuntamente colaboraban con la banda criminal mediante asesorías y facilitación de empresas para la legitimación de capitales.
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