La solicitud de apertura de cuentas se centra en el periodo comprendido entre noviembre del 2023 y febrero del 2024, luego de que una llamada intervenida al diputado socialcristiano evidenció que él solicitó dinero al empresario autobusero, Jonathan Herrera González, en favor de la alcaldesa ramonense, en el periodo en que ella hacía campaña para ese cargo.
Herrera González, de la autobusera del Barrio San José de Alajuela, es sospechoso de legitimación de capitales y descuenta prisión preventiva.
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Según el registro de la comunicación entre Bojorges y el autobusero, el diputado le dijo “oiga hermanito, vea, le quería pedir un favor”. Luego, le pregunta si existe posibilidad de que “le ayude a aquella muchacha Gabriela”.
“Me ayuda con eso por favor?”, le insistió el legislador. El administrador le respondió: “Dígale que me llame, que me ponga un WhatsApp y yo le ayudo con eso hoy mismo; bueno mañana mismo le ayudo con eso, que venga”.
En declaración pública, la alcaldesa Gabriela Jiménez admitió que los hoy detenidos por lavado de dinero le entregaron a ella una bolsa con monedas y alegó que Leslye Bojorges la embarcó. Jiménez dijo que la bolsa tenía menos de ¢100.000.
En la petitoria al Ministerio Público, los investigadores del OIJ explican por qué pidieron la apertura de las cuentas de las tres personas:
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Leslye Rubén Bojorges León: Por cuanto fue quien se encargó de solicitar el dinero en noviembre del 2023; asimismo, mantiene jerarquía sobre la investigada Jiménez Corrales, por lo que no se descarta que el dinero posteriormente haya sido remitido al investigado por algún medio bancario.
María Gabriela Jiménez Corrales: Se desplazó desde Santa Ramón hasta Alajuela para recibir el dinero solicitado por el diputado. Resulta importante identificar las transacciones posteriores a la recepción del dinero, principalmente pago de créditos, trasferencias, depósitos o cualquier otro.
Johnny José García Vargas: Resulta importante, en la presente investigación, identificar las transacciones bancarias realizadas por él; ya que, además de ser el esposo de la investigada Jiménez Corrales, es el dueño del contrato obtenido sobre la adquisición del vehículo utilizado por Jiménez Corrales el día que se trasladó a recibir el dinero.
