Dijo que tomó la decisión luego de conversar con su esposa e hijos y decidió que es momento de priorizar a su familia.
Bojorges, investigado por supuestamente solicitar dádivas a un empresario sospechoso de lavado de dinero, dijo que su decisión no responde a presiones externas ni intereses particulares, sino “al compromiso con Costa Rica y con miles de personas valiosas del PUSC”.
“Aunque he sido enfático y claro al demostrar que no he cometido ningún acto ilícito, entiendo que mi situación puede ser utilizada por algunos para desviar la atención de lo importante y convertir este momento en un espectáculo político que no beneficia a nadie”, aseguró el socialcristiano.
El lunes, el diputado también se había separado de la fracción del PUSC. En un mensaje dado a conocer este martes, agradeció profundamente a los líderes y personas que le dieron su confianza y apoyo.
“Incluso, me manifestaron que, de continuar con mis aspiraciones, ellos me continuarían apoyando. De verdad que ustedes me inspiran a nunca dejar de luchar por el país que todos amamos”, dijo el legislador.
Además, llamó a que el PUSC siga por el camino del diálogo y el espíritu de construcción. “Ojalá que la Unidad Social Cristiana atraviese un proceso en esa dirección”, acotó.
Luego de que el fiscal general, Carlo Díaz, le secuestró el teléfono celular al legislador del PUSC, el miércoles de la semana pasada, se reveló su implicación en una investigación derivada del expediente sobre fraude registral, legitimación de capitales y falsedad ideológica, denominado Caso Madre Patria. La nueva pesquisa se llama Caso Richter.
Aunque Bojorges negó haber recibido dinero de parte del sospechoso de lavado, las escuchas telefónicas indican otra cosa, según el OIJ.
A partir de las conversaciones detectadas, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) concluyó que Bojorges fue quien solicitó la ayuda financiera al sospechoso, en beneficio de la entonces candidata y actual alcaldesa de San Ramón, Gabriela Jiménez Corrales. El favor lo solicitó después de ayudar al empresario con gestiones ante el viceministro de Transportes, Carlos Ávila, para que no perdiera una ruta de bus.
Si bien la alcaldesa aseguró que fue el diputado quien la embarcó y que el sospechoso de lavado le dio una bolsa de monedas con menos de ¢100.000, el expediente judicial también contiene conversaciones donde se revela que ella acudió personalmente a recoger el dinero, en el plantel de la empresa de buses que administraba Jonathan Herrera González, quien hoy descuenta prisión preventiva por legitimación de capitales y fraude registral.
Adicionalmente, en la extensión de la investigación que hizo la Fiscalía General, se determinó que Bojorges se reunió varias veces con Lourdes Sáurez, jefa de la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) del Ministerio de Educación Pública (MEP).
En las llamadas escuchadas por el OIJ, se reveló que ambos trataron de evitar cualquier rastro de sus reuniones, porque el diputado Ariel Robles, del Frente Amplio (FA), estaba siguiendo los pasos de diputados que estaban presuntamente solicitando favores, como nombramientos de familiares, en el MEP.
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