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Alguien debió de haber calumniado a Josef K., porque sin haber hecho nada malo, una mañana fue detenido. Así comienza El proceso, de Franz Kafka, y así podría comenzar también la historia de cualquier ciudadano atrapado en las fauces de un sistema judicial que ha perdido toda noción del tiempo y de la proporción. No importa si Josef K. era inocente o culpable; lo que Kafka denunciaba era la maquinaria misma, ese laberinto de pasillos húmedos y funcionarios indescifrables que devora la vida de quien entra en él, sin ofrecer jamás una salida legible.
Veinticinco años. Un cuarto de siglo. Un niño que nació cuando se abrió el caso INS-Reaseguros hoy probablemente tiene un título universitario, hijos o una hipoteca. En ese mismo lapso, el sistema judicial mantuvo abierta una herida procesal que supuró pruebas, aplazamientos, recusaciones y recursos hasta desembocar en una absolución y una condena paradójica: el Estado deberá pagar cerca de $3 millones en costas e indemnización. El acusado fue absuelto; el contribuyente, condenado.
Lo que interesa del caso del expresidente Miguel Ángel Rodríguez es preguntarnos: ¿qué clase de justicia es aquella que necesita 25 años para pronunciar una sentencia? Una justicia que tarda tanto en resolver ya no dice nada. Se convierte, como los tribunales kafkianos, en un ritual vacío cuyo único producto tangible es el sufrimiento de quienes quedan suspendidos en su limbo.
El caso expone al menos tres patologías graves. La primera es la lentitud estructural, esa incapacidad crónica del aparato judicial para resolver en plazos razonables. Cuando un proceso se extiende más allá de toda proporción humana, la verdad se degrada, los testigos mueren o se mudan, la memoria se corrompe, los documentos se extravían. La justicia tardía no es justicia; es arqueología forense practicada sobre los huesos de un conflicto que ya nadie recuerda con claridad. Ya lo escribió Piero Calamandrei en su Elogio de los jueces: “El proceso es de por sí una pena que jueces y abogados deben abreviar haciendo justicia”. En Costa Rica, se hace lo contrario.
La segunda patología es la irresponsabilidad disfrazada de debido proceso. Tres millones de dólares no son una abstracción contable: son escuelas sin construir, policías sin contratar, tratamientos médicos sin financiar, becas que nunca se entregarán. Cuando el Estado pierde un caso tras décadas de litigio ineficiente, pierde legitimidad. El ciudadano que observa este desenlace aprende la lección corrosiva de que el sistema puede arruinarle la vida y también enviarle la factura.
La tercera es la ausencia de rendición de cuentas. ¿Quién responde por un cuarto de siglo de proceso estéril? ¿Qué fiscal, qué juez, qué jerarca institucional asume la responsabilidad de haber sostenido durante un cuarto de siglo una acusación que terminó en nada? En el universo de Kafka, los funcionarios del tribunal son figuras anónimas, intercambiables, protegidas por la opacidad del sistema. En Costa Rica, la realidad no parece demasiado distinta.
Kafka nunca terminó El proceso. El manuscrito quedó inconcluso, como si el propio autor comprendiera que un sistema así no tiene desenlace posible, solo variaciones infinitas de la misma pesadilla burocrática.
Costa Rica, sin embargo, no puede darse el lujo de la literatura inconclusa. Necesita reformas concretas: plazos máximos efectivos, consecuencias reales para la dilación injustificada y mecanismos de control que impidan que un expediente se convierta en una condena perpetua sin sentencia.
Este caso debería obligarnos a mirar más allá del nombre propio. Hoy fue un expresidente, pero también hay otros funcionarios, víctimas, trabajadores y ciudadanos no mediáticos atrapados en este laberinto que hemos normalizado llamar justicia.
