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Luego de lo ocurrido el 11 de setiembre de 2001, el coronel Charles Dunlap Jr., de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, unió dos palabras para denominar una nueva realidad: law, la ley, y warfare, la guerra. De esa fusión nació lawfare, la guerra jurídica, o bien, el uso del derecho y del sistema de justicia como arma para liquidar al enemigo. Aquí no hay balas, sino palabras y narrativas. Una práctica antigua como las civilizaciones, modernizada para el siglo XXI.
Después de 2001, mientras estos esquemas se expandían en distintos países de la región, Costa Rica experimentaría su propia versión. Dunlap pensaba en países en guerra. No imaginó que esa misma lógica se empleara, con calculada frialdad, contra un expresidente costarricense durante un cuarto de siglo. Nunca imaginó que transformaría democracias en arenas de batalla jurídica.
El caso contra el doctor Miguel Ángel Rodríguez Echeverría es un manual criollo de lawfare, donde algunos se subieron a ese carruaje a costa del expresidente. Nunca importó la sentencia. Lo que importó fue el proceso: sentarlo en el banquillo, asfixiarlo en la incertidumbre y sacarlo del tablero político. El expediente es testigo mudo de prueba espuria, acusaciones sin sustento y funcionarios que convirtieron la persecución en una carrera política sin escrúpulos.
Desde tiempos de Roma, “justicia” y “Júpiter” comparten raíz latina en el “jus”: lo que es debido. Para los romanos, no era solo un procedimiento; era el equilibrio cósmico del dios supremo. Cuando ese equilibrio se pervertía para servir agendas ajenas, el rayo de Júpiter resolvía. En Costa Rica, se esperó 25 años. Cuando cayó el rayo –con la absolutoria– lo hizo sobre un hombre que ya había pagado un precio que sus acusadores no tenían derecho a cobrarle.
El lawfare no requiere condena. Mata antes, con la lentitud del proceso, con las gestiones sin sentido, en la vejez bajo el peso de una imputación sin prueba. El ciudadano Rodríguez soportó ese tormento con una dignidad excepcional –y con las agallas–, que sus perseguidores jamás podrán tener. Ganó un recurso de amparo ante “la Constitucional” por violación al principio de justicia pronta y cumplida, pero eso nunca importó. Cuando empezó el juicio, los acusadores anunciaron que apelarían inmediatamente. Pasó el debate sin testigos, sin documentos, sin prueba material de ninguna naturaleza. Todo fue una mampara.
¿Hasta cuándo, señores del Poder Judicial? ¿Hasta cuándo, señores de la Asamblea Legislativa? Si existe voluntad real de reforma judicial profunda, que se empiece por garantizar que esto no vuelva a ocurrir a ningún otro costarricense.
Este caso tiene todos los indicadores de lawfare:
Ganancia política. Este esquema tiene siempre autores intelectuales con motivaciones que no son justas. La persecución de Rodríguez coincidió con años de mayor ambición política de quienes la impulsaron. Apostaron su capital político a la narrativa de su culpabilidad. La absolutoria y el tesón de mi representado los dejaron sin argumento ni relato político alguno.
Asimetría en los recursos: Más de ¢5.000 millones para sostener una narrativa que la absolutoria desnudó completamente. Solo en abogados, se pagaron aproximadamente ¢3.750 millones. Las traducciones costaron más de ¢107 millones. El gasto documentado supera los ¢5.000 millones en valor presente. Es una confesión tácita de los impulsores: el monto disputado fue una fracción ínfima de lo que costó la persecución estatal. En el lawfare, la desproporción presupuestaria es su estrategia fundamental.
Amplificación mediática: El lawfare requiere un relato poderoso. En Costa Rica, funcionarios de la Fiscalía e INS, en varios gobiernos, trabajaron en asocio con medios noticiosos implementando metódicamente la narrativa de culpabilidad. La presunción de inocencia –raíz del ‘jus’ romano y fundamento de toda civilización jurídica– fue la primera víctima. Fue vilipendiada sistemáticamente.
Una absolutoria después de 25 años no es un triunfo. Se parece más a una cicatriz que marca toda una vida. La reputación no se devuelve por sentencia.
Lo que Costa Rica necesita es mirarse en este espejo y admitir que algo profundamente grave ocurrió en su sistema de justicia. El “enemigo” sobrevivió, pero la República perdió su dignidad institucional. Todo esto se llama lawfare. Y duró 25 años.
Cristian M. Arguedas A. es abogado defensor del expresidente Miguel Ángel Rodríguez Echeverría.
