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El expresidente Miguel Ángel Rodríguez Echeverría (1998-2002) fue absuelto por peculado en el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, por el caso Reaseguros, por hechos denunciados hace 25 años.
El caso se refiere supuestos pagos indebidos, hechos por empresas reaseguradoras del Reino Unido a funcionarios públicos en el 2001, para convertirse en las compañías reaseguradoras del Instituto Nacional de Seguros (INS).
En esta causa, además del exmandatario Rodríguez, figuraban el exjefe de Reaseguros del INS, Álvaro Antonio Acuña Prado (73 años); Ronald Bonilla Rodríguez, exjefe de Reaseguros del Instituto Costarricense de Electricidad y dos exfuncionarios del ICE, Antonio Corrales Moya y Ramón Lara Molinari. Todos absueltos por el delito de peculado.
Dicho delito ocurre cuando funcionarios públicos sustraigan o distraigan dinero o bienes cuya administración, percepción o custodia le fue confiada en razón de su cargo. El peculado está tipificado en el artículo 361 del Código Penal, se pena con cárcel de tres a 12 años.
Al razonar las absolutorias, la jueza Mercedes Muñoz argumentó que, tras el análisis de la prueba, se determinó que los dineros girados a los funcionarios acusados eran recursos privados, de las reaseguradoras y, por lo tanto, “es imposible que se cometa el delito de peculado”.
La juzgadora explicó que, en la negociación de reaseguros, era frecuente que los corredores y las reaseguradoras otorgaran capacitaciones a los funcionarios del INS o del ICE, y esto incluía el pago de boletos aéreos, hospedajes, matrículas a convenciones, entre otros.
“Esta plata, claramente, sale de fondos privados de las aseguradoras y de los corredores. Este criterio del Tribunal coincide con los reiterados informes que constan en el expediente, emitidos por la Contraloría General de la República de previo a que se formularan las acusaciones. (...) Los dineros con ocasión de un contrato para un reaseguro que llegan a las empresas reaseguradoras o a los honradores son fondos privados, bajo ninguna circunstancia pueden considerarse fondos públicos”, argumentó.
El caso Reaseguros: una extensa cadena de atrasos
El caso de reaseguros del INS acumula más de dos décadas de investigaciones, apelaciones y retrasos judiciales. La causa se originó por presuntos pagos indebidos vinculados con la contratación de reaseguros internacionales por parte del Instituto Nacional de Seguros (INS) entre finales de los años noventa e inicios de los 2000.
La investigación se dividió en dos expedientes. Uno aborda el aparente pago de $2,1 millones que habría realizado la reaseguradora londinense PWS entre 1998 y 2002, mientras que el otro se relaciona con supuestas comisiones y viajes financiados por las corredoras Guy Carpenter y Willis Re durante el 2001. Ambos expedientes fueron acumulados en agosto del 2013.
Además del expresidente Miguel Ángel Rodríguez, la causa involucró a exjerarcas y exfuncionarios del INS, el ICE y familiares de algunos de los imputados. La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) sostiene que los acusados habrían incurrido, presuntamente, en el delito de peculado.
El recorrido judicial ha estado marcado por múltiples obstáculos pues el Juzgado Penal se tardó 12 años y siete meses en la fase preparatoria.
En el 2013, un juzgado dictó sobreseimiento a favor de los imputados tras considerar ilegal el uso de pruebas bancarias provenientes de Panamá, Estados Unidos y Reino Unido. Sin embargo, un Tribunal Penal anuló esa resolución en el 2014 y ordenó retomar el proceso, aunque mantuvo la exclusión de dichas pruebas.
Posteriormente, el caso fue enviado a juicio en varias ocasiones, pero las decisiones fueron anuladas o impugnadas. En el 2015 se ordenó elevar la causa a debate, resolución que fue anulada en el 2016 tras una recusación presentada por la defensa. Un año después, en diciembre del 2017, nuevamente se dispuso enviar el expediente a juicio y, finalmente, en junio del 2018, el Tribunal Penal de Hacienda confirmó esa decisión.
Aunque inicialmente se programó el juicio para desarrollarse entre enero y mayo del 2021, la convocatoria fue suspendida debido a la pandemia de covid-19 y a la detección de 4.809 folios en inglés que debían traducirse al español. Ese proceso de traducción, afectado incluso por la renuncia de un traductor designado, prolongó aún más la causa.
En febrero del 2022, la Sala Constitucional acogió un recurso de amparo presentado por el expresidente Rodríguez y condenó al Estado (Poder Judicial) a tomar las medidas pertinentes para que “el proceso del tutelado sea tramitado de manera expedita”.
Finalmente, el juicio empezó en agosto del 2025 y concluyó este viernes, 25 años después de la apertura del expediente.
