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Un voto reciente de la Sala Primera confirma que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no puede tasar las cuotas de un trabajador independiente a partir de su declaración de renta. Es un nuevo capítulo en la práctica que ha convertido a miles de trabajadores independientes en sospechosos retroactivos de su vida laboral.
El Poder Judicial estableció que, si bien la Caja puede pedir la declaración de renta como parte de la investigación, esa cifra es apenas un indicio, no una verdad absoluta. La diferencia no es un tecnicismo: las cuotas de los independientes no se calculan sobre los ingresos reales, sino sobre el ingreso de referencia que la propia Junta Directiva fija con base en estudios actuariales. Dicho de otro modo: la Caja no puede ser, como ha pretendido, una segunda Tributación.
La evasión de cargas sociales es un problema real. Cada cuota no pagada termina pesando sobre otro asegurado, y la sostenibilidad del Seguro de Salud y del IVM no es asunto menor. Nadie debería leer este fallo –ni este editorial– como una absolución a quienes ocultan ingresos deliberadamente. Pero entre combatir la evasión y construir una maquinaria que presume mala fe en cada ciudadano hay una distancia que la CCSS lleva años sin medir, y los números (¢457.000 millones en morosidad acumulada) prueban que la estrategia actual no funciona ni para la institución ni para el país.
El problema no es solo el caso concreto resuelto por la Sala; es el sistema completo. Un trabajador independiente que quiere ponerse al día no puede simplemente inscribirse en el sitio web institucional, declarar su ingreso real y empezar a cotizar desde hoy.
Antes, debe sobrevivir a la entrevista de un inspector que lo recibe presumiendo que ese ciudadano es, cuando menos, un defraudador en potencia, e inicia una investigación de oficio de todo el pasado comercial y laboral de ese ciudadano.
El resultado, documentado por este diario en múltiples reportajes, son cobros retroactivos de hasta diez años y facturas de hasta ¢100 millones para gente que muchas veces ni sabía que debía afiliarse, o cotizaba por debajo de lo que la Caja decidió que correspondía.
Esa lógica de asumir que esa persona percibe el salario mínimo de su ocupación, o de inferir ingresos a partir de las declaraciones de renta y aplicarla retroactivamente durante una década o más, no recauda más: ahuyenta. Convierte la formalización en una ordalía y empuja a la informalidad a quienes pagarían su cuota si ponerse en regla no significara asumir una deuda de un pasado que la propia Caja toleró sin reclamar.
La amnistía aprobada mediante Ley 10.604, para perdonar multas, recargos e intereses, pero sin tocar el principal adeudado, y que vence en setiembre próximo, debería ser la salida natural para miles atrapados en esa trampa. Pero la propia CCSS la ha hecho casi inaccesible.
La institución, que demoró meses en reglamentar la ley, impone trabas que rayan en el absurdo, como exigir que quienes optan por el pago directo, sin arreglo de pago, deban pagar en efectivo o tarjeta de crédito presencialmente en oficinas centrales, en pleno 2026, cuando cualquier banco o comercio permite un depósito o transferencia. Si el objetivo es que los ciudadanos se formalicen, cada obstáculo así lo contradice.
Algo similar sucede cuando se quiere registrar una nueva empresa como patrono. El trámite demora semanas, principalmente porque incluye la visita del inspector que llega, nuevamente, presumiendo que existe algo oculto y que su labor es encontrarlo. Y si no lo encuentra en inconsistencias en los salarios de los empleados, dirige sus armas contra el representante legal a título personal. Si el representante no está en la misma planilla de la empresa (aunque no trabaje para ella), entonces se revisará todo su historial hasta encontrar algo que cobrarle, y dejarle también un traslado de cargos.
Estas prácticas desincentivan justamente lo que el país necesita: que el ciudadano se atreva a formalizar un negocio, a contratar con todas las de ley, a declarar lo que gana. Si cada paso hacia la formalidad puede convertirse en una deuda desproporcionada, muchos optarán por quedarse en la sombra, lo contrario de lo que la seguridad social necesita para ser sostenible.
La CCSS parte siempre del mínimo común denominador: todo nuevo afiliado es culpable hasta que demuestre lo contrario. Esa presunción no es solo injusta; es ineficaz, como lo demuestra la montaña de deuda que ninguna amnistía ha logrado reducir de forma sostenida.
Así las cosas, la Caja tiene dos caminos. Puede continuar apostando por la presunción de culpa, los cobros inflados y los trámites desalentadores y, así, seguir acumulando morosidad y condenas en los tribunales. O puede entender que la seguridad social se financia con afiliados, no con litigios, y que el mejor inspector no es el que encuentra deudas del pasado, sino el que evita que alguien decida quedarse fuera del sistema. Esperamos que el fallo de la Sala Primera sea, esta vez, el principio de esa conversión.
