Editorial

Editorial: Tres campanadas

Tres casos recientes de narcotráfico y lavado de dinero deben servir de alerta sobre la vulnerabilidad del Estado y el crecimiento del negocio ilícito

Catorce funcionarios del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) destacados en el Pacífico central están bajo investigación por ayudar a una banda de narcotraficantes a ganar, como mínimo, 17 licitaciones, valoradas en ¢700 millones. La ganancia de los servicios prestados a la empresa estatal es lo de menos, porque el fin último es lavar el dinero proveniente del trasiego de drogas, dice la policía.

El hecho demuestra un alto grado de sofisticación y un flujo apreciable de ingresos. Nadie monta una operación de esa magnitud para blanquear una minucia. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) relaciona la banda con el tráfico nacional e internacional de estupefacientes, al grado de necesitar una operación de blanqueo de capitales.

La organización, liderada por cuatro extranjeros, creó dos empresas para desarrollar obras públicas en cantones costeros, así como en Orotina, e implicó a funcionarios vinculados con la adjudicación de licitaciones, planeamiento de obras, confección de carteles y adjudicación de contratos. Esos funcionarios redactaban los documentos de participación, acomodaban las licitaciones y ofrecían información de otros participantes.

Además de los empleados del AyA, el OIJ detuvo a uno del Banco Nacional y a otras 12 personas, en 37 allanamientos. Esos números, por sí solos, reflejan la complejidad de la operación, bautizada caso Azteca, pero el empleo de la obra pública como mecanismo de lavado llama particularmente la atención y debería servir como señal de alarma.

No es la única. En el llamado caso Darwin, cinco detenidos invirtieron ¢2.914 millones, aproximadamente, en 41 vehículos y 41 propiedades con un área total de 540 hectáreas en la zona sur. Fincas agrícolas, carros de doble tracción, equipo para trabajar en el campo, cuadraciclos y hasta buques figuran en el inventario.

Según el OIJ, los detenidos operaban en las costas del Pacífico sur y central. También comparten con el caso Azteca los vínculos con funcionarios del Estado. El presidente municipal de Corredores, entre otros, fue investigado como sospechoso de facilitar permisos a miembros de la banda.

Quizá el mejor ejemplo del patrón descrito es el grupo liderado por Luis Cartín Herrera, de acuerdo con las autoridades. La organización también es investigada por traficar cocaína y luego lavar las ganancias mediante la construcción de obras y participación en licitaciones. Como en los demás casos, el grupo procuró establecer contactos con el Estado y lo logró en grado superlativo.

Dirigentes de la organización visitaron la Asamblea Legislativa unas 30 veces, se reunieron con varios diputados y consiguieron apoyo para sus gestiones ante el Instituto Costarricense de Turismo, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), entre otras instituciones. Planeaban desarrollar un proyecto turístico en Limón y viviendas en Corredores y Esparza. Los miembros de la organización invirtieron por lo menos $20 millones (¢12.500 millones) en propiedades en Escazú, Santa Bárbara, Alajuela y Limón.

Entre los tres hay diferencias de escala, pero los factores en común dibujan un panorama alarmante. Las tres operaciones eran suficientemente grandes para requerir estrategias de legitimación de capitales. Las tres consiguieron ese objetivo y, para lograrlo, en algún momento procuraron contactos dentro de las instituciones públicas. Lo hicieron con asombrosa y preocupante facilidad. El país debe despertar ante esta realidad.