Editorial

Editorial: Visitas interesadas

Alarma saber que hubo, cuando menos, 30 visitas a 13 despachos en la Asamblea Legislativa de cabecillas de una sofisticada y poderosa banda de narcotraficantes. Preocupan, también, las explicaciones dadas con toda candidez por los legisladores visitados.

Para promover la construcción de viviendas de interés social existen un ministerio y un sistema financiero especializado. Su labor puede ser objeto de escrutinio y crítica, pero siempre debe ser técnica, ajena a la influencia política. A la Asamblea Legislativa le corresponde aprobar presupuestos y leyes para orientar el esfuerzo estatal en ese campo. También, ejercer control, como lo hace sobre el resto del Estado.

Esa labor se cumple en el marco de la institucionalidad y no por gestiones individuales de los diputados. Los legisladores no sustituyen a los encargados de tomar decisiones en este y otros ámbitos. Cuando se involucran en proyectos concretos, las oportunidades para la corrupción y el mal uso de los recursos públicos se multiplican.

Por eso, alarma saber de, cuando menos, 30 visitas a 13 despachos de la Asamblea Legislativa de cabecillas de una sofisticada y poderosa banda de narcotraficantes. Preocupan, también, las explicaciones dadas con toda candidez por los legisladores visitados. Óscar Cascante, de la Unidad Social Cristiana, dijo sentirse engañado. Hizo gestiones, por solicitud de los investigados, en favor de proyectos de vivienda social en Corredores y Esparza. Con toda naturalidad, justifica las conversaciones en la sede legislativa porque los cabecillas de la banda son propietarios de la empresa desarrolladora.

Pero ese es el problema, se trate de narcotraficantes interesados en lavar dinero mediante una empresa constructora, como sostiene el Organismo de Investigación Judicial, o de un empresario exclusivamente dedicado a la construcción. Un diputado puede identificar una necesidad en las comunidades que representa y abogar ante las autoridades por la solución del problema. Esa es una faceta de su labor de representación; sin embargo, no le corresponde representar al desarrollador, siquiera de forma transitoria, ni proponer soluciones a instancia de parte.

El también socialcristiano Erwen Masís recibió en su oficina a uno de los detenidos porque se presentó como desarrollador interesado en un proyecto de vivienda con fines sociales en Upala. Por lo visto, los legisladores no tienen claro su papel, pese a los muchos años de esfuerzos para excluir las influencias políticas de las decisiones en el sector de la vivienda.

Eduardo Cruickshank, de Restauración Nacional, recibió a los cabecillas porque querían exponer un plan hotelero mediante el cual generarían empleos en Limón. La Municipalidad tenía objeciones, y cuando los asesores del diputado las examinaron las encontraron justificadas.

La pregunta es si un legislador debe interesarse, individualmente, por un negocio de esa naturaleza y cómo distinguir si sus motivaciones son nobles. La ley establece incompatibilidades y prohibiciones no porque presuponga que todos, o siquiera la mayoría, sean capaces de actuar con desapego de la ética, sino para evitarlo. Por la misma razón, los legisladores deben abstenerse de parecer agentes de intereses particulares aunque la ley no establezca una prohibición en el caso concreto.

La restauracionista Mileyde Alvarado atendió a los sospechosos a instancia de dos representantes del grupo Pro Guanacaste Integrado, para tratar asuntos sociales de Liberia, pero no especificó si había de por medio algún negocio de la organización sospechosa, como ocurrió en los demás casos. En ninguna otra instancia se sabe de una gestión exclusivamente altruista de los detenidos.

La independiente Zoila Volio atribuyó el registro de una visita a su despacho a un error de los encargados de hacer la anotación. Para mayor explicación, adujo que no es diputada por Puntarenas, donde los sospechosos pretendían desarrollar proyectos, ni tiene interés en el sector inmobiliario.

La naturalidad con que se describen los contactos y gestiones aconseja una urgente revisión. No importa el resultado de las conversaciones ni, en este caso, el desconocimiento de los vínculos de los asiduos visitantes con el narcotráfico. Hay circunstancias en que la única intervención del legislador debe ser el señalamiento de la autoridad apropiada para efectuar el trámite. En la mayoría de los casos, si el interesado llegó al punto donde el diputado debió hacérselo ver, llegó demasiado lejos.

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