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El miércoles pasado se produjo un nuevo episodio en la saga de anuncios y rectificaciones que ha acompañado la donación y colocación de dos sistemas de escáneres antidrogas donados por el Gobierno de Estados Unidos. Consistió en “inaugurar” su colocación en los puertos de Caldera y la terminal Gastón Kogan, en Limón. Si usamos las comillas, es porque falta algo más para que entren en funcionamiento: ser calibrados, y esto, según el anuncio oficial, tomará alrededor de dos semanas. Entonces sí podría hablarse de genuina inauguración, siempre que no haya algún otro retraso.
La ceremonia oficial se realizó en la primera de esas terminales. Allá se trasladó la usual parafernalia que acompaña la puesta en escena presidencial de cada miércoles. Además de los discursos de Chaves y otros representantes del gobierno, la encargada de negocios estadounidense, Jennifer Savage, también usó la tribuna y dejó en claro algo interesante. “Este es un esfuerzo integral liderado por la Embajada –afirmó–, con el firme propósito de bloquear el ingreso de drogas al país y, así, garantizar la seguridad de ambos pueblos”.
Lo lógico y transparente habría sido postergar la actividad e inaugurar obras listas para su entrada en operación. Sin embargo, como a partir del 1.° de octubre, inicio oficial de la campaña política, rige la prohibición del Código Electoral a la propaganda gubernamental, el acto no se habría podido convertir en una puesta en escena mediática.
Esta es la razón por la cual, durante los últimos días, el gobierno se ha lanzado en una carrera contra el tiempo para inaugurar –en la realidad o la fantasía– cuantas obras le sea posible. Incluso, llegó al extremo de violar la autonomía de la Municipalidad de Naranjo, y conectar, contra su voluntad, el suministro de agua a un proyecto de vivienda que puede afectar la disponibilidad para otros vecindarios.
De haberse postergado la inauguración de los escáneres, también se habría reducido –por menor despliegue publicitario– la proyección de las falsedades reiteradas allí por Chaves y su ministro de Agricultura, Víctor Carvajal, contra la Contraloría General de la República. Ambos faltaron a la verdad, cosa que han hecho antes, al señalarla como culpable de los retrasos para la adquisición de otros escáneres por parte del gobierno. La verdad es totalmente distinta, y la institución se vio obligada a aclararla el jueves, con inusitado vigor, mediante un comunicado de prensa en el que los acusa de mentir.
Los retrasos a que se refirieron ambos funcionarios se deben a que, a pesar del financiamiento disponible desde 2020, el actual gobierno se empeñó en saltar sobre los procedimientos administrativos y designar “a dedo” –utilizando a Radiográfica Costarricense como intermediaria– la compañía que los adquiriría e instalaría. Incluso, ignoró las advertencias sobre la ilegalidad del procedimiento emitidas por Contraloría el 20 de diciembre de 2023. Tampoco prestó atención a que, según informes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), miembros de un grupo que exportaba cocaína se habían jactado de tener influencia en el proceso.
La donación de Estados Unidos es algo aparte, pero que pasaran más de nueve meses desde su llegada hasta la instalación, todavía incompleta, también revela evidentes fallas solo atribuibles al Ejecutivo.
Los dos sistemas fueron recibidos oficialmente el 20 de noviembre, en un publicitado acto oficial, con la participación del presidente Chaves; la embajadora de entonces, Cynthia Telles, y el ministro de Seguridad, Mario Zamora. Este declaró que ese día se estaba “haciendo historia”. La víspera, su colega de Hacienda, Nogui Acosta, había dicho que la entrega de ambos sistemas sería completa, y que solo faltaban unos drones.
Llegaron los drones y la parálisis siguió. En junio, cuando La Nación consultó sobre los retrasos en la instalación, Seguridad reconoció que faltaba concluir la construcción de infraestructura complementaria. En una entrevista, al mes siguiente, Zamora dijo que algunas partes de su “cerebro tecnológico” no estaban incorporadas aún a los equipos. También reconoció que, por sí solos, los escáneres no generan “un alto nivel de seguridad”. Fue algo muy distinto a lo proclamado por el presidente al colocar los de Moín, el 29 de noviembre de 2023, con el hiperbólico nombre de “Operación Soberanía”.
Pareciera que, al fin, está pronta a concluir la segunda parte de este serial; es decir, la instalación plena, siempre que la calibración en Caldera y la terminal Gastón Kogan sea precisa. Quedan pendientes los que deberán colocarse en puestos fronterizos. Habrá que esperar con paciencia, y prepararnos, hasta el 8 de mayo, para nuevas excusas, acusaciones infundadas y traslados de culpa. Han sido elementos permanentes del libreto gubernamental.
