La intervención del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) en Naranjo, para garantizar agua potable al proyecto habitacional La Esperanza, provocó este sábado un reclamo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), que acusa al Gobierno de violentar la autonomía municipal y actuar al margen de procesos judiciales en curso.
En un comunicado, el AyA sostiene que dicha entidad y el Gobierno Central actuaron dentro de sus competencias legales y constitucionales para garantizar un derecho fundamental. Sin embargo, autoridades locales advierten que la lo ocurrido este sábado sienta un precedente riesgoso para la seguridad jurídica y la institucionalidad municipal.
El AyA confirmó en ese documento, que este 20 de setiembre instaló la interconexión en la tubería existente para abastecer a 120 familias del proyecto, tras revisar la documentación técnica y verificar que la zona cuenta con suficiente recurso hídrico sin afectar a los más de 12.000 habitantes del casco central.
“La institución no puede permitir que el agua se utilice como un cheque de cambio. El agua es un derecho constitucional y, como ente rector, el AyA debe garantizarlo a la población”, declaró Lourdes Suárez, presidenta ejecutiva del Instituto.
El Ejecutivo justificó la intervención al señalar que el alcalde de Naranjo, Randall Vega, había presuntamente impedido el acceso del servicio, lo que calificó como una negativa injustificada que perjudicaba a las familias beneficiarias.
UNGL reclama por intromisión
La UNGL reaccionó el mismo sábado y aseguró que la actuación del Gobierno constituye una intromisión en competencias propias de las municipalidades, además de que el caso está pendiente de resolución en el Tribunal Contencioso Administrativo y en la Sala Constitucional.
En una sesión extraordinaria en Puntarenas, el Consejo Directivo de la organización respaldó este día al alcalde de Naranjo y rechazó lo que calificó como “un acto arbitrario”.
“Estamos frente a una violación de la autonomía municipal. No se puede tolerar que, desde el Gobierno Central se tomen decisiones de manera unilateral y al margen de los procesos judiciales vigentes”, afirmó Juan Diego Gómez, presidente de la UNGL.
La agrupación también denunció un patrón de exclusión hacia gobiernos locales que no muestran adhesión política al Ejecutivo.
Como ejemplo, citó casos recientes, donde alcaldes señalaron presiones y falta de coordinación en inauguraciones de obras.
Karen Porras, directora ejecutiva de la UNGL, pidió abrir espacios de diálogo. “Las decisiones se están tomando sin consulta ni negociación previa. Es urgente restablecer el respeto institucional”, expresó.
Proyecto en disputa
En julio, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) advirtió que 372 personas en condición de pobreza extrema no podían trasladarse al proyecto La Esperanza, porque la Municipalidad de Naranjo no autorizaba la interconexión de agua potable.
El desarrollo contempla 120 apartamentos distribuidos en 10 torres de tres niveles, cada una con 12 unidades habitacionales.
Está dirigido a 95 mujeres jefas de hogar, 16 familias numerosas, cuatro personas con discapacidad y tres adultos mayores. El objetivo principal es erradicar el asentamiento informal La Radial, localizado a la entrada de Naranjo, sobre la ruta 141.
No obstante, citó la cartera, mediante el oficio MN-ALC-DAM-OF-168-2025, del 3 de julio de este año, la Municipalidad impidió la conexión al sistema de agua potable aduciendo que el balance hídrico proyectado será deficitario en 2034.
Esa postura contrasta con el oficio MN-ALC-3924-2023, emitido el 14 de febrero de 2023, en el que se otorgó la disponibilidad de agua para el proyecto, con la autorización específica de 125 pajas domiciliarias de media pulgada, añadió el Mideplan.