La semana pasada se conoció que Meta, el gigante tecnológico dueño de Facebook, Instagram y WhatsApp, llegó a un acuerdo en Estados Unidos para poner fin a una demanda colectiva iniciada por 48 fiscales generales de ese país por daños psicológicos producidos a menores de edad.
Además de pagar $18.000 millones como compensación, Meta se obligó a aplicar una serie de restricciones en sus aplicaciones para cuentas de menores de edad, incluyendo un límite de dos horas diarias, bloqueo de acceso nocturno y auditorías externas sobre el funcionamiento de sus algoritmos.
La noticia es relevante porque representa, más que una condena económica, el primer reconocimiento de que el diseño de estas plataformas, y no solamente su contenido, produce adicción, daño psicológico y social, lo que había sido negado por estas empresas durante años.
Adicionalmente, que suceda en Estados Unidos, meca de la autorregulación, es evidencia de que el daño social que ocasionan es inadmisible y que la intervención estatal es justificada y urgente. No obstante, el alcance del acuerdo y de las modificaciones que deberá hacer Meta se limita al territorio estadounidense, por lo que, en Costa Rica no tendrá implicaciones reales, salvo que los diputados aprovechen el contexto regulatorio y avancen en una regulación similar.
En abril anterior, los legisladores del cuatrienio anterior dictaminaron favorablemente el expediente 25.336, que prohíbe la creación y el uso de redes sociales para menores de 14 años, replicando el modelo regulatorio que adoptaron Francia y Australia.
Este último país fue el primero en aprobar tal prohibición en diciembre de 2025, y un estudio del British Medical Journal encontró que, luego de su aprobación, más del 80% de los menores seguía usando redes sociales, sea mediante cuentas falsas o facilitadas por algún adulto. En Francia, el Consejo Constitucional recientemente anuló la prohibición por restringir desproporcionadamente la libertad de expresión y comunicación, concluyendo que una prohibición total, sin matices ni proporcionalidad, no es el mecanismo adecuado para proteger el interés superior del menor.
Cada vez más voces autorizadas concuerdan en que esta fórmula no es sostenible ni efectiva, por lo que los diputados deberían pensarlo dos veces antes de adoptarla.
Brasil y Canadá han adoptado una visión regulatoria más compatible con el precedente judicial estadounidense, exigiendo verificación efectiva de edad de sus usuarios, mitigación de funciones adictivas, incluyendo el desplazamiento infinito, y la vinculación de las cuentas de menores a las de sus padres. Estas regulaciones son más adecuadas para atacar las causas del daño psicológico y social, sin excluir a los menores de los espacios digitales que también son parte de la realidad actual.
El hecho de que grandes mercados como Estados Unidos, Brasil y Canadá hayan avanzado en esta línea regulatoria hace que el contexto regulatorio sea propicio para que Costa Rica regule en esa línea. Lo anterior, porque si Meta y otras plataformas ya deben adaptar su modelo para estos mercados, extenderlo a uno más pequeño –como el costarricense– representa un costo marginal bajo, en el tanto la regulación sea compatible con las obligaciones de aquellos grandes mercados.
Adicionalmente a la restricción territorial, hay una limitación de alcance. El acuerdo en Estados Unidos solo incluye a Meta, y si bien es de esperar que se obligue a otras plataformas a sumarse, de momento, la incidencia es limitada a redes sociales que no son las que necesariamente son más utilizadas por los menores de edad. TikTok, YouTube o Snapchat están, de momento, fuera de la regulación. Por eso, una legislación costarricense debe partir de una definición técnica suficientemente amplia para cubrir todas las plataformas que constituyan redes sociales.
Existe, en este momento, un consenso técnico sobre el daño del diseño adictivo en menores. Existen modelos regulatorios probados en mercados grandes que Costa Rica puede adaptar sin empezar de cero. Lo que falta es voluntad legislativa. El lobby de las plataformas es poderoso y bien financiado, pero la evidencia acumulada en los últimos meses ha desmantelado buena parte de su argumento de que no hay nada que regular.
Los diputados tienen ahora menos excusas que nunca para seguir sin actuar, pero, sobre todo, para enderezar el camino regulatorio al más eficaz. El momento es ahora.