Este juicio, uno de los más importantes entre la multitud de procesos legales contra las redes sociales en Estados Unidos, comenzará el miércoles con la selección del jurado en el tribunal federal de Oakland, cerca de San Francisco.
El juicio propiamente dicho recién se iniciará el 18 de agosto, con unas seis semanas de audiencias y un veredicto previsto para principios de octubre.
Los fiscales generales de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey solicitan una larga lista de restricciones al funcionamiento de Instagram y Facebook para menores, y multas de hasta $1,4 billones, una cifra equivalente a la capitalización bursátil de Meta.
Mark Zuckerberg figura entre los testigos clave que la fiscalía tiene previsto interrogar antes de finales de setiembre en este tribunal. Esta sería la segunda comparecencia en seis meses del director ejecutivo de Meta tras su testimonio ante un tribunal de Los Ángeles, que el jurado consideró poco convincente.
‘Archivos de Facebook’
El juicio de Oakland, el primero ante los tribunales federales, culmina una batalla legal que comenzó a finales de 2021, cuando una exempleada de Meta, Frances Haugen, filtró miles de páginas de resultados de búsqueda internos —los “Archivos de Facebook”— que demostraban que Meta estaba midiendo el daño que Instagram causaba a la salud mental de los adolescentes mientras públicamente defendía su inocuidad.
Estas revelaciones desencadenaron una investigación conjunta de decenas de estados que dos años después derivó en una demanda presentada por unos treinta fiscales generales.
Cuatro estados fueron elegidos para llevar adelante este juicio en Oakland, que en caso de una derrota para Meta podría derivar en un acuerdo con los estados involucrados similar al suscito tiempo atrás por la industria tabacalera.
TikTok, Snapchat y YouTube (Google) son objeto de otras demandas presentadas por miles de familias, escuelas y fiscales en Estados Unidos.
En marzo, en una decisión histórica, un jurado de Los Ángeles declaró a Meta y a YouTube responsables de la adicción de una adolescente californiana, otorgándole a la joven una indemnización de $6 millones.
En Nuevo México, Meta fue posteriormente condenada a pagar casi $1.000 millones en multas e indemnizaciones, además de imponer restricciones sin precedentes a las cuentas de menores en el estado.
La compañía anunció que apelará ambas decisiones. Meta declaró tener “confianza” en su trayectoria “de protección de los adolescentes en línea”.
La empresa matriz de Instagram y Facebook argumentará que la salud mental de los jóvenes “no puede imputarse a una sola aplicación” y que algunas de las funcionalidades demandadas están protegidas por las disposiciones sobre libertad de expresión de la Constitución estadounidense.
En mayo, Snapchat, TikTok y YouTube, junto con Meta, optaron por pagar $27 millones a un distrito escolar de Kentucky para evitar otro juicio que podía sentar un precedente para denuncias similares de unas 1.200 comunidades educativas.
Inmunidad sobre los contenidos
Los cuatro estados acusan a Meta de violar sus leyes de protección al consumidor y la Ley Federal de Protección de Datos Infantiles (COPPA) al multiplicar las funcionalidades diseñadas para mantener a los menores enganchados —deslizamiento infinito (scroll), notificaciones intrusivas o nocturnas, y los avisos de “me gusta”— mientras minimizan públicamente los riesgos.
Esta estrategia elude la inmunidad de la que gozan las plataformas en Estados Unidos para el contenido generado por los usuarios: lo que se ataca es el diseño de las aplicaciones, no lo que se publica en ellas.
La astronómica cifra de $1,4 billones reclamada resulta de una multiplicación: cada menor afectado constituiría una infracción independiente, sancionable con multas de varios miles de dólares, según la fiscalía.
El jurado solo tendrá un papel consultivo. La jueza Yvonne Gonzalez Rogers, quien ya presidió el juicio de Apple-Epic Games y la batalla legal de esta primavera boreal entre Elon Musk y los creadores de ChatGPT, determinará personalmente las sanciones y las medidas correctivas.
En la sala del tribunal, padres de adolescentes víctimas de las redes sociales podrían volver a testificar, como sucedió en Los Ángeles, mientras que el resto del país podrá seguir el proceso judicial en directo por YouTube.
