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Insiste el presidente ejecutivo del Banco Central de Costa Rica en señalar la necesidad de aliviar las cargas sociales para enfrentar el desempleo y la informalidad. Rodrigo Cubero pone énfasis en esos dos efectos del costo de la seguridad social para patronos y trabajadores, pero, a fin de cuentas, el impacto negativo se manifiesta, en términos más generales, como un obstáculo al crecimiento y la inversión.
Es urgente encontrar una solución. La ampliación de la base contributiva a consecuencia de la formalización no será suficiente para compensar la pérdida de ingresos, admite el presidente del Banco Central. Por eso, propuso, hace un año, el aumento del impuesto sobre el valor agregado (IVA) para financiar, en parte, la reducción de la carga soportada por patronos y trabajadores.
La incorporación de nuevos afiliados al seguro social será insuficiente aun si los nuevos porcentajes de cotización estimulan la formalidad y se hacen acompañar de una agresiva campaña contra la evasión. El IVA es el camino menos complejo para lograr el financiamiento, sobre todo, considerando la tasa nacional, baja en comparación con la mayoría de los países donde rige el impuesto.
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La idea fue acogida por el gobierno cuando presentó su primera y fracasada propuesta de ajuste en setiembre del año pasado. Desafortunadamente, quedó en el olvido cuando se hizo necesario reformar el planteamiento inicial para posibilitar un acuerdo frente a la urgencia de la crisis fiscal. Ahora que el país retoma la conversación sobre la recuperación económica, ningún plan debe estar ayuno de un planteamiento sobre las cargas sociales.
«Es ahí donde la sociedad tiene que abrir un gran diálogo… bajar las cargas sociales va a permitir estimular el crecimiento económico», afirma Cubero. El diálogo es urgente en vista de los altísimos niveles de desempleo legados por la pandemia (un 17,7 % a mayo de este año) y aun de los números previos a la emergencia sanitaria. Por su parte, a finales del 2020, un 45 % de la fuerza laboral estaba sumida en la informalidad, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
Junto con la reducción de las cargas sociales, la formalización requiere planes de fiscalización eficaces para evitar la evasión. En nuestro país, tan pronto se deja de lado la inspección como se fijan cargas irreales, como el 19,5 % de cotización impuesta a los trabajadores independientes o la obligación de cotizar según el salario base aunque la jornada sea parcial, como se les exigía a las empleadas domésticas. Es una receta para estimular la evasión y la desafiliación.
Los planes bajo estudio sobre amnistía y reducción del porcentaje de cotización para la numerosa población de trabajadores independientes deben contribuir a aumentar la base, pero su éxito dependerá del control de la informalidad en ese sector y en todos los demás. En esa circunstancia, el ajuste del IVA necesario para complementar los ingresos podría ser moderado.
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No obstante, en este caso como en el de las finanzas públicas en general, los ingresos no son el único factor por considerar. Cubero pide incorporar a la agenda el mejor uso de los ingresos y dijo estar «convencido de que las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social lo tienen claro».
En ese último punto discrepamos del presidente ejecutivo del Banco Central. Desde el 2011 la institución cuenta con las valiosas propuestas del informe de la comisión nombrada por la presidenta Laura Chinchilla para analizar las finanzas de la institución, y no ha aplicado la inmensa mayoría. Decisiones recientes, como la «institucionalización» de los Ebáis a cargo de la Universidad de Iberoamérica (Unibe) y los intentos de hacer lo mismo con las cooperativas, pese al aumento de costos, tampoco hablan bien del mejor aprovechamiento de los recursos. Sobre ese aspecto del problema, hay mucho que conversar.
