En más de una oportunidad hemos afirmado, y lo reiteramos ahora, que, para un país pequeño, débil, abierto y desarmado, la principal línea de defensa y palanca de influencia externa es una política internacional sólida, estable, progresiva y apegada a los valores que nos caracterizan como sociedad.
Así ha ocurrido durante décadas, de manera continua. Cada gobierno ha introducido variantes de énfasis y objetivos específicos en ella, pero todos se han mantenido fieles a sus emblemáticos fundamentos de paz, democracia y derechos humanos. A ellos se han añadido otros potenciadores de nuestro progreso y acción internacional. Entre ellos destacan el impulso al desarrollo sostenible y a un comercio internacional libre basado en reglas. Hoy ambos están amenazados por el negacionismo climático y el proteccionismo.
El impulso de los pilares de nuestra proyección internacional requiere una diplomática clara, metódica y sistemática, pero también que practiquemos como sociedad los principios y líneas políticas que defendemos en el mundo. Sin embargo, cada vez nos hemos alejado más de ambos rumbos.
El recrudecimiento de los ataques del presidente Rodrigo Chaves a las instituciones de control, la autonomía de poderes y los medios independientes, junto a su destructivo impacto interno, han restado credibilidad a la posición del país como defensor de la democracia, los derechos humanos, el derecho internacional e, incluso, la paz. El desinterés y los descalabros en la política ambiental, de sobra documentados, han erosionado nuestro robusto liderazgo en la materia.
También hemos cedido cuotas de soberanía. En algunos casos, se ha hecho por razones justificadas, que apoyamos, como el decreto para impedir la participación de la empresa china Huawei en licitaciones de redes de telecomunicación 5G. En este caso, las presiones de Estados Unidos coincidieron con la necesidad de mantener la seguridad de esa infraestructura virtual y, sobre todo, atender inquietudes de empresas estadounidenses de alta tecnología con inversiones en Costa Rica.
También cedimos, de manera mucho menos justificada, a recibir migrantes extracontinentales expulsados cruelmente y sin debido proceso por el gobierno estadounidense. Fue una mancha a nuestro récord en derechos humanos. Peor aún ha sido el inaceptable silencio, con rasgos de complicidad, ante la cancelación de visas a destacadas figuras públicas del país, incluido el expresidente y premio Nobel de la Paz, Óscar Arias. Curiosamente, todas las personas afectadas son percibidas como enemigas por el presidente.
En la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) el país ha cambiado su tradicional patrón de voto en algunos temas cruciales, sin explicaciones aceptables. En febrero pasado protagonizamos un vergonzoso ridículo, cuando nos abstuvimos de votar favorablemente una moción que pedía el “pronto cese de hostilidades y una resolución pacífica de la guerra contra Ucrania”, a pesar de haber estado entre sus patrocinadores.
Hace tres semanas, fuimos, junto con Panamá, los únicos países latinoamericanos que se abstuvieron de apoyar la resolución que, por enorme mayoría, acogió una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre las obligaciones de Israel y las actividades de la ONU en Gaza.
Las ausencias de Chaves en el organismo han sido notorias. En estos cuatro años nunca ha asistido siquiera a una sesión de la AGNU, como si el multilateralismo fuera apenas un elemento marginal de nuestra diplomacia, no uno de sus recursos indispensables.
Más grave aún ha sido el entusiasmo de Chaves para acoger y visitar al autócrata salvadoreño Nayib Bukele, principal carcelero de América, violador de derechos individuales y acaparador de poder. Parece haber visto en él otra fuente de presión externa a su favor, en este caso para desviar la atención sobre las enormes fallas del gobierno en seguridad y proyectar una imagen de “mano dura”. De ese modo, ha alineado al país con tendencias autoritarias a contrapelo de valores y principios esenciales, tanto para nuestro Estado de derecho como la diplomacia.
Tal acumulación de hechos revelan, en el mejor de los casos, un temerario desdén por la esencia y eficacia de la política exterior costarricense; en el peor, una actitud deliberada por cambiar su rumbo, renegar de sus principales bastiones conceptuales y operativos, y someterla a ímpetus personales oportunistas. Ninguna de esas posibilidades es aceptable.
