La política y la gestión ambiental del país se están deslizando por una peligrosa pendiente de deterioro. El retroceso que sufren es notorio; la posibilidad de corregirlo, cada vez más difícil y costosa. En los últimos días se han divulgado dos sólidos documentos que alertan al respecto. Nos referimos a una reciente auditoría realizada por la Contraloría General de la República (CGR) en el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), y a datos incluidos en el Informe Estado de la Nación 2025. A ellos se añaden casos de sobra conocidos, como el descuido por las áreas protegidas; incluso, su posible depredación, algo que afecta los humedales y la cobertura boscosa de Gandoca-Manzanillo.
La CGR se centró en auditar los mecanismos de liderazgo, estrategia y control que inciden en la conducción de la política ambiental de la que es responsable el Minae. Su conclusión general es que el Ministerio “incumple con el marco normativo y técnico aplicable”. La mayor responsabilidad de esta gobernanza “fragmentada y sin dirección” la adjudica al ministro Franz Tattenbach, quien “no ha enfocado su liderazgo en coordinar, monitorear ni garantizar” su diseño y cumplimiento. Tampoco ha implementado una adecuada gestión de riesgos, y las herramientas de seguimiento resultan insuficientes, según el informe.
A lo anterior se añade la falta de controles para la transparencia y rendición de cuentas, que es parcial y no utiliza procesos adecuados. Como parte de este problema destaca la carencia de mecanismos para “garantizar el control ciudadano”, que ha sido esencial en el andamiaje institucional del Minae y el manejo de los recursos naturales.
Además, el análisis revela que los trabajos de la cartera y su jerarca, caracterizados por la pasividad, han resultado “insuficientes para impulsar los recursos naturales” y podrían “conducir al deterioro progresivo de los ecosistemas”.
Lo anterior ha ocurrido en medio de una tendencia hacia la centralización de la gobernanza ambiental en la cúpula del Ministerio, expone el Informe Estado de la Nación. Es decir, a mayor verticalismo, menor eficiencia. También revela que, entre el año pasado y el actual, se ha producido una “seguidilla de acciones gubernamentales que debilitaron las herramientas y capacidades” para una gestión adecuada. A esto se añade la “reducción de regulaciones en ámbitos estratégicos”; entre ellos, las 11 áreas de conservación del país (AC), víctimas de una enorme carencia de recursos para cumplir con sus tareas.
Por cuarto año consecutivo, el presupuesto para el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) ha disminuido, en promedio, un 40%. La menor reducción, de un 11,7%, la ha sufrido el AC Guanacaste; en cambio, el AC Marina Coco cuenta con un 41,9% menos de recursos, a pesar de su enorme extensión e importancia. Todo esto se refleja en otro dato, que resulta alarmante: el número de horas dedicadas a actividades de control y protección en todas las áreas pasó de casi 120.000 en el 2020 a poco más de 40.000 en el 2024.
Es de sobra sabido que, si el deterioro de los ecosistemas no se detiene a tiempo, crea situaciones en extremo difíciles de revertir. Los daños son acumulativos, y por los bucles de acción-reacción que generan, pueden crear dinámicas de deterioro casi irreversibles. El perjuicio resultante no es solo para la naturaleza, sino también para los seres humanos que interactuamos con ella. Además, debido la importancia del ecoturismo para nuestra economía, también tiene consecuencias económicas tangibles para muchas comunidades y para el país en general.
A lo anterior hay que añadir los perjuicios por el incumplimiento de compromisos internacionales, y el deterioro de nuestra imagen como país comprometido con la protección ambiental y el desarrollo sostenible. Este aspecto va mucho más allá de “lucir bien”. Ha funcionado, exitosamente, como palanca clave para impulsar nuestra diplomacia y política comercial, sobre todo en la atracción de empresas responsables y la generación de cooperación internacional.
Algunos en el gobierno se han apegado a una falsa dicotomía: o protección ambiental o desarrollo. Entre ellos parece estar el presidente Rodrigo Chaves. Recordemos cuando se quejó de que por “proteger a los monitos” se estaba frenando el progreso. La realidad es otra. Ambas variables marchan de la mano, y su impulso simultáneo ha sido muy exitoso para Costa Rica, aunque no beneficie algunos intereses particulares estrechos.
Como resultado de su auditoría, la CGR emitió una serie de disposiciones que el ministro Tattenbach deberá observar. Entre ellas están el establecer y oficializar un plan estratégico, como rector de los recursos naturales; desarrollar una estrategia de implementación con objetivos claros e interrelacionados, y poner en marcha un mecanismo permanente para que el Minae cumpla con sus responsabilidades. El cumplimiento no es optativo, sino obligatorio. Esperamos que se produzca en los plazos establecidos, con responsabilidad, eficacia y buena fe.
