El asesinato del oficial de la Fuerza Pública Gerson Rosales Cascante, el 13 de mayo pasado, refleja hasta qué punto los narcotraficantes han ganado poder en numerosos territorios del país. El policía, de 28 años, recibió un disparo en la cabeza mientras cumplía con su deber en Batán, Limón, y su homicidio fue un clarísimo mensaje de intimidación a policías, fiscales, jueces y a los propios ciudadanos. Hablamos de la utilización del terror para desafiar al Estado y sembrar miedo. Y eso es narcoterrorismo.
La hipótesis preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) apunta a que el ataque habría sido una advertencia a los cuerpos policiales por los decomisos de droga realizados contra la banda de Jonathan Pérez, alias Tan, aliado de Alejandro Arias Monge, conocido como Diablo. Ambos figuran en la lista de delincuentes más peligrosos y escurridizos del país.
La sucesión de atentados contra funcionarios policiales es alarmante. En dos años y medio, cuatro han sido asesinados –dos de ellos en Batán– y varios más han resultado heridos a manos de sicarios. El primero fue Jeiner Gómez Guzmán, del OIJ, asesinado el 4 de octubre de 2023 en Tirrases, Curridabat, por un joven de 17 años.
Luego, la noche del 29 de diciembre de 2024, dos motociclistas abrieron fuego contra la patrulla en que viajaba Minor Obregón Briceño, de 36 años, y el 31 de enero del 2025, en Guápiles, Pococí, un homicida a sueldo acabó con la vida de Geiner Zamora Hidalgo, subjefe del OIJ en Guápiles, Pococí. Zamora, precisamente, dirigía una investigación contra aliados de Diablo. La cuarta víctima fue Gerson Rosales.
Si los narcotraficantes no han matado a más, es porque el OIJ lo ha impedido, pues solo en 2024 logró salvar de atentados a ocho funcionarios gracias a información confidencial. Aun así, en marzo de ese año, dos motociclistas dispararon contra el carro de una jueza en Tarbaca, Aserrí; en abril, otros dos motociclistas balearon el vehículo y la casa de un fiscal en Jacó, Garabito, y lo mismo sufrió el 8 de abril de 2025 una oficial de la Fuerza Pública en Guácimo. A ello se suman ataques directos contra sedes policiales y judiciales. El más reciente ocurrió el 16 de abril, con múltiples disparos a una oficina operativa del OIJ en Los Yoses, San José. Meses antes, el 31 de diciembre de 2024, la delegación del OIJ en Batán fue atacada con fusiles de asalto.
Si la violencia armada no bastara, los narcotraficantes también utilizan las redes sociales para sembrar miedo. El propio Tan difundió, en agosto de 2025, un video en el que aparecía rodeado de armas de guerra mientras lanzaba amenazas directas contra el OIJ y la Fiscalía por no dejar en libertad a unos cómplices.
Esa capacidad de las mafias para retar al Estado debería llevar a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial a actuar con la urgencia que exige una amenaza de tal calibre. Cuanto más tarden los jerarcas en alcanzar acuerdos, más crecerán las organizaciones criminales y más daño harán en el país. Solo en 2024 se alertó sobre la existencia de al menos 200 bandas dedicadas a narcotráfico, sicariato y legitimación de capitales, con una estructura que supera las 4.000 personas y con enormes recursos económicos.
A los cuerpos policiales no se les puede mantener en desventaja frente a estos grupos criminales. Es hora de retomar la reparación de cientos de radiopatrullas que están fuera de servicio, de fortalecer las flotillas de vigilancia aéreas y marítimas, de adquirir equipo especializado y de reforzar tanto el presupuesto como el personal del OIJ, la Fiscalía y la Fuerza Pública.
Paralelamente, es vital fortalecer la presencia del Estado –con inversión social, económica y policial– en aquellas comunidades donde el narcotráfico ha echado raíces y consolidado su dominio. Esto, porque no solo más jóvenes caen cada día en la delincuencia, la drogadicción y las redes del narcotráfico, sino porque más vecindarios pierden la paz por los homicidios. Entre enero de 2022 y abril de este año, se contabilizaron 3.545, uno cada 10 horas. Y, contrario a la narrativa de que “solo se matan entre criminales”, en los últimos cuatro años también fueron asesinados 259 inocentes que tuvieron el infortunio de quedar atrapados entre balaceras.
Antes de hacer creer que la solución está en restringir las libertades a los ciudadanos honestos, lo procedente es cercar a las mafias y golpear sus operaciones, comenzando por cerrarles las múltiples rutas de ingreso por mares, puertos y fronteras para el trasiego de cocaína y otras drogas.
Dado que la seguridad ciudadana es responsabilidad del Ejecutivo –como lo dice el artículo 140 de la Constitución–, resulta no solo necesario, sino urgente, que el gobierno de la presidenta Laura Fernández una fuerzas y haga equipo con el Legislativo y el Judicial.