La creciente penetración de narcotraficantes nos está arrebatando las libertades que durante décadas dimos por sentadas. Cuando un barrio se ve obligado a aparentar que no ve a quienes distribuyen droga, cuando hombres armados disparan al suelo o al aire para intimidar o demostrar quién manda, o cuando periodistas son señalados o fotografiados mientras cubren casos vinculados al crimen organizado en esas zonas, es porque el narco se ha empoderado. A eso hemos llegado en Costa Rica.
Esta situación es un reflejo del “ejército del narcotráfico” que crece en la clandestinidad. El Informe Estado de la Nación 2024, con datos del OIJ, cuantificó al menos 200 bandas criminales que reclutan a más de 4.000 personas dedicadas al trasiego de drogas, sicariato y lavado de dinero. A esa estructura se suman cientos de colaboradores que, desde sus propias comunidades, cumplen funciones de “campana”, alertando sobre la presencia de extraños o de la Policía para proteger sus territorios.
Tal “ejército” no solo multiplica la violencia y el miedo en los barrios, sino que erosiona la autoridad del Estado, al punto de imponer sus propias reglas, cobro de “peajes” y filtrar su influencia en las economías locales y la vida cotidiana de miles de ciudadanos sujetos a sus dictados.
Tal como lo denunciamos este 8 de agosto, el pasado 31 de julio dos hombres en moto siguieron a nuestros reporteros durante una cobertura en el Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, en la cual confirmaron la construcción de una presunta pista de aterrizaje narco y el daño a un humedal. Los sujetos no solo los fotografiaron, sino que se acercaron para tomar datos de la placa del vehículo.
Otro incidente ocurrió el jueves 6 de febrero, un día después del funeral del agente del OIJ, Geiner Zamora –asesinado en un aparente caso ligado a una investigación de narcotráfico– cuando nuestros periodistas fueron espiados por una mujer vinculada a narcos en Guápiles mientras hacían consultas a ciudadanos sobre la ola de asesinatos y de drogas. La sola presencia de esa “informante” obligó a suspender las entrevistas por la seguridad de los habitantes y de nuestros enviados.
Estos sujetos “campana” son de alto riesgo en los barrios. Uno de ellos fue el que mató, en octubre de 2023, al agente encubierto del OIJ Jeiner Gómez Guzmán, en Tirrases de Curridabat, mientras estaba estacionado en una de las calles.
El empoderamiento de los traficantes en los barrios también quedó grabado en video en Lindavista de Río Azul, cuando dos agentes del OIJ fueron encañonados en plena vía pública con un AK-47 y otra arma semiautomática, en diciembre del 2023. El arsenal del “ejército” consta de armas prohibidas como las M16, AK-47 y AR-15, traídas de El Salvador, Honduras y Guatemala, y pagadas con cocaína.
Un ejemplo alarmante de su violencia es que solo por ajustes de cuentas o venganzas entre narcotraficantes han muerto al menos 384 personas este año. Esta trágica guerra también deja víctimas colaterales, inocentes que reciben balazos en medio de esas disputas. A este sábado, se contabilizaban 19, entre ellas, un bebé de seis meses y dos niñas de cinco y siete años; el año pasado fueron 54; en 2023, 52, y en 2022, 18. Suman 143 muertes en esta administración.
Precisamente, el 1.º de agosto el país supo que el asesinato de Eugenio Androvetto, director de Protección Radiológica y Salud Ambiental del Ministerio de Salud, en un bar, fue producto del error de un sicario de 22 años. Lo doloroso es que hasta actividades tan comunes como salir a comer o entretenerse con familia o amigos se han vuelto peligrosas.
Son violentados derechos fundamentales como la libertad de movimiento en ciertos barrios y la libertad de expresión, porque quien se atreva a denunciar podría pagarlo con su vida.
La Constitución es clara: el Estado debe garantizar la seguridad pública, el libre tránsito y el disfrute de las libertades. Con 17.000 agentes de Fuerza Pública, lo que falta no es personal, sino una estrategia efectiva para impedir que más comunidades caigan bajo el control del crimen. Y la estrategia debe ser integral: becas, vivienda, empleo y servicios en las zonas más vulnerables, junto con presencia policial sostenida.
Desde La Nación, reafirmamos nuestro compromiso de no callar ante la poco efectiva estrategia del Ministerio de Seguridad Pública para contener la penetración del narcotráfico por mares y fronteras y su dominio en calles y barrios. No podemos silenciarnos en momentos en que los ciudadanos perdemos derechos que ganan los criminales. Las aparentes amenazas a nuestros equipos periodísticos tampoco nos apartarán de ejercer un periodismo riguroso y comprometido en revelar hechos de interés público.
