EscucharLas definiciones e instrumentos usados para recolectar datos y cuantificar fenómenos o variables determinan el resultado obtenido; por ende, también nuestra percepción sobre ellos. Cuando los métodos y herramientas son los correctos y se aplican adecuadamente, pueden existir algunas imprecisiones, pero no graves distorsiones. Cuando fallan, el resultado podrá tener consecuencias en extremo negativas.
Si para detectar la temperatura del cuerpo usamos un termómetro descompuesto, incapaz de “leerla” adecuadamente, obtendremos un dato en apariencia incontrovertible, pero irreal, porque ocultará la realidad del organismo que se ausculta. Y más allá de que pueda tranquilizarnos (estamos en rangos normales) o alarmarnos (tenemos fiebre muy alta), lo peor es que impedirá tomar acciones adecuadas para proteger nuestra salud y –por ejemplo– actuar a tiempo ante una infección galopante.
Lo mismo puede decirse sobre ese ámbito de tanta importancia individual y social que es la educación. El reportaje de nuestra redactora Fernanda Matarrita sobre la reprobación en secundaria entre 2018 y 2023, que publicamos el pasado jueves, puso de manifiesto cómo ciertas mediciones, lejos de aclarar, pueden nublar la realidad sobre lo que realmente está ocurriendo en nuestro sistema educativo.
La publicación reveló datos del Ministerio de Educación Pública (MEP), según los cuales el promedio de colegiales que no lograron superar las pruebas necesarias para pasar de un nivel a otro, tanto en instituciones públicas como privadas, fue de apenas el 5,96% en ese lapso, contra 19,4% entre 2010 y 2017. Aunque una diferencia tan grande en una serie temporal debe generarle fuertes dudas a cualquiera, alguien un tanto ingenuo, o un funcionario deseoso de maquillar problemas, podría presentar las cifras como reflejo de un enorme y súbito éxito educativo. La realidad es muy distinta.
Lo que ocurrió fue que durante esos años se variaron sustancialmente los criterios de evaluación en el tercer ciclo de educación diversificada diurna. El cambio respondió, primero, al impacto demoledor que tuvieron las huelgas del Magisterio en 2018; después, al “apagón” educativo de la pandemia, y, posteriormente, a la gestión educativa más desastrosa que hemos padecido en décadas.
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En respuesta a las dos primeras situaciones, las autoridades decidieron reducir el rigor y los pesos relativos de las diversas pruebas, abrir la posibilidad de ejercicios remediales ante su posible reprobación, y dar más oportunidades de convocatorias a los aplazados para repetir exámenes. Optaron por ser más flexibles, dado el impacto de ambos eventos traumáticos. No desdeñamos la conveniencia de haberlo hecho: sin duda, los estudiantes fueron las principales víctimas de situaciones fuera de su control. Sin embargo, esas medidas debieron tener una ventana de tiempo limitada e ir acompañadas de acciones remediales robustas, para compensar la ausencia de clases presenciales.
Tal como declaró en nuestro reportaje Yarith Rivera Sánchez, experta en evaluación con amplia experiencia, “se trata de aprobar garantizando que existe evidencia de que la persona estudiante ha adquirido aprendizajes significativos, que le servirán de andamiaje para construir nuevos conocimientos”.
Lo anterior no ocurrió, al menos en la gran mayoría de los casos. No se lograron aplicar estrategias o metodologías para suplir los vacíos educativos durante los tres años más críticos; más bien, todo indica que los resultados aparentemente positivos de instrumentos de medición muy laxos generaron una peligrosa complacencia. Luego vino la gestión de la ministra Anna Katharina Muller, que profundizó, con sus pésimas decisiones y desdén por los expertos, los negativos impactos acumulados, y dislocó aún más los instrumentos de evaluación.
En esencia, tal como sugirió el título de nuestra publicación, los optimistas datos del periodo 2018-2023 son un simple espejismo, y nada sugiere que la situación haya mejorado desde entonces. Más bien, estamos en medio de un periodo crítico, tal como ha señalado el programa Estado de la Educación, revelado en los retrocesos de nuestros estudiantes en las pruebas internacionales PISA, y documentado en estudios de las universidades Nacional y de Costa Rica.
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La fiebre de nuestro sistema educativo es alta y revela profundos males. No es con malos termómetros como podremos controlarla. Al contrario, son indispensables no solo buenas mediciones, orientadas a diagnósticos precisos, sino también decisiones para actuar en consecuencia. Aún estamos esperándolas.
