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Las 30 mujeres y 27 hombres que asumirán sus diputaciones a partir del próximo 1.° de mayo tendrán ante sí un impostergable conjunto de retos. Algunos se han acumulado, en el país y en la Asamblea, a lo largo de los años; otros son recientes. De su visión, capacidad, vocación democrática, autonomía, disposición negociadora y buen criterio dependerá cómo los aborden, encaucen o resuelvan; también, en algunos casos, de que se logren convertir en oportunidades para progresar.
Por primera vez desde el cuatrienio 1990-1994, el partido oficial –Pueblo Soberano– tendrá mayoría; en este caso, 31 diputados. La oposición la integrarán 17 de Liberación Nacional, siete del Frente Amplio y las fracciones unipersonales de la Coalición Agenda Ciudadana y Unidad Social Cristiana.
El próximo gobierno ya no podrá excusar sus pobres resultados y el deterioro en índices de desarrollo humano, por la supuesta inacción o bloqueo legislativo. Aunque todavía podrá distribuir culpas –cada vez menos convincentes– hacia otros sectores, su responsabilidad plena será ineludible.
Tendrá votos suficientes para aprobar legislación ordinaria, definir la composición del Directorio y presidir y controlar comisiones; también, para nombrar los sustitutos de la defensora de los Habitantes, en marzo del próximo año, y de la contralora general de la República, en mayo de 2028.
Sin embargo, carecerá de la mayoría calificada necesaria para reformar la Constitución o convocar a una Asamblea Constituyente, cambiar el Reglamento Interno de la Asamblea, convocar referendos, suscribir empréstitos, nombrar o remover magistrados, vender activos estatales, o modificar el funcionamiento del Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones.
En síntesis, podrá gobernar de acuerdo con sus prioridades, pero no alterar el entramado constitucional y legal que enmarcará sus funciones. El electorado así lo dispuso. Ante esta situación, la presidenta electa, Laura Fernández, y sus legisladores deberán elegir entre dos grandes opciones.
Una es la vía del diálogo y la negociación. Les permitiría estructurar acuerdos con la oposición alrededor de leyes clave para nuestro desarrollo que, aunque no necesiten sus votos para ser aprobadas, las dotaría de mejor calidad, mayor legitimidad y capacidad de implementación. Podrían impulsar eventuales cambios puntuales a la Constitución, si es que van encaminados a mejorar funciones del Estado. Además, propiciarían un clima nacional alejado de los conflictos artificiales y centrado en los retos y oportunidades reales, que son muchos.
La otra vía sería mantener o exacerbar las confrontaciones; imponer criterios allí donde sus votos lo permitan; presionar a otros actores político-institucionales; usar las comisiones –sobre todo especiales– como instrumentos de persecución, e insistir en reformas constitucionales destinadas a concentrar poder e imponer un proyecto político hegemónico, a contrapelo de los balances y controles democráticos.
De lo poco que sabemos al respecto, en esto último consistiría la llamada Tercera República: un proyecto más lleno de añejo autoritarismo que de moderno reformismo. Su aparente propósito es tutelar o maniatar al Poder Judicial, la Contraloría y las instituciones autónomas, impulsar la reelección presidencial consecutiva y hasta suspender garantías individuales con la excusa de combatir la inseguridad.
Los partidos opositores, con sus 26 votos y sus estructuras internas, deberán estar muy atentos a estas posibilidades. No deben perder nunca su vocación propositiva y negociadora orientada al bienestar ciudadano. A la vez, deben ser totalmente inflexibles y decididos en la protección de nuestro Estado de derecho, los balances de la democracia, las libertades públicas y los derechos civiles, políticos, sociales, culturales y ambientales de la población.
Nada que huela a autoritarismo debe tener cabida en Costa Rica; tampoco, nada que, por centrarse en ese objetivo, desvíe nuevamente al Ejecutivo de una atención oportuna y eficaz de los grandes retos del país y de la búsqueda de nuevas oportunidades para nuestra gente.
Ante este riesgo, la misión de la oposición legislativa será rechazar cantos de sirena, prebendas o amenazas oficialistas y fijar en conjunto límites democráticos infranqueables. A la vez, no debe perder de vista el impulso a iniciativas para mejorar las condiciones de vida de la población.
Las tareas para los tres Poderes de la República, con gran relevancia para Legislativo, son numerosas y de gran trascendencia. Incluyen frenar los deterioros en seguridad, educación y salud; fortalecer la economía de base local; atajar el deterioro fiscal que asoma; ajustar nuestro modelo de desarrollo; combatir la desigualdad; promover la innovación y la competitividad; diversificar nuestras relaciones comerciales; modernizar el modelo de concesión de obras públicas; reformar el mercado eléctrico y agilizar el desempeño de la administración pública.
Si no hay un cambio de timón hacia la búsqueda de acuerdos, no solo seguiremos estancados; peor, retrocederemos de manera irreversible, en democracia y desarrollo. La responsabilidad de los diputados en propiciar un nuevo y mejor rumbo es enorme.
