EscucharEn su tercer informe de labores enviado a la Asamblea Legislativa, el presidente Rodrigo Chaves expresó una verdad innegable: “Un rezago en infraestructura tan grande como el de este país requiere decisiones claras, acciones contundentes y obras que realmente impacten para bien la vida de las personas”.
Lamentablemente, su gestión en estos tres años contradice esas palabras. Lejos de saldar la deuda histórica en infraestructura vial, su administración se cuenta entre las que más oportunidades han desaprovechado en décadas.
El mensaje presidencial abundó en la enumeración de intervenciones menores y dispersas como rehabilitaciones de puentes, pasos deprimidos, asfaltado de tramos, embarcaderos y dragados. La obra de mayor envergadura que presentó Chaves es la última etapa de Circunvalación norte. La calificó como “entregada”, una verdad a medias. Ese tramo de 5,5 kilómetros comenzó a construirse en 2017 y las primeras cuatro secciones fueron inauguradas en junio del 2023. El gobernante olvidó aclarar que la quinta, abierta en octubre pasado, aún tiene pendientes y no está oficialmente entregada. Transitar por el anillo es un alivio –cuando no hay enormes presas– pero faltan detalles.
No obstante, la gran omisión del informe son los cinco megaproyectos viales prometidos por el presidente, los cuales siguen estancados. Se trata, como lo informamos el domingo 4 de mayo, de la ampliación de la ruta 27, la vía San José-San Ramón, la carretera a San Carlos, la de Cartago y el tren eléctrico metropolitano.
En lugar de impulsar su desarrollo, la administración los frenó, modificó sus esquemas o reinició los procesos desde cero, con decisiones políticas que no solo retrasaron su ejecución, sino que encarecieron su eventual puesta en marcha. Ejemplos sobran. Apenas llegó al poder, el presidente descartó el tren eléctrico impulsado por la administración anterior, a pesar de que ya contaba con un financiamiento aprobado por $520 millones del Fondo Verde del Clima. Optó en su lugar por un plan pequeño, que ni siquiera llegará a la etapa de licitación en lo que resta de su mandato.
Algo similar ocurrió con la congestionada ruta 27 hacia Caldera: el gobierno paralizó las negociaciones con la concesionaria Globalvia para buscar alternativas que nunca se concretaron. Ahora reconoce que será necesario renegociar el contrato, pero no hay claridad sobre los plazos ni condiciones. Mientras tanto, las presas siguen restando competitividad al transporte de carga y al turismo, además de obligar a los conductores a gastar más combustible y perder valioso tiempo atrapados en el tráfico.
En el caso de la carretera San José–San Ramón, la administración rompió el fideicomiso con el Banco de Costa Rica, lo que obligó a retomar estudios y buscar un nuevo esquema de financiamiento. Aunque el presidente celebró un aporte de $195 millones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), el resto del proyecto –valorado en $770 millones– aún depende de un crédito que debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa, pero que el Ejecutivo ni siquiera ha enviado. Tampoco mencionó que el MOPT ha sido incapaz de concretar 300 expropiaciones ni que el inicio de obras se ofreció para este 2025. En estas condiciones, resulta muy poco probable que las obras se inicien antes de 2027.
Tampoco mencionó que la carretera a Cartago sigue dependiendo de una iniciativa privada que aún no supera su fase de revisión, ni que la vía a San Carlos está en riesgo, pues solo China Harbour Engineering Company (CHEC) presentó oferta para construir el tramo central. Si la firma no cumple con los criterios técnicos establecidos en el cartel, el proceso deberá reiniciarse. El informe tampoco recordó que el propio presidente había prometido completar esa carretera antes de terminar su mandato.
El discurso presidencial omite otra verdad incómoda: en 2025, la inversión en infraestructura vial es la más baja en casi dos décadas como porcentaje del PIB. El Presupuesto de la República apenas contempla ¢620.000 millones, ¢35.000 millones menos que en 2024. Todo esto ocurre mientras Costa Rica ocupa el penúltimo lugar entre las 38 naciones de la OCDE en calidad de infraestructura de transporte.
A pesar de ese contexto, el informe presidencial optó por el camino de la autosatisfacción. Sin embargo, el país no puede seguir atrapado entre discursos que no pasan del papel y carreteras colapsadas. Las presas se intensifican, los tiempos de traslado se disparan y la infraestructura, lejos de modernizarse, se deteriora.
El tiempo perdido ya no se recupera, pero aún hay margen para actuar con responsabilidad en el último año de gestión. Con transparencia y eficiencia, urge que este gobierno avance los procesos que puedan quedar listos para la siguiente administración, porque el rezago en infraestructura, como bien lo sabe el presidente Chaves, es grave. Y sí, tiene razón, se requieren decisiones claras y acciones contundentes, aunque todavía no se han visto.
