18 enero
10/11/2020. La comisión de Gobierno y Administración, de la Asamblea Legislativa, dictaminó la reforma del empleo público. Foto: captura de pantalla.
10/11/2020. La comisión de Gobierno y Administración, de la Asamblea Legislativa, dictaminó la reforma del empleo público. Foto: captura de pantalla.

Nadie, ni el gobierno ni los diputados ni la prensa bien informada han atribuido al Fondo Monetario Internacional (FMI) la exigencia de alguna medida específica en el marco de la negociación con Costa Rica de un crédito de $1.750 millones y un programa de equilibrio fiscal. Por el contrario, se ha insistido en las notables diferencias entre la institución de los años ochenta, cuando exigía medidas específicas incorporadas a los programas de ajuste estructural (PAE), y la actual.

Ahora, el FMI pide a los países proponer los medios para equilibrar sus finanzas. La institución constata la suficiencia de las propuestas para alcanzar la estabilización y, con base en esa valoración, concede los créditos. Por eso, se ha repetido hasta la saciedad que el valor del acuerdo no se limita a los $1.750 millones. La firma con el Fondo es una carta de presentación a la comunidad financiera internacional. Si el FMI nos presta dinero, es porque está convencido de la utilidad de las medidas planteadas por Costa Rica para restituir la estabilidad fiscal. Esa convicción se traslada a la agencias calificadoras de crédito y a los inversionistas, con un efecto moderador de los premios exigidos por invertir en bonos nacionales.

Pero el FMI nunca exigió al país una reforma del empleo público ni el gobierno le atribuyó esa exigencia. La institución financiera internacional tampoco requirió aprobar la renta global, el impuesto sobre la lotería ni ninguna otra de las ideas, grandes o pequeñas, expuestas por el Ejecutivo. Eso sí, rechazará las propuestas ineficaces, dudosas o simplemente indefinidas, como la extensión del Sistema Integrado de Compras Públicas a todas las instituciones o el proyecto Hacienda Digital.

No cabe duda de la eficacia de ambos programas para mejorar las finanzas públicas. Desde hace tiempo abogamos por ellos, pero sus rendimientos no se pueden medir en este momento. Son ajustes «no paramétricos», en la jerga de los expertos. Por eso, los criticamos cuando el gobierno los ofreció como fruto del ineficaz diálogo multisectorial: «La peor de las conclusiones, sin embargo, es la completa inutilidad de lo acordado para procurar un convenio con el Fondo Monetario Internacional. Es difícil que el gobierno siquiera se atreva a presentarse con los planteamientos descritos y muchos de ellos ni siquiera son aptos para integrarlos a una propuesta de mayor alcance», manifestamos en nuestro editorial del 23 de noviembre. Así sucedió. Antes del inicio de las conversaciones con el FMI y seguramente después de consultas iniciales, la administración renunció a plantear las dos iniciativas, a las cuales el diálogo atribuía impactos del 0,60 del PIB.

En suma, estamos en libertad de sugerir las medidas que consideremos necesarias para lograr la estabilidad, pero el FMI no aceptará cortinas de humo, como varias emanadas del diálogo multisectorial. El país puede aumentar uno o varios impuestos, reducir gastos donde le parezca mejor, eliminar subsidios o aplicar ajustes estructurales. Nada es exigido por el FMI, salvo la viabilidad del resultado final. Los ejercicios de diálogo de los últimos meses, aunque infructuosos, tenían el propósito de ofrecer propuestas autóctonas para la conversación con el FMI.

La ley de empleo público, como las demás medidas planteadas por Costa Rica, no es una imposición del FMI y nadie la ha planteado de esa manera. Es, en cambio, un ajuste racional, aunque insuficiente, en el país que destina mayor porcentaje de ingresos al pago de salarios entre todos los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La erogación en remuneraciones, además, es incosteable: consume el 50 % de los ingresos corrientes, es decir, más del doble del promedio de la OCDE. También crea odiosas diferencias entre empleados públicos.

El gobierno obtendrá de la ley de empleo público cerca de la mitad del ajuste necesario para enderezar el rumbo de las finanzas públicas. Lo demás saldrá de impuestos y otras iniciativas, pero la necesidad de revisar el caótico sistema de remuneraciones estatales se hizo sentir mucho antes de la crisis actual y la decisión de acudir al FMI. El proyecto fue anunciado como complemento de la reforma fiscal del 2018 y entró en la corriente legislativa en abril del 2019. En mayo del 2020 el gobierno envió un nuevo texto, sin alegato alguno de hacerlo por exigencias externas, sino porque las finanzas públicas lo requieren.