El gobierno dio el paso al frente y mal haríamos si no lo reconociéramos. A la carta enviada el jueves a los diputados por el ministro de Hacienda, Elian Villegas, le falta precisión en varios aspectos, pero no en el compromiso de la administración con una pieza de legislación fundamental: la ley de empleo público.
La misiva supera las ambigüedades imperantes hasta ahora y declara el apoyo del gobierno a una reforma bien definida. La ley, dice el ministro, es fundamental para reducir el gasto en un 1,5 % del producto interno bruto (PIB) entre el 2021 y el 2022. No se trata, pues, de cualquier reforma, sino de un cambio sustancial y eficaz.
Para asegurar el impacto deseado sobre las finanzas públicas, es necesario ajustar el texto actual, dice Villegas, «en línea con las propuestas de la ministra de planificación, Pilar Garrido». La funcionaria aboga por la inclusión de los empleados actuales y no solo los futuros en el régimen de salario global establecido por la nueva ley. Además, critica la posibilidad del traslado inmediato al salario global de los funcionarios cuyos sueldos son inferiores a los de su escala y aboga por mantenerles los pluses mientras llegan, paulatinamente, al salario fijado para su categoría. La redacción actual del proyecto demandaría ¢32.000 millones anuales de gasto adicional.
La reforma, dice Garrido, debe respetar la aplicación de la regla fiscal, que congela los salarios mientras la deuda pública supere el 60 % del PIB. La redacción actual exigiría romper la regla para reconocer aumentos a los funcionarios con sueldos superiores a los establecidos para su categoría.
Con apego a esos lineamientos, además de la prohibición de las convenciones colectivas en la Administración Pública, los diputados pueden producir una ley capaz de eliminar el sistema de salario base más los incosteables pluses, distorsionadores del régimen salarial del Estado.
La claridad en este punto es fundamental, no obstante la falta de precisión en los demás. Con la definición de la reforma necesaria, el gobierno muestra su disposición a asumir el costo político y ofrece al Congreso cobertura para hacer lo correcto, que es también lo necesario. Es un gesto de valentía, como valientes han sido los diputados que presentaron mociones con la misma orientación durante las últimas semanas.
La carta anuncia la convocatoria del proyecto para hoy, con el fin de someterlo a discusión durante las sesiones extraordinarias. Ese avance despeja el camino para dar una consideración diferente a los empréstitos pendientes de aprobación, sobre todo los destinados a sustituir deuda cara por obligaciones más baratas o a evitar endeudamiento interno a tasas más elevadas.
La reforma delineada en la carta se dirige claramente a construir una propuesta para el Fondo Monetario Internacional (FMI) y despeja el camino a las otras medidas necesarias, hasta ahora conocidas en términos generales. Villegas ofreció, para esta semana, un proyecto destinado a eliminar exoneraciones equivalentes al 0,5 % del PIB y el posterior envío de una iniciativa para obligar a las empresas estatales a aportar otro 0,2 %.
El 0,8 % del PIB saldría de la recaudación, pero solo se conoce el origen de la cuarta parte, un 0,2 %. Esa suma se recaudará mediante tributos sobre los premios de la lotería y el establecimiento de la renta global. «El restante 0,6 % debe ser negociado con el FMI, pero principalmente con las señoras diputadas y los señores diputados», dice la carta. Ahora, corresponde al Congreso disponerse a negociar de buena fe para evitarle al país el sufrimiento de un colapso fiscal.
