La fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) suspendió la reunión que sostendría este lunes 18 de enero, a la 1:30 p. m., en la que fijaría posiciones sobre la reforma al empleo público.
Shirley Díaz, subjefa de bancada, indicó que la discusión se canceló “por razones de fuerza mayor que impidieron la asistencia de varios diputados”.
“Quedo pendiente de agenda”, agregó la legisladora, ante la consulta de cuándo fijaría una nueva fecha para discutir el proyecto.
Diputados socialcristianos, junto con el bloque fabricista, abogan por que el Gobierno consiga recursos para aumentarles el salario a unos 28.800 trabajadores públicos, a los que se les permitiría el traslado inmediato al sistema de salario global.
El salario global, que sería un monto único sin pluses, está contemplado en el proyecto tanto para actuales como futuros empleados. Sin embargo, un grupo de funcionarios actuales quedaría por debajo del sueldo establecido en el nuevo esquema.
Si esos trabajadores se trasladan de inmediato, el sueldo se les tendría que aumentar y, por ello, el pago del Estado en remuneraciones crecería en más de ¢32.000 millones anuales, según estima el Ministerio de Planificación.
Rodolfo Peña, jefe de bancada, anunció la semana anterior que este lunes se discutirían los tres grandes temas inquietan a los legisladores del PUSC: salario global, rectoría de empleo público y regulación en la negociación de convenciones colectivas en el sector público.
“Tendremos que conversar con los compañeros diputados para ver la decisión que tomemos, porque hay que escuchar todas las opiniones”, anunció Peña sobre el encuentro.
Sin embargo, a eso de las 10 a. m. de este lunes, la jefatura distribuyó el siguiente mensaje a sus congresistas: “Por motivos de fuerza mayor y en razón de la imposibilidad de asistencia de varios diputados y diputadas, se cancela la reunión de fracción programada para el día de hoy.
“En caso de ser necesario se podría convocar a una sesión extraordinaria en el transcurso de la semana”.
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Peña no respondió las consultas a su celular y Díaz tampoco amplió en su respuesta.
Por otra parte, la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) intenta definir una visión sobre los mismos temas de la reforma.
Durante la mañana de este lunes valoraron la rectoría de empleo público a la luz de lo dictado por el artículo 191 de la Constitución Política, manifestó el vocero verdiblanco, Luis Fernando Chacón.
Ese numeral dice que es el Estatuto del servicio civil el que regulará las relaciones entre el Estado y los servidores públicos, con el propósito de generar eficiencia en la administración.
Chacón explicó que se analiza si queda en poder de Mideplán emitir las políticas sobre la materia y su implementación le correspondería al Servicio Civil.
En cuanto al salario global solo se acordó que es necesario implementarlo en el Estado, agregó.
Este lunes, el presidente de la República, Carlos Alvarado, pidió a la Asamblea Legislativa aprobar la reforma al empleo público.
“Esta importante reforma, que cumple con estándares internacionales. Es clave para reducir el gasto público en lo venidero y hacer frente al faltante fiscal profundizado por la pandemia, e introducir mayor justicia e igualdad salarial entre servidores públicos que desempeñan funciones similares”, expuso el mandatario.