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Carlos Alvarado, presidente de la República, les pidió a los diputados este lunes aprobar la reforma al empleo público, al considerar que es necesaria “para poner orden en el gasto” del Estado.
“Quiero empezar esta semana solicitando respetuosamente a las y los señores diputados la aprobación del proyecto de empleo público”.
“Esta importante reforma, que cumple con estándares internacionales, es clave para reducir el gasto público en lo venidero y hacer frente al faltante fiscal profundizado por la pandemia, e introducir mayor justicia e igualdad salarial entre servidores públicos que desempeñan funciones similares”, expuso Alvarado.
“Debemos dar este paso necesario en el camino de la reforma del Estado y la búsqueda de la eficiencia pública por el beneficio de Costa Rica”, agregó.
El mandatario hizo el llamado el mismo día en que las fracciones de los partidos Liberación Nacional (PLN) y Unidad Social Cristiana (PUSC) debatirían internamente sus posiciones sobre el proyecto. No obstante, el PUSC canceló su reunión.
El corazón de la reforma es implementar un esquema de salario global para actuales y futuros funcionarios públicos, en el que se prescinda de los numerosos pluses que hoy distorsionan el sistema de remuneraciones en el Estado.
Si se implementa de forma gradual para los actuales trabajadores del Estado y se toma en cuenta la regla fiscal, el ahorro anual, durante las próximas cuatro décadas, podría alcanzar hasta el 1,1% del producto interno bruto (PIB), estima el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán).
En una publicación en redes sociales, el mandatario pidió la aprobación del proyecto que se encuentra dictaminado desde el 10 de noviembre del año 2020 y que, a partir de este martes 19 de enero, regresa a la comisión de Gobierno y Administración para la discusión de mociones de ajuste.
La reforma al Empleo Público es necesaria para poner orden en el gasto público. pic.twitter.com/h3WTaBJeKo
— Carlos Alvarado Quesada (@CarlosAlvQ) January 18, 2021
La reforma al empleo público es el principal componente de contención del gasto público que el Gobierno presentó en un plan de ajuste fiscal que negocia con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Desde aproximadamente las 10 a. m., los legisladores liberacionistas intentan ponerse de acuerdo en tres grandes temas que aún falta ajustar en la reforma: rectoría del empleo público, regulación de la negociación de convenciones colectivas en el Estado y el traslado al salario global de más de 28.000 trabajadores que ganarían menos del nuevo esquema.
Hasta la semana anterior, de acuerdo con el jefe de fracción Luis Fernando Chacón, se tenía la idea de que en la rectoría del empleo público participaran Mideplán, el Servicio Civil y la Autoridad Presupuestaria.
En convenciones colectivas, agregó, se permitirían en la función pública pero se prohibiría negociar temas de remuneraciones como aumentos salariales, pluses o nuevas contrataciones.
La duda, a esa fecha, persistía sobre si los 28.000 trabajadores emigran en poco tiempo al nuevo esquema, lo que generaría un incremento anual de más de ¢32.000 millones en el pago de salarios o si se trasladan gradualmente en unos 10 o 12 años.
Ese tránsito a través del tiempo se daría si se les permite a esos funcionarios seguir ganando su salario compuesto por una base más pluses, hasta que alcancen al nuevo régimen.
Chacón dijo el viernes que también se verían otro aspectos, como la intención de ampliar de 30 a 50 los días de vacaciones que, por año, dispone el personal técnico-docente y administrativo-docente del Ministerio de Educación Pública (MEP) y los permisos por paternidad.
Ambos temas están planteados en el texto dictaminado. Chacón considera que se deben eliminar.
