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La bancada de Liberación Nacional (PLN) pidió tiempo a los demás partidos para definir su posición sobre la reforma al empleo público, en temas como la implementación del salario global para actuales funcionarios, la rectoría de la materia y regulación de las convenciones colectivas.
Este lunes 18 de enero, los diputados liberacionistas se reunieron con la idea de buscar consensos en estos tres temas, pero al final del encuentro, al filo de las 3 p. m., no concretaron una visión como bancada.
La solicitud de más tiempo se la planteó el PLN a los jefes de otras bancadas.
Desde la semana anterior, los jefes habían acordado convocar la reforma al empleo público esta semana, para que pasara por el primero de dos periodos de discusión de mociones de ajuste al texto dictaminado desde el 10 de noviembre del 2020.
La gestión liberacionista impidió que, este lunes, se quemara en el plenario legislativo el primer día de mociones.
“He pedido ese oxígeno para que tengamos oportunidad (de avanzar en el análisis del proyecto). Los diputados del PLN quedamos abiertos en disponibilidad de reunirnos el martes, reunirnos miércoles, las veces que sean necesarias para seguir trabajando en la revisión”, expuso el verdiblanco.
Momento después, tras la solicitud verdiblanca, 38 legisladores aprobaron una moción de posposición que excluyó de la agenda el texto de empleo público.
Parte del ejercicio que aún le queda pendiente a la bancada del PLN, continuó Chacón, es agrupar en tres grandes temas más de 120 mociones de ajuste que acumula el expediente.
Chacón aseveró que si el proyecto se vuelve a convocar en el plenario el jueves 21 de enero, al siguiente día habilitaría una sesión extraordinaria en la comisión de Gobierno y Administración para iniciar la discusión por el fondo.
En lo que más avanzó el PLN en su encerrona, sin que ello signifique una posición consolidada, es en fortalecer las competencias del Servicio Civil como ente rector de la materia del empleo en el Estado, a la luz de lo dictado por el artículo 191 de la Constitución Política.
Ese numeral dice que el Estatuto del Servicio Civil “regulará las relaciones entre el Estado y los servidores públicos, con el propósito de garantizar la eficiencia de la administración”.
“Lo que más se analizó es que sí hay una voluntad mayoritaria que el rol de rectoría recaiga en el Servicio Civil y no trasladar esa función a Mideplán (Ministerio de Planificación). Más bien, se analiza ubicar a Mideplán dentro de esa rectoría para ver el rol que vaya a cumplir, que podría ir en función de las políticas públicas en materia de empleo”, expuso.
Si la rectoría recae en el Servicio Civil, la idea es que aplique para todo el sector público, incluidas universidades estatales, empresas públicas en competencia, los poderes Judicial y Legislativo y hasta las municipalidades, dijo Chacón.
“Precisamente, por eso se requiere de tiempo porque es un tema que engloba lo que la misma Contraloría nos dijo en audiencia: que la materia de empleo público debe estar bajo una misma sombra en todas las instituciones del Estado bajo el alero del artículo 191 constitucional”, agregó el vocero.
En materia de salario, tampoco se llegó a un acuerdo interno. Ahí lo que más se discutió fue la forma de traslado al esquema de salario global de 28.800 trabajadores que quedarían por debajo del futuro sueldo.
Si se hace de forma gradual, en unos 10 o 12 años, el PLN teme que los trabajadores presenten litigios legales en contra del Estado.
“Es un tema de justicia. Personas que tienen historial y experiencia en un mismo puesto estarían recibiendo menos salarios que una persona nueva”, expuso el verdiblanco David Gourzong.
En regulación de convenciones colectivas, tampoco hubo acuerdos.
Sin embargo, Chacón aseveró que, a lo interno de la bancada, hay conciencia en que se deben establecer prohibiciones en negociaciones relacionadas con pluses, aumentos salariales o nuevas contrataciones.
El vocero del PLN cree que el tiempo solicitado para ampliar el análisis no atrasaría el proyecto.
“No, para nada. Es un proyecto que va a salir cuando tenga que salir. Lo importante es que salga estructurado y bien completo”, finalizó.
Este lunes, el presidente de la República, Carlos Alvarado, urgió a la Asamblea Legislativa aprobar la reforma la iniciativa, al considerar que es necesaria “para poner orden en el gasto” del Estado.
El mandatario aseveró que el plan cumple con estándares internacionales y “es clave para reducir el gasto público en lo venidero y hacer frente al faltante fiscal profundizado por la pandemia”.
Agregó que introduciría “mayor justicia e igualdad salarial entre servidores públicos que desempeñan funciones similares”, aseveró.
Por su parte, la bancada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) suspendió la reunión que sostendría este lunes para discutir el tema.
La subjefa de bancada, Shirley Díaz, indicó que la discusión se canceló “por razones de fuerza mayor que impidieron la asistencia de varios diputados”.
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